Encontrar profesionales para ocupar altos cargos en el gabinete de gobierno fue una de las dificultades que el gobierno de Bernardo Arévalo enfrentó durante el período de transición entre la victoria electoral y la toma de posesión. Dificultad que se agudizó con una actitud sobrada y cerrada, que en ocasiones rayó en la arrogancia, llegando, incluso, a menospreciar valiosas ofertas y propuestas de apoyo. Esto generó innecesarias expresiones de molestia.
Durante los primeros meses, también se registraron en algunas entidades del Ejecutivo despidos innecesarios e injustificados, completamente desvinculados del esfuerzo anticorrupción. Algunos ministerios de Estado perdieron a valiosos técnicos de carrera que, ahora, frente a las dificultades para ejecutar el presupuesto y alcanzar resultados, se han vuelto indispensables para el Gobierno, evidenciando el error de haberlos menospreciado y desechado injustamente.
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No tardaron en producirse las consecuencias de la dificultad para nombrar en los despachos ministeriales cuadros técnicos con experiencia y conocimiento para transitar en los laberintos de la política gubernamental. No había tomado posesión el presidente Arévalo cuando operó su primer cambio, la persona que había designado como ministra de Energía y Minas. Le siguieron las destituciones tempranas de las ministras de Ambiente y Recursos Naturales, y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. La lista de destituciones y renuncias fue creciendo.
La más reciente adición a esta lista es Félix Alvarado, a quien el viernes pasado el presidente Arévalo le aceptó su renuncia al cargo de ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con lo cual se produce el segundo cambio en esa cartera. No habían pasado dos días, cuando, el domingo pasado, el MP allanó dos viviendas vinculadas con el exministro Alvarado, secuestrando documentación, como parte de las diligencias de un caso en reserva, pero, al parecer, vinculado con una investigación de delitos de lavado de dinero.
Esta situación evidencia lo que, al parecer, está siendo y será la constante para los actuales funcionarios de la administración Arévalo: la persecución penal a manos de Consuelo Porras y la pandilla que mantiene capturado el MP. Esta amenaza se ve agudizada con el envalentonamiento que les alienta la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Si con ello se sienten con la capacidad de volver a encarcelar al periodista José Rubén Zamora, capturar y perseguir penalmente a los exfuncionarios de Arévalo parece fácil.
Además de la evidente violación de derechos y garantías de más personas perseguidas por el MP de Porras, seguramente ya siembra temor en el funcionariado de Arévalo. Y, quizá peor, mucho más temor en quienes podrían ser cuadros para ocupar cargos ministeriales, viceministeriales, secretarías o subsecretarías de Estado, tornándolos aún más reacios a asumir responsabilidades de gobierno, por el alto riesgo de terminar siendo perseguidos penalmente, como hoy lo es Félix Alvarado.
Conforme se acerque el cambio de gobierno en Estados Unidos, es previsible que las tensiones y los desafíos que enfrenta el presidente Arévalo y su administración continúen creciendo y acumulándose. Incorporar al gabinete de gobierno cuadros técnicamente preparados y honestos, con conocimiento y experiencia, que enfrenten con valentía el riesgo de terminar su gestión perseguidos penalmente, seguramente es de los desafíos que se agudizarán más y más.
Claramente el período fácil, la luna de miel de la victoria electoral y la bonanza para el gobierno de Arévalo ya terminó. El espacio para tolerar errores y arrogancia se cierra, y la sobrevivencia en el poder depende de la autocrítica, la humildad y la sabiduría de los estadistas. Y como se decía, esto apenas empieza.
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