Condena Virginia Laparra: un precedente contra los fiscales
Condena Virginia Laparra: un precedente contra los fiscales
La sentencia de cuatro años de cárcel contra una exinvestigadora de la FECI-CICIG, envía mensaje al resto de fiscales: denunciar a un juez puede llevar a una condena en su contra.
Este viernes 16 de diciembre fue condenada Virginia Laparra. Es la primera vez que sentencian a una fiscal que formó parte del equipo que investigó grandes casos de corrupción en la era del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) con sede en Quetzaltenango, fue condenada a cuatro años de cárcel por el delito de abuso de autoridad. La sentencia es conmutable, pero no podrá salir de prisión por dos razones: Tiene otro proceso pendiente y quedará libre de este hasta que la sentencia quede firme, algo que si hay apelaciones podría durar meses o años.
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La jueza Oly González, del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, la declaró culpable por haber abusado de su cargo para denunciar de forma administrativa al entonces juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, quien ahora es Relator Contra la Tortura; Laparra lo señaló de haber filtrado información de un caso bajo reserva al abogado Omar Barrios.
De acuerdo con la jueza González, Laparra como fiscal, no tenía autorización expresa para presentar denuncias porque el acuerdo de creación de la FECI de Quetzaltenango dice que quien estaba al mando era la FECI con sede en la Ciudad de Guatemala, a cargo del exfiscal Juan Francisco Sandoval. Es decir, para denunciar a un juez debía tener permiso de su superior.
El Tribunal determinó que la pena es conmutable, es decir, puede pagar diez quetzales por cada día de la sentencia para evitar la cárcel, un equivalente de 14 mil 600 quetzales. Sin embargo, eso no significa que recuperará su libertad, ya que la jueza González dijo que podría salir hasta que la sentencia quede en firme, un proceso que puede durar meses o años.
Por otra parte, Laparra deberá continuar en prisión pues hay otra orden de captura en su contra. La Fundación Contra el Terrorismo, querellante en el primer juicio, la acusa por revelar información confidencial. Este segundo señalamiento es un giro al argumento presentado por Laparra en contra de Castellanos, pues buscan implicarla por hacer público el mismo expediente que ella considera reveló de forma ilegal el juez.
Esta sentencia tendrá implicaciones más allá de su caso.
Un precedente contra fiscales
De acuerdo con la exfiscal, su defensa y organizaciones de derechos humanos, la condena sienta un precedente para el resto de trabajadores del MP, especialmente quienes investigan corrupción: no podrán denunciar a un juez o podrán ser procesados penalmente.
«No estamos confiando en el sistema, se está afectando la administración de justicia porque ahora los fiscales no pueden denunciar a jueces y se puede ver que hay una protección entre pares, entre jueces», dijo Claudia González, abogada de Laparra, y exmandataria de la CICIG.
Durante sus intervenciones Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo, atacaba a la comisión internacional, no obstante, esta organización de extrema derecha no presentó ninguna prueba durante el juicio. La fundación ha denunciado a al menos siete exintegrantes de la FECI, a dos jueces, a dos exmandatarias de la CICIG, a una exfiscal general y a un periodista.
Falla fue explícito durante sus intervenciones en el juicio: buscaban que esta sentencia fuera un ejemplo para el resto de los fiscales e investigadores y que supieran que «su poder no es absoluto». Durante el proceso penal también insistieron en que Laparra declarara contra su exjefe, Juan Francisco Sandoval.
La jueza descartó como pruebas 54 publicaciones en redes sociales y medios escritos relacionados a Laparra, que presentó Lesther Castellanos.
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«Es un precedente nefasto para la persecución penal en este país. Limita la capacidad de los fiscales para presentar denuncias contra personas que cometen un hecho delictivo. El mensaje que le manda a los fiscales del MP es gravísimo, que podrían enfrentar lo mismo que Virginia Laparra», señaló Jorge Santos, de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua).
Las pruebas de defensa descartadas
Durante los diez meses que duró el juicio, Laparra se enfrentó a la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP de Consuelo Porras; a la Procuraduría General de la Nación; a Lesther Castellanos, Relator contra la Tortura y exjuez de Quetzaltenango y su abogada Iliana Patricia Rendón; a Omar Barrios, quien ha sido asesor de diferentes instituciones y gobiernos; y a Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo.
Del otro lado se encontraba ella y sus defensoras Claudia González y Wendy Geraldina López. Mientras el caso estuvo activo, González y Flor Gálvez, exmandataria de CICIG, presentaron denuncia contra Falla y Ruiz por violencia contra la mujer de forma psicológica porque recibieron acoso sistemático a través de redes sociales y señalaron haber recibido gritos durante las audiencias.
Durante el juicio, Laparra no solo escuchó acusaciones sino palabras que la misma jueza Oly González calificó como «peyorativas».
«Fiscal descarriada», la llamó Castellanos y pese a que la jueza le llamó la atención, lo repitió en la audiencia.
