Comedores Sociales: una herramienta para combatir el hambre es utilizada con fines electorales

Los Comedores Sociales fueron creados hace 15 años con la justificación de ser una herramienta para paliar el hambre  de  poblaciones que padecen pobreza y pobreza extrema y, dada su condición, no pueden comprar alimentos básicos, pero desde su creación han sido utilizados con fines electorales. 

En el gobierno de Alejandro Giammattei, el presupuesto asignado para los comedores fue el más alto en la historia. Llegaron a tener 79 sedes en las que repartieron 47,400 raciones de alimentos por día, pero el 68% de las instalaciones no estaban en los municipios priorizados por los niveles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional. 

Municipios como San Miguel Tucurú y Santa Catalina La Tinta, del departamento de Alta Verapaz, en donde el 65% de la población vive en extrema pobreza, no fueron considerados para instalar un comedor.  

La Contraloría General de Cuentas (CGC) identificó una «deficiente gestión en la ejecución del programa Comedor Social» del uno de enero al 31 de diciembre de 2022. Los auditores reportaron que 46 comedores no cumplieron con el objetivo y los lineamientos del manual operativo, que indican que deben instalarse en municipios con indicadores de desnutrición «alta» y «muy alta» de acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional (Ivisan) de 2012. 

El Mides solo usó esos datos para 25 de los 79 comedores que tenía en 2022. Los demás estaban ubicados en zonas en donde la cantidad de personas afectadas por la pobreza extrema era «media» o «baja». 

Lo que los auditores dejaron en evidencia es que el Mides usó un mecanismo que no es técnico para aprobar comedores. Suscribió «convenios de cooperación interinstitucional con alcaldes» en lugar de priorizar la ubicación por los índices de pobreza y desnutrición. 

[embedpzp1]

Una persona que ocupó un puesto de dirección en el Mides, que pidió no ser identificada, contó a Plaza Pública que en la gestión del exministro Raúl Romero se inauguraron comedores a pedido de los alcaldes que manifestaron apoyo al gobierno y al partido político de Giammattei.

Un programa importante para combatir el hambre

En 2022 saltaron las alertas porque aumentó el costo de la canasta básica, en especial de los granos como el maíz, que es vital para la alimentación de las familias rurales. Disminuyeron las fuentes de empleo en el campo, lo que hizo más difícil comprar comida. La medición de inseguridad alimentaria de 2022, realizada por el gobierno con apoyo internacional, indicaba que 4.6 millones de personas estarían en crisis o emergencia por no poder proveerse los alimentos necesarios para vivir. Aquel pronóstico establecía que el periodo crítico abarcaría de junio a septiembre. 

[relacionadapzp1]

La administración de Giammattei preveía atender el hambre estacional de 2022 a través de seis instituciones: Ministerios de Salud, Educación, Agricultura, Desarrollo Social y las secretarías de Obras Sociales de la Esposa del presidente y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) le correspondía erogar 588.1 millones de quetzales en dotación de bolsas con alimentos, transferencias monetarias y el reparto de comida, a través de los comedores, pero la ayuda no llegó a los municipios en donde las familias estaban en condiciones más críticas. 

Durante los tres años del gobierno de Giammattei, el presupuesto del Mides para los comedores sociales se multiplicó en varias ocasiones. Empezó en 2020 con 32.1 millones y, en 2022, llegó al pico histórico de 216.8 millones de quetzales. Esta es la primera vez en 15 años de existencia del programa que le asignan tantos recursos a la distribución de alimentos preparados. 

[embedpzp2]

El manual de operaciones de los comedores indica que fueron creados para suministrar alimentos «a la población en situación de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional…». El Mides cuenta con herramientas e instrumentos para identificar en dónde está esa población. 

Uno de estos es el Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional (Ivisan) que data de 2012. En aquella fecha, había 89 localidades en donde la población tenía un riesgo «muy alto» de no poder proveerse alimentos suficientes y nutritivos. Y tenía otros 83 con riesgo «alto».  

La clasificación es antigua, pero toma en cuenta la prevalencia de desnutrición aguda mayor al 5% en niñas y niños de menos de cinco años. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional identificó en 2022 que había poblaciones en 14 departamentos que requerían acciones urgentes para paliar el hambre. En la lista de departamentos con menos posibilidades de superar la crisis alimentaria estaban Alta Verapaz, Chiquimula, Quiché y Totonicapán. 

[frasepzp1]

El gobierno no abrió ningún comedor en Quiché y, en los demás departamentos donde residen casi dos millones de personas, de las cuales casi la mitad vive en pobreza extrema, solo hay seis comedores.

