Dejemos algo claro: la problemática migratoria nos trasciende. Se trata de un asunto regional en el que hay intereses económicos, políticos y de seguridad para los Estados Unidos, para México y también para Centroamérica en lo inmediato. De esa cuenta, la discusión del nuevo código de migración (proyecto de decreto 5121) expresa la tensión entre un instrumento jurídico orientado a la protección de los derechos humanos y la contención y el control de las personas que transitan en su mayoría hacia los Estados Unidos.
En ese contexto surgió la propuesta del diputado Fernando Linares Beltranena, acuerpada por otros legisladores, en la que básicamente se propone adicionar un párrafo a la norma:
Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país ni en actividades que alteren el orden público. Es facultad del Instituto Guatemalteco de Migración pedirle al Ministerio de Gobernación la expulsión inmediata del territorio nacional del extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente por violación de esta norma, sin perjuicio de las facultades que la ley le otorga a dicho ministerio.
Por palabras del diputado Linares se sabe que el párrafo fue tomado de la norma que regula la migración en México. Y en líneas generales parece razonable que un Estado ponga límites a las actividades de personas que puedan representar intereses ajenos a los nacionales.
El problema en este caso es que la protesta social que tanto preocupa al diputado Linares es con frecuencia una expresión de rechazo a la injerencia extranjera en el territorio, un rechazo al uso irracional y a la contaminación del agua y, de paso, una reacción a los conflictos construidos en el ámbito comunitario precisamente para dividir y legitimar proyectos que la mayoría de las personas rechaza. De esa cuenta, parece que las mujeres canchitas que tanto preocupan a quienes suscribieron ese párrafo les impiden a estos ver los miles de personas que están detrás y los problemas concretos que no se resolverán con normas inaplicables.
Para terminar de indignarnos, la propuesta de enmienda es tan inútil como la norma que trató de imponer el uso de chalecos numerados a los motoristas o la ley antitúmulos, que también tenía dedicatoria especial para quienes tomaran efímeramente el territorio en señal de protesta. Del mismo modo, la interpretación del texto puede servir para arbitrariedades sin importar que el gobierno sea de derechas o de izquierdas.
De manera que este enésimo llamado al Congreso es para que se enfoque en los problemas de verdad, como la protección del ambiente y del agua, el ordenamiento del territorio o una reforma fiscal que incorpore la transparencia y la calidad en el gasto. Y a usted, que ha esperado en el tráfico mientras ocurre una protesta, le pido un poco de empatía por una razón: a través de la historia, los grandes cambios para proteger a la gente más vulnerable han ocurrido gracias a la protesta social, y los derechos que usted disfruta, incluyendo la locomoción, provienen de gente que salió a la calle a pelearlos.
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