Radiografía de los casos de la Feci-Cicig: van 83 beneficiados

En los 12 años que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) trabajó en el país de la mano con el Ministerio Público (MP), presentó 120 investigaciones por corrupción de gran escala que involucran al menos a 70 estructuras criminales. 

El trámite de los casos tomó un giro rotundo a partir de dos fechas principales: agosto de 2019, cuando el gobierno de Jimmy Morales concretó su estrategia para sacar a la Comisión del país; y julio de 2021, cuando la Fiscal General Consuelo Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y nombró en su lugar a Rafael Curruchiche.

Para entender el destino de las investigaciones que sacudieron el sistema político y judicial de Guatemala, se cotejaron los casos de 81 personas sindicadas en 20 expedientes de la Feci, la Fiscalía de Delitos Administrativos y la Fiscalía Contra la Corrupción. 

Los datos permiten evidenciar qué casos han sido cerrados, quiénes emiten esas resoluciones, quiénes han sido los principales beneficiados, y cuál es el delito que más se ha dejado de perseguir.

**Haz clic en la imagen para explorar qué pasó con cada acusado, quién lo cerró y qué acción tomó el MP.**

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¿Qué casos ya no están en trámite?

En los últimos tres años se han cerrado las investigaciones por corrupción en contra de 57 personas, hubo seis órdenes de captura anuladas, 16 antejuicios fueron rechazados, y el resto han sido beneficiadas con otras medidas. Las condenas son escasas: Como la exvicepresidenta Roxana Baldetti por el caso «Agua Mágica» recibió una pena de 15 años y seis meses; o Pedro Muadi, expresidente del Congreso, sentenciado a 30 años de prisión en marzo de 2020, pero meses después recibió de una Sala de Apelaciones una reducción del 73% de la condena.

Los casos donde mayor número de sindicados fueron beneficiados con el cierre del proceso penal son Igss-Pisa, Plazas Fantasmas en el Congreso, y el iniciado por la construcción de una carretera para beneficio del spa de la ex diputada Delia Bac. Fuieron 16, 11 y 9 sindicados, respectivamente, a quienes se les cerró el proceso penal.

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Además, en relación al caso Comisiones Paralelas, fueron rechazados los 28 antejuicios que la antigua Feci presentó contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cortes de apelaciones, uno de la Corte de Constitucionalidad y uno más del Tribunal Supremo Electoral. 

Es decir, pese a que en el caso Comisiones de Postulación la Cicig y Feci evidenciaron la existencia de negociaciones paralelas mostrando fotografías, videos, documentos y la declaración de uno de los operadores de esta red, el farmacéutico Gustavo Alejos acusado de múltiples casos de corrución, ninguno de los presuntos responsables enfrentó un proceso, ni fue investigado más allá del trabajo de la fiscalía dirigida por Juan Francisco Sandoval. Dos años después, todos siguen en sus cargos porque fueron beneficiados por el mismo procedimiento.

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¿Quiénes cierran los casos?

Un lunes, un juez cierra un caso, un martes una sala de apelaciones anula una captura, otro día, una de las altas cortes ordena liberar a un sindicado.

En las notas periodísticas cotidianas, las instancias judiciales que emiten estas resoluciones pasan desapercibidas. Pero, al analizarlas en conjunto, se evidencia que forman parte de un mismo patrón de impunidad que, desde hace tres años, ha protegido a figuras importantes para evitar que enfrenten la justicia.

Entre estas instancias, destaca la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal que le ha dado carpetazo final a 16 personas de 49 casos analizados. Está integrada por Jaime Amílcar González Dávila, Beila Adaly Xiomara Estrada Barrientos y Zonia de la Paz Santizo Corleto.

González Dávila fue denunciado por la exmagistrada de la CSJ, María Eugenia Morales Aceña, por haber firmado una resolución de rechazo de antejuicio a favor del exdiputado Alfredo Rabbé, pese a no haber participado en la sesión donde se discutió el caso. En 2017, la antigua Feci presentó antejuicio en su contra por haber dejado en libertad condicional a Blanca Stalling, la magistrada que huyó de una investigación con una peluca y un arma en el año 2017.

Además, la Sala Tercera de Apelaciones Penal confirmó el cierre del caso contra Samuel y José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, señalados en un caso por supuesto lavado de dinero en el que fueron absueltos por el Tribunal Décimo Tercero Penal. También fue esta judicatura la que otorgó un amparo para el exalcalde Álvaro Arzú e impidió que fuera citado en un proceso de antejuicio que presentaron en su contra Feci y Cicig.

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Además, en los últimos tres años, esta sala ha emitido otras resoluciones polémicas: en 2019, unos días antes de la salida de la Cicig, cerró el caso Igss-Pisa al anular la sentencia condenatoria contra 16 personas que integraron tanto la Junta Directiva como la de Licitación, órganos que aprobaron el contrato para atender a pacientes de insuficiencia renal crónica, un tratamiento que dejó más de 200 afectados.

En el ranking de quien cierra más casos, a esta sala le sigue la CSJ.

