En la situación actual parece difícil ponerles atención a las discusiones y al análisis sobre aprobar o no aprobar el presupuesto para el próximo año. Sin embargo, el año pasado quedó demostrado que, contrario a la percepción usual, para el ciudadano de a pie el presupuesto sí es un tema importante: los recursos públicos deben destinarse para atender las necesidades reales y sentidas de la población, no para la corrupción.
Las protestas ciudadanas que estallaron el 21 de noviembre de 2020 y la forma violenta en que fueron reprimidas por el Gobierno son prueba fehaciente de que la ciudadanía guatemalteca no puede confiar en que esta vez la alianza oficialista en el Congreso hará lo correcto. La desconfianza contra el presidente Giammattei y la mayoría de su gabinete, así como contra la alianza oficialista en el Congreso de la República, es tan intensa que hace un año el tema del presupuesto fue un detonante que aun en plena pandemia sacó a las calles a protestar a la gente, que está verdaderamente harta de tanto abuso y de tanta corrupción.
La situación no ha mejorado hoy. De hecho, ha empeorado. Conforme pasa el tiempo, más y más escándalos se acumulan y el presidente Giammattei acumula más y más desatinos y torpezas, como el de mostrarse públicamente aplicando vacunas o el de responder un audio explicando la razón por la cual ha perdido peso y los trajes le quedan flojos. Semejantes trivialidades solo aderezan sus derrotas políticas cada vez más frecuentes, como el rechazo del Congreso a su primera propuesta de estado de calamidad pública o la pérdida de aliados en algunas bancadas del Congreso, sobre todo de partidos de la derecha o de grupos de empresarios molestos porque el presidente tuvo que ceder y restringir la movilidad.
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La debacle de Giammattei en términos de rechazo y de pérdida de popularidad hace que el punto de partida de la ciudadanía sea una desconfianza extrema contra el proyecto de presupuesto para 2022 que el Ejecutivo presentó al Congreso la semana pasada. Sin embargo, la situación es lamentablemente muy compleja, muy cercana a un dilema. Si, como ocurrió el año pasado, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso volviera a introducir disposiciones abusivas y bolsones de corrupción en un proyecto de presupuesto con un techo global de 104 millardos de quetzales, protestar para rechazarlo tendría como consecuencia aplicar de nuevo la literal b del artículo 171 de la Constitución Política de la República, en cuyo caso quedaría vigente en 2022 el presupuesto actual, con un techo global de 107.5 millardos, que originalmente fue aprobado para 2019, ampliado significativamente en 2020 y en ejecución en este 2021. Así, ¿qué sería peor: aprobar el presupuesto nuevo o volver a quedarnos con el actual?
Por supuesto, técnicamente siempre es mejor aprobar un presupuesto nuevo, diseñado para adaptarse a las realidades de cada año. Pero eso no quiere decir aprobar cualquier presupuesto. Así, la cuestión del presupuesto para 2022 es complicada, pues, en el mejor de los casos, lo que tocará no es promover la aprobación de la mejor propuesta, sino forzar a quedarnos con la menos dañina de dos malas.
Como ciudadanía, no debemos dejarles hacer con facilidad. Debemos cumplir nuestro deber de interesarnos en el tema y de plantearle al Congreso, ojalá con el apoyo del grupo minoritario de diputados con cuotas de decencia y de honradez, propuestas para rescatar el presupuesto para 2022 en las cuales se les exija corregir sus prioridades y suprimir los bolsones de corrupción, además de toda disposición que facilite abusos.
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