Las últimas jornadas en el Congreso han sido especialmente controversiales e irritantes para la opinión pública. Pese a la narrativa del oficialismo que pregona grandes parabienes sociales y económicos, la brecha con las percepciones y las opiniones ciudadanas es abismal: el enojo popular se propaga y crece.
Es verdad que la Ley de Competencia es un paso adelante, quizá insuficiente para lo que se necesita, pero es necesaria. Sin embargo, este éxito se vio severamente opacado porque quedó muy claro que fue una transacción parlamentaria siguiendo las prácticas del pasado que se suponía debían cesar. Esto porque, casi simultáneamente, se aprobó una nueva ley de privilegios fiscales nocivos y abusivos para el sector ganadero y agropecuario, incluyendo un artículo que prácticamente convierte a Guatemala en una suerte de emporio del lavado de dinero. Me temo que el balance entre una Ley de Competencia, necesaria, pero insuficiente, a cambio de una nueva ley ganadera fiscalmente nociva y facilitadora del lavado de dinero, es negativo para Guatemala.
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Es justo decir y reconocer que no todo en el presupuesto aprobado para 2025 es malo, ya que contiene aspectos muy positivos como la alta prioridad para el gasto social y la inversión pública en infraestructura. Pero, de nuevo, estos aspectos positivos han sido opacados, si no eclipsados, por disposiciones espurias y errores técnicos, la mayoría introducidos por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República, que plagan la versión dictaminada y aprobada del decreto. Se retrocede a incluir sendos listados de organizaciones no gubernamentales (ONG) que, escondidas entre muchas legítimas y merecedoras del apoyo financiero, figuran agazapadas las vinculadas a diputados distritales, una práctica muy asociada a Manuel Baldizón y que todos quisiéramos relegar al pasado como un mal recuerdo.
Pero lo más notorio de las alteraciones introducidas por la CFPM fue el aporte extraordinario de Q5,012 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). Este monto, sumado a los aportes ordinarios y el aporte extraordinario incluido en la ampliación al presupuesto para 2024, que ya no se ejecutará, suman más de Q12,000 millones. Además, especifica una distribución por municipio que replica los defectos y la cuestionable falta de respaldo o justificación técnica que mancharon la ampliación al presupuesto de 2024 aprobada en agosto pasado. Curiosamente, Jutiapa, de donde es oriundo el diputado Aguirre, resulta ser el más beneficiado en esta danza de los millones…
Además, para facilitar el traslado a 2025 de los recursos asignados, pero no ejecutados en 2024 por los Codede, el Congreso modificó la Ley Orgánica del Presupuesto, debilitando los controles sobre la ejecución presupuestaria. ¿Se justifica modificar una ley orgánica para corregir el error de haber asignado el aporte extraordinario a los Codede en la ampliación presupuestaria de 2024, en lugar de incluirlo en el presupuesto de 2025, como debió hacerse desde el principio, a pesar de las advertencias de centros de pensamiento como el Icefi? La lista continúa, como la disposición que debilita las facultades y la rectoría de la Segeplan para supervisar la inversión pública.
Privilegios fiscales dañinos y abusivos, controles presupuestarios debilitados, miles de millones de quetzales para Codedes y ONG cuestionables y el pérfido aumento salarial que se autorecetaron los diputados. Todo un aquelarre fiscal celebrado con mezcal.
El diputado Aguirre ha dicho que las botellas que regaló para celebrar todo esto le costaron entre Q29,150 y Q48,000. ¿Cuál será el costo económico y social para Guatemala de la legislación que se ha aprobado?
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