En tres años, las y los magistrados (que llevan ejerciendo el cargo tres años más del término asignado a su mandato por la Constitución) se protegieron a ellos mismos y a sus pares para evitar ser investigados por el caso Comisiones Paralelas 2020, ya que integraron ellos mismos el pleno que rechazó los antejuicios presentados por la Feci. Ninguno de los señalados en esta investigación perdió su inmunidad.

Luego, en el listado sigue la Corte de Constitucionalidad, que ha beneficiado al menos a 14 personas sindicadas en casos de corrupción a través de anular sentencias, dejar sin efecto órdenes de captura, rechazar antejuicios contra funcionarios, o eliminando delitos de las acusaciones.

Los vínculos políticos de esta Corte saltan a la luz: Roberto Molina Barreto fue candidato vicepresidencial de Zury Ríos y, en un periodo anterior, firmó como magistrado el fallo que anuló la condena por genocidio contra Efraín Ríos Montt. Leyla Lemus, exsecretaria general de la Presidencia, fue electa en el cargo por el presidente Alejandro Giammattei.

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No solo las cortes benefician a los señalados de corrupción. Jueces de carrera han dictado resoluciones para cerrar o archivar casos. Entre ellos resalta Claudette Domínguez, quien con una resolución dejó libres de cargos a diez exdiputados señalados en el caso Plazas Fantasmas en el Congreso. Su argumento fue que la atribución de contratar personal correspondía a Recursos Humanos del Legislativo, no a los diputados, pese a que los puestos estaban cargados a sus despachos.

Los favorecidos fueron Arístides Crespo, Selvin García, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López, Marcelino Chutá, Juan Álcazar, Aleksander Castillo, César Fajardo, Carlos Herrera Quezada y Christian Boussinot. A la lista se suman otros 47 trabajadores del Congreso.

El papel de la Feci

Desde que Juan Francisco Sandoval fue destituido de su cargo, en julio de 2021, cambió el enfoque de la persecución criminal en esta unidad del MP.

Rafael Curruchiche, nuevo jefe de la Feci, dijo a Plaza Pública que él llegó a esa oficina a «reencauzar» los casos y regresarlos a la «legalidad». Ese giro implicó, desde ir tras investigadores y exfiscales que trabajaron con la Cicig, hasta dejar pasar la anulación de los acuerdos de colaboración eficaz del megacaso de corrupción Odebrecht.

En julio de 2022, Curruchiche anunció que la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo le dio la razón a Alejandro Sinbaldi y anuló la declaración de tres colaboradores de la empresa brasileña por supuestas ilegalidades cometidas en el proceso. Este fallo también benefició a Manuel Baldizón, excandidato presidencial deportado de Estados Unidos luego de reconocer que lavó dinero en ese país.

«La verdad y la justicia le están dando la razón a la actual administración del Ministerio Público (...) », dijo Curruchiche en un vídeo. 

La Feci no apeló.

De la misma forma actuó en favor de otros 30 sindicados en casos de corrupción. Por ejemplo, Estuardo Galdámez, señalado en el caso «Asalto al Ministerio de Salud» por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. El juez Edwin Ramírez le otorgó arresto domiciliario sin que la fiscalía protestara. El exdiputado es señalado por supuestamente haber recibido sobornos para que una empresa recibiera el contrato de construcción del hospital en Ixcán, Quiché, de donde es representante.

En septiembre de 2022, cuando la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo cerró el caso contra el abogado Francisco García Gudiel, señalado de lavado de dinero y beneficiado porque había supuestos errores entre hechos y fechas en la investigación, Curruchiche aplaudió el fallo y anunció que investigaría a Juan Francisco Sandoval, la exjueza Erika Aifán y la fiscal Sara Sandoval Guerra. 

De la misma forma, el caso Igss-Pisa quedó engavetado porque la Unidad de Impugnaciones del MP no cumplió con presentar a tiempo una casación en la CSJ contra la sala que anuló la sentencia. Esa inacción de la Fiscalía benefició a 15 personas. 

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La democracia guatemalteca está al límite

Juan Pappier, director asociado de Human Rights Watch, dijo a Plaza Pública que el cambio en el sistema de justicia es el resultado de un proyecto político cuyo principal objetivo es garantizar la impunidad.

«Bajo el liderazgo de la doctora Consuelo Porras el MP se ha dedicado a perseguir a aquellos que investigan la corrupción y las violaciones de derechos humanos», señaló Pappier. La Fiscal fue sancionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en dos ocasiones al incluirla en la Lista Engel, la cual incluye actores corruptos y antidemocráticos.

— ¿Qué pasa si la maquinaria del sistema de justicia ahora va tras quienes descubren crímenes?

 — «Yo creo que en este contexto electoral no sería sorprendente que el MP se dedique a perseguir o a opositores políticos o a imponer restricciones como acoso judicial, y que esta sea una herramienta más para impedir que algunos candidatos puedan participar de elecciones libres y justas».

Al ver la crisis en el sistema judicial de forma más amplía, Guatemala está al borde del abismo. «Está claro que hay una captación de las instituciones democráticas, que no hay garantías suficientes de que si alguien intenta robarse las elecciones se puedan frenar esos esfuerzos. Yo creo que la democracia guatemalteca está al límite y puede caer. Corre enormes riesgos en este proceso electoral.» concluyó.