Cinco años de agonía

Las cortes nacionales han mostrado ser, en este caso, la peor rémora que en la búsqueda de justicia pueda enfrentar cualquier persona. Al dolor que representa la desaparición de su hija, los padres de Cristina han tenido que sumar el brazo de la impunidad y la corrupción. La familia Barreda de León consiguió que un tribunal de familia prohibiera en julio de 2011 que los abuelos maternos se acercaran a los hijos de Cristina. Así lograron iniciar el cerco que culminó con la fuga del agresor, Roberto Barreda de León, quien logró documentos falsos con registro auténtico en Migración para huir del país y secuestrar a sus hijos.

Durante más de dos años permaneció en el sur de México, disfrutando del apoyo que desde Guatemala enviaban familiares y amistades. Los mismos que lo ayudaron a destruir la escena del crimen, en su casa de habitación, así como a deshacerse de la evidencia: el cuerpo de Cristina. Merced a los contactos de la madre de Roberto, Ofelia de León de Barreda, exmagistrada y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, el perpetrador logró fugarse y evadir la justicia. Ahora, encarcelado, aún sigue disfrutando de la impunidad sin que los tribunales avancen en el conocimiento de este crimen, que debe llenarnos de vergüenza.

Cristina Siekavizza está desaparecida, como lo están más de 14 000 mujeres desde 2003. Ni ella ni las desaparecidas son una cifra más. Son personas, mujeres, cuyas vidas han sido marcadas por la violencia de género, a la cual abona la impunidad estructural. Procurar justicia para Cristina es procurar justicia para cada mujer que es agredida.

Acompañar a la familia de Cristina es una necesidad social que debe trascender divisiones de cualquier tipo. Eso lo ha entendido a la perfección la Fundación Sobrevivientes, la cual desde el inicio ha sido un destello de consuelo para la familia de Cristina, así como para los miles de mujeres que apoya en su quehacer. Los diez años de existencia de la entidad iniciada por Norma Cruz llegan de la mano de los cinco años de reclamo por la vida de Cristina.

Un esfuerzo que hace que tanto la fundación como la familia se enfrenten a la arquitectura de la impunidad y de la corrupción. Los tentáculos de los Barreda de León trascienden los límites del Organismo Judicial y alcanzan unidades de la Policía Nacional Civil, así como del mismo Ministerio Público. Son tan extensos que han llegado también a los servicios de seguridad presidencial de dos gobiernos, así como a contactos estructurales con la misma presidencia de Otto Pérez Molina, hoy procesado por ladrón.

De esa suerte, si alguien quiere entender cómo operan las estructuras de impunidad y de comportamiento criminal en el Estado, solo necesita adentrarse en este caso. Una joven mujer, madre de dos niños, vivió sometida a violencia de género por parte de quien fuera su esposo y el padre de sus hijos. A tal grado que toda la evidencia apunta a su asesinato como corolario de una práctica de agresión constante. Un crimen cuyo perpetrador, en complicidad con sus padres, familiares y amigos, pretende que quede sin sanción.

Pero la agonía de los padres y amigos de Cristina ha de concluir no solo con la justicia que merecen, sino con la ubicación del cuerpo de su niña. Esa es también la llama de esperanza que llega y debe mantenerse encendida con la compañía y el reclamo social por que se alcance.