El Mides, bajo la administración de Raúl Romero, ignoró los indicadores de pobreza y desnutrición cuando aprobó más de la mitad de los 79 comedores sociales de 2022. La Contraloría General de Cuentas señaló que 46 de los comedores no fueron ubicados en municipios en donde está la mayoría que no tiene empleo ni fuentes de ingreso que les permita comprar alimentos.  

En 2020, el Mides empezó a incrementar el número de comedores a nivel nacional. Abrió ocho sedes en cabeceras municipales. Los primeros dos fueron ubicados en El Jícaro, El Progreso y Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Miguel Martínez, quien entonces fungía como jefe del Centro de Gobierno y es originario de Santa Lucía Cotzumalguapa, fue el encargado de cortar la cinta de apertura. 

En El Jícaro, hay 20.5% de población en extrema necesidad y, en Santa Lucía Cotzumalguapa, el porcentaje aumenta a 24.2% de las personas.  Aunque estos habitantes requieren asistencia, los dos municipios no están catalogados con «alta» y «muy alta» vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. 

Jocotán, municipio de Chiquimula y Cobán, en Alta Verapaz, tienen al 71.5% y 74.6% de su población en pobreza extrema, pero el gobierno abrió comedores en estos lugares hasta enero de 2022 y febrero de 2023, respectivamente. Aunque en estos dos lugares hay más personas necesitadas, repartió la misma cantidad de raciones que en los que tienen menos población con dificultades para comprar alimentos. 

De acuerdo con el censo de 2018, el 60.9% de la población del país vive con privaciones que le impiden tener una vida digna, entre ellos se incluye el acceso a educación y empleo. El 29.8% de los habitantes tienen todas las carencias posibles, por lo que no pueden adquirir alimentos. 
Los comedores sociales podrían atender a ese segmento de la población, pero el programa tiene tres complejidades: por decisión de las autoridades de turno no llega a los municipios con más población vulnerable. 

Las sedes están ubicadas en áreas urbanas, lejos de las aldeas y caseríos más recónditos, sin acceso a carreteras y en donde están las personas más afectadas por la pérdida de cosechas, la falta de empleo y, por ende, acceso a los alimentos. 
En todas las instalaciones sirven la misma cantidad de comida –250 desayunos y 350 almuerzos— aunque, como los datos lo indican, en algunos lugares hay más población vulnerable.

Aparte del programa de Comedores Sociales, el Mides reparte bolsas de alimentos que contienen maíz o harina de maíz, frijol, atol, aceite y arroz, entre otros, pero estas raciones no contienen todos los nutrientes que requiere una persona. En cambio, en los comedores distribuyen desayunos y almuerzos que sí contienen todos los elementos básicos nutricionales: carne, huevos, frutas, verduras, cereales. 

En 2021, el Mides abrió 34 comedores más, pero solo ocho estaban en donde la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional era alta o muy alta. En 2022, inauguraron 19 comedores más y, en el primer trimestre de 2023, abrieron cinco. Solo 10 de estas instalaciones están en donde la mayoría de la población no tiene acceso a los recursos para alimentarse bien.

[embedpzp3]

[embedpzp4]

El Mides no atendió el pedido de entrevista que hizo Plaza Pública, por lo que ninguna autoridad explicó los criterios que usaron para administrar el programa de los Comedores Sociales en los últimos tres años. 

Raúl Romero renunció a dirigir el Mides en octubre de 2022, en preparación de su candidatura como diputado al Parlamento Centroamericano con el partido Vamos. 

El presidente Giammattei nombró ministro a Héctor Melvyn Caná Rivera, un exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que conoce cómo funciona el Mides pues, desde 2020, ocupó dos viceministerios clave. El de Política, Planificación y Evaluación y luego el de Protección Social, que está a cargo de todos los programas sociales del ministerio. 

El proyecto político de Vamos se financió con fondos públicos

Miguel Martínez, mano derecha de Giammattei desde la campaña política de 2019 y exdirector del Centro de Gobierno, fue la pieza clave de la campaña preelectoral del partido Vamos.

Antes de confirmar a Manuel Conde como candidato a presidente, se plantearon la meta de que 200 alcaldes se unieran al partido para buscar la reelección. El éxito electoral se mide por la cantidad de votos que un partido suma para las diputaciones y el binomio presidencial. Eso solo se consigue con el trabajo en las comunidades que realizan los liderazgos locales. 