Falla también usaba sobrenombres para referirse al exfiscal Sandoval, quien ahora se encuentra exiliado en Estados Unidos luego de ser destituido tras acercarse a investigaciones que apuntaban al presidente Alejandro Giammattei.
La declaración de Sandoval era clave para la defensa. Las abogada de Laparra sostuvo que no actuó sola al denunciar a Castellanos, sino que notificó a su entonces superior. Sandoval, el exjefe de la FECI, intentó corroborar ese extremo en le juicio, pero la jueza no permitió que declarara por videoconferencia en otro lugar que no fuera el consulado de Guatemala en Washington.
La defensa de la exfiscal renunció a presentarlo como testigo porque existía riesgo de que Sandoval fuera capturado al ingresar al consulado, considerado territorio guatemalteco. La nueva FECI, ahora dirigida por Rafael Curruchiche, pidió cuatro órdenes de aprehensión contra Sandoval. Al mismo tiempo, el MP ha cambiado el rumbo de las investigaciones iniciadas por su antecesor, ha dejado de apelar resoluciones que favorecen a los sindicados, al punto de que al menos 83 personas acusadas de corrupción han sido beneficiadas.
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«Se le pidió varias veces que él declarara en otro lugar que no fuera el consulado y (la jueza) no lo permitió», explicó la defensora Claudia González. Con este testimonio Laparra buscaba desmentir que no actuó sin el consentimiento de su superior, eje central de la acusación en su contra.
Otra de las pruebas claves de la defensa que quedó fuera, es un reporte público con registros de más de 200 denuncias administrativas que otros fiscales han presentado. Esto serviría para evidenciar que denunciar a un juez es una actividad frecuente entre fiscales y no es un acto ilegal.
«Ella (la jueza) dijo que no lo aceptaba por inútil, quedó en los audios, eso era importante para nosotras», señaló la abogada González.
Los argumentos de la jueza
Detrás de este caso hay un expediente con los detalles de cuatro denuncias administrativas que Laparra presentó en 2018 y que no fueron aceptadas por la Junta de Disciplina Judicial (JDJ). En su resolución la jueza González fue enfática en decir que no entraría a conocer el fondo de esas denuncias porque ya habían sido analizadas por la JDJ, y que la discusión central era si Laparra estaba obligada por ley a presentarlas.
La jueza resolvió que, según el acuerdo con el que se creó la sede de la FECI en Quetzaltenango, sus actividades se realizarían en coordinación con la CICIG y bajo el control de la FECI en la Ciudad de Guatemala.
«Yo no puedo tener la certeza de que esto es legal, tampoco puedo decir que hubo un acuerdo previo porque no encontré un documento que dice que estuvo de acuerdo con Juan Francisco Sandoval y eso la respalda para poner esas denuncias», dijo la jueza González.
En la condena, también inhabilitó a la exfiscal para acceder a un puesto público. Esto no le impedirá ejercer la abogacía.
Uno de los argumentos centrales para sustentar su fallo fue que por la acción de Laparra «ya no se va a tener credibilidad en los fiscales y no habrá confianza en las instituciones».
La exfiscal sostuvo que el caso fue una venganza en contra de los exintegrantes de la FECI y la CICIG, y aunque los acusadores lo negaban y aseguraban que lo hacían para defender la independencia judicial, Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, cerraba sus intervenciones con el grito «CICIG nunca más».
Atención dentro y fuera del Tribunal
El caso contra Laparra levantó preocupación internacional sobre el estado del sistema de justicia en Guatemala. Ned Price, vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo a través de su cuenta de Twitter que estaban «profundamente preocupados por la sentencia».
«El enjuiciamiento selectivo de actores de la justicia y los medios socava el estado de derecho, la democracia y la prosperidad de Guatemala», señaló Price.
Amnistía Internacional revisó el expediente del caso y determinó que existen irregularidades que violan los derechos humanos de la exfiscal, a quien nombraron presa de conciencia debido a su trabajo en la lucha contra la corrupción.
«Esta sentencia condenatoria es un ejemplo más de la criminalización de operadores de justicia en Guatemala», dice un comunicado de la organización.
Juan Pappier, director de Human Rights Watch, repudió la condena y dijo que «se trata de un caso penal absurdo y una evidente persecución motivada por ánimos de venganza».
Dentro de la sala de audiencias también hubo muestras de apoyo. Organizaciones como Udefegua y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) y personas partículares. Resaltó la presencia de Bernardo Caal, líder comunitario de Santa María Cahabón que pasó cuatro años en prisión y quien también fue declarado preso político por Amnistía Internacional.
«El pueblo está contigo. No te asustes con esto, esto es normal en la corrupción de Guatemala, pero el pueblo va a seguir luchando», le dijo Caal a Laparra.
El exjuez Castellanos, quien denunció a Laparra dijo «estas son consecuencias de las malas actuaciones que hicieron algunos fiscales y mandatarios de Cicig en el país».
La exfiscal se mostró serena al terminar la sentencia e insistió en que es inocente.
Por su parte, la Fundación contra el Terrorismo celebró y Falla envió un mensaje en sus redes sociales:
«Ojo fiscales».
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