¿A cuánto ascienden los ingresos mensuales de las y los gerentes de entidades comerciales, industriales y financieras? ¿Los de sus similares en empresas multinacionales y en organismos internacionales? Seguramente, son competitivos y acordes con la responsabilidad que conllevan, así como de los resultados que deben generar.
Dichas interrogantes y sus respuestas no suelen aparecer en medios periodísticos ni en redes sociales. En cambio, cuando se alude a quienes desempeñan cargos en la administración pública, uno de los primeros factores de atención es el sueldo.
Vale resaltar que, sin distinción entre los aparatos estatal y privado, toda aspiración humana apunta a ganar lo más posible, y para el efecto, una formación que potencie conocimientos, destrezas y capacidades técnico-profesionales se constituye en sólido pilar para desenvolverse con eficiencia y efectividad. En la administración pública, dominar sus procesos es fundamental.
Por lo general, en el Estado se devenga menos que en la iniciativa privada. Las excepciones se cuentan con los dedos de las manos, y sobran algunos. En una y otra esfera se debe rendir al más alto nivel. Si en la segunda pensamos en la productividad, en la primera su símil es el funcionamiento. Y debe mencionarse que ambas instancias tienen íntimas relaciones: comerciales y políticas, por ejemplo; es decir, no están aisladas.
Guatemala se mueve desde la gestión pública, pues administra la emisión de leyes y reglamentos, la justicia y el amplio ordenamiento sobre el que, desde lo privado, se desarrolla la variedad de empresas dedicadas a ofrecer bienes y servicios.
Obviamente, el ojo ciudadano o auditoría social debe estar sobre el ejercicio en cada puesto o cargo público, ya que manejan los recursos del pueblo. La transparencia debe ser una exigencia y práctica permanentes. Pero centrarse en el sueldo de, por ejemplo, ministros/as, directores/ras o jefes/as de instituciones estatales no es la mejor ruta fiscalizadora ni cívica.
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Es oportuno indicar que una atribución directiva en el andamiaje estatal implica largas jornadas laborales, para las cuales, no hay pago por horas extras. Se toman decisiones con las que no se congenia con todos y, es muy común que los disgustados acudan al rumor y la desinformación para esparcir mentiras con el objetivo de dañar la reputación de quien no se plegó a lo que buscaban.
Me enfoco en los casos en que la función pública se ejerce con honestidad y honradez, no en los que se nutren de la corrupción y para cuyos actores, por cierto, el sueldo es lo de menos. En ese sentido, lo ideal es una retribución competitiva en las esferas gubernamentales y que en la misma línea se propicien condiciones para que en ellas trabajen personas idóneas.
Limitarse o priorizar los supuestos de altos sueldos en la administración pública es tan irrelevante como entusiasmarse con el demagógico anuncio de reducirlos al mínimo que formularon los alcaldes recién estrenados, quienes de entrada pretenden dormir al sueño.
Un Estado eficaz pasa por un combate frontal a la corrupción y sueldos sintonizados con la eficiencia, la probidad y la responsabilidad de sus equipos directivos, si no, por ejemplo, ¿un/a profesional muy bien calificado/a por qué optaría?, ¿por un ministerio o una gerencia general?
Y en el contexto descrito debe señalarse que los controles no deben quedar centrados en el aparato estatal, pues en las andanzas corruptas no solo se involucran piezas del sector público, sino que también son protagonistas personas ajenas a este.
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