El gobierno puso a disposición de los jefes ediles suficientes aportes financieros para promover su imagen y la del partido. El presupuesto de los Consejos de Desarrollo pasó de 2,589 millones en 2020 a 3,392 en 2023. Estos fondos son asignados por el Organismo Ejecutivo. Los departamentos con mayores asignaciones son Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz y Quiché, que tienen más población y, por ende, mayor número de empadronados.

Aunque las obras son importantes para las comunidades, el propósito del gobierno ha sido electoral. En 2022, el Congreso autorizó que los Consejos de Desarrollo utilizaran los fondos no ejecutados en 2023, en lugar de devolverlos a la cuenta del Tesoro en el Banco de Guatemala. 

El Congreso también aprobó una escandalosa asignación de 5,690 millones de quetzales para que el Ministerio de Comunicaciones realice mantenimiento de infraestructura dañada e invierta una pequeña porción para obras nuevas. Y autorizó una ampliación de 339.9 millones al Ministerio de Trabajo, a inicios de año, para añadir a 65,000 personas de la tercera edad a la lista de receptores de un aporte de 500 quetzales mensuales. Antes de esto, el programa ya atendía a 145,000 personas. 

El aumento en el presupuesto para los comedores, como lo indican los datos y lo confirmó la CGC, también se sumó al proyecto electoral del partido de gobierno con los fondos públicos. 

[frasepzp2]

Todos estos proyectos fueron usados para convencer u obligar a los alcaldes a sumarse al partido Vamos. La meta era inscribir a 200 ediles, y aunque Miguel Martínez no llegó a esa cifra, se le acercó. 

Los registros del Tribunal Supremo Electoral indican que 169 alcaldes se sumaron a Vamos. Dejaron a los comités cívicos y partidos como la UNE, Todos, Valor, Creo, entre otros, con los que fueron electos en 2019 para sumarse al partido oficial. 
Las estadísticas electorales indican que menos del 30% de alcaldes se reeligen, pero este gobierno quiere romper con esa tendencia. 

Jorge Antonio Orellana Pinto, alcalde de Guastatoya, El Progreso, que se perfilaba como opositor al gobierno, cambió de bando político y justificó su decisión en la tarima de la asamblea de proclamación del binomio presidencial el 7 de enero.
«¿Y por qué nos cambiamos de camisola? (en referencia al partido con el que correrá por la reelección) Porque nunca en la historia de un país un gobierno había apoyado tanto al municipalismo».

Los gobiernos municipales dependen de los fondos que el gobierno central aprueba para la ejecución de obras, a través de los Consejos de Desarrollo y los ministerios. Con los presupuestos locales, el alcalde no puede realizar obras de infraestructura millonarias a menos que se endeude.

Los candidatos del partido Vamos aprovecharon la inversión pública para promocionarse. Shirley Rivera, quien ocupa la presidencia del Congreso desde 2022, estuvo presente en la inauguración del comedor de Villa Nueva, un municipio con el que tiene una conexión más allá de lo político, pues se le asocia sentimentalmente al alcalde Javier Gramajo.  También asistió a la apertura del comedor en Lo de Carranza, en San Juan Sacatepéquez. La auditoría de la CGC señaló que este último tampoco cumple con la justificación técnica para funcionar. 

Leopoldo Salazar, diputado por Alta Verapaz, electo por el partido Valor, de Zury Ríos, ahora busca la reelección con Vamos, el partido de gobierno. Actualmente integra la junta directiva del Congreso como quinto secretario y, en 2022, asistió a la entrega de alimentos para las familias que perdieron sus cosechas por inundaciones en Panzós, Alta Verapaz, y a la inauguración del comedor social en Telemán, aldea de Panzós a finales de año. 

Manuel Conde, el candidato presidencial, no inició su campaña como todos los demás, el 27 de marzo de 2023, sino que aprovechó la inauguración de obras de infraestructura para promover su imagen y pedir el voto.

El presidente Giammattei le hizo un espacio en varias de sus giras en 2022 y le permitió dar discursos en los que señalaba que las ayudas eran posibles debido al trabajo de los diputados del partido oficial. El mensaje de campaña de Manuel Conde es convencer al electorado de apoyar la continuidad del partido de gobierno, un intento que realizan los partidos que han gobernado y que ninguno ha logrado. 

Una multa para los funcionarios del Mides

Como resultado de la auditoría de la CGC, siete funcionarios del Mides fueron sancionados con multas que van de los 1,750 a los 5,000 quetzales. La institución no presentó una denuncia penal porque consideró que solamente «cometieron una falta administrativa». 

Al exministro Romero le corresponde pagar 4,375 quetzales. A Melvyn Caná, un pago de 3,193 quetzales. También fueron sancionadas con multas similares, o menores Julisa Mercedes González Samayoa y Karla María Melgar Urquía, encargadas del control de alimentos; Luisa Fernanda Calderón Aguilar, subdirectora de Comedores; Carlos Miguel Torres Sique, director de prevención social y Lesbia Magalý Antonia Duarte Martínez, quien sustituyó a Caná como viceministra de Protección Social. 

Los siete funcionarios deben pagar un total de 23,261.50 quetzales por incumplir con las normativas del programa social. Los funcionarios trataron de desvanecer los hallazgos de los auditores con el argumento de que no tenían obligación de cumplir con los cuatro criterios establecidos en el manual operativo del programa sino solo con «alguno» de ellos. 

[relacionadapzp2]

El manual operativo indica que los comedores deben priorizar los municipios con alta  vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional, los poblados con prevalencia de desnutrición aguda mayor al 5% en niños y niñas menores de cinco años y de acuerdo a los planes y objetivos de gobierno y de convenios interinstitucionales, en atención a poblaciones en pobreza y pobreza extrema. 

Lo que las autoridades del Mides tomaron en cuenta fue que la ubicación física de las sedes estuviera cercana a «centros hospitalarios, estaciones de buses, guarderías, centros educativos, y en caso de emergencia o crisis en centros de atención o albergues habilitados». 

El argumento no fue válido para los auditores. El reporte de la CGC dice que los funcionarios incumplieron con su responsabilidad. En la cadena jerárquica, las primeras en fallar fueron las encargadas de control de alimentos y la subdirectora de comedores, porque avalaron los dictámenes técnicos sobre viabilidad de abrir nuevas sedes; el director de prevención social, por no verificar que los usuarios del programa llenaran los criterios establecidos en el manual operativo (alta o muy alta vulnerabilidad), hasta llegar al viceministro de Protección Social y el titular del Mides. 

Otras fallas del programa

El reporte de la CGC no habla de otras fallas del programa. Los diputados Cristian Álvarez y Aldo Dávila se embarcaron en la fiscalización de los comedores en 2021 y 2022 y señalaron otras deficiencias.

Álvarez se enfocó en el precio de los platos, que podía variar hasta llegar a los 23 quetzales por ración servida. Visitó el comedor ubicado en Fegua, la antigua instalación del ferrocarril en la zona 1 de la capital, pero descubrió que los beneficiados eran en su mayoría «indigentes».  A su criterio, ese sector de la población no es el objetivo central de los programas sociales. 

Otro detalle que identificó es que la comida era recibida sin ser pesada, por lo que no había certeza de que la empresa contratada estuviera entregando la cantidad pactada. Tampoco daban tickets que sirvieran de respaldo para asegurar la salida de los alimentos. 

El gobierno usa un sistema de control biométrico para registrar a los beneficiarios en cada tiempo de comida, pero en ocasiones falla y tampoco sirve para determinar cuál fue el beneficio a mediano o largo plazo para quienes recibieron la ayuda, pues no hay seguimiento de cada caso. 
Dávila confirmó en una citación, a mediados de 2022, que los comedores del gobierno de Giammattei surgían a pedido de los alcaldes. Lo que no se supo en aquella cita es que esta era la estrategia electoral de un gobierno que quiere asegurar su permanencia en el poder. 

Lejos de convertir los programas en un instrumento contra la pobreza y la desnutrición, los programas sociales funcionan a criterio de las autoridades de turno. Sin justificación alguna, en 2023 dejaron de funcionar los comedores ubicados en la cabecera municipal de Zacapa, el de San Juan Chamelco en Alta Verapaz y el de San Miguel Sigüilá en Quetzaltenango, que tienen indicadores altos de personas que viven en condiciones de pobreza, sin acceso a ingresos suficientes para proveerse alimentación adecuada.

En 2023, funcionan 72 comedores, siete menos que en 2022. El presupuesto para el programa es de 141.1 millones, es decir 35% menos que el año anterior. El Mides respondió algunas preguntas por escrito y dijo que harían los ajustes para incrementar la asignación de fondos para el reparto de alimentos. Dos semanas antes de las Elecciones Generales del 25 de junio, el presupuesto seguía sin cambios.

A falta de criterios técnicos, lo único cierto para este programa es que todo puede cambiar y que miles de personas que han tenido el beneficio lo pueden perder si así lo decide el gobierno.