Esta primera experiencia se hizo en casos de pandillas que extorsionaban a empresarios y a pilotos del transporte público. En ese momento yo era auxiliar fiscal y estaba investigando dichas extorsiones, por lo que comencé a utilizar el análisis criminal en mis casos.
A raíz del éxito de esas investigaciones, la fiscal general decidió, a mediados del 2011, crear la Unidad de Enlace con la Unidad de Análisis en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, y a mí me tocó ser el encargado y fundador de dicha unidad. La idea era ser una unidad de análisis dentro de la fiscalía y que esta estuviera conectada a su vez con la Unidad de Análisis de todo el MP. Comenzamos con cuatro personas y emprendimos un proceso de formación con ayuda de Estados Unidos y de Canadá. A la vez, empezamos a realizar análisis estratégicos de homicidios y rápido pasamos a realizar análisis con la herramienta IBIS del Inacif. Este era un sistema automatizado de reconocimiento balístico que, a través de la evidencia recolectada en cada caso, permitía relacionarnos entre sí.
Esta conexión de casos fue sumamente exitosa y permitió comenzar a resolver una gran cantidad de muertes, lo que hizo que se contrataran 10 analistas extras. Para el 2012 ya eran casi 15 las personas trabajando conmigo en la Unidad de Enlace, por lo que en mayo de ese año me nombraron jefe de la Unidad de Análisis del MP, la cual, por cierto, tenía apenas 10 analistas para atender todo el país.
Entonces, la fiscal general me encargó que iniciáramos un proceso de fortalecimiento de la unidad, por lo que empezamos a trabajar de la mano con la Cicig. De esa cuenta, llegamos a unir las oficinas, y el jefe de análisis de la Cicig tenía la suya justo a la par de la mía. Iniciamos, además, un programa de pasantías de analistas nuevos, quienes se entrenaron con profesionales de distintas nacionalidades y con amplia experiencia en análisis de casos complejos. Asimismo, se hicieron los primeros manuales de análisis y en enero de 2013 se fundó la Dirección de Análisis Criminal (DAC), lo que permitió crecer y tener cuatro departamentos y más de 100 analistas para el año 2014. Uno de esos analistas que realizó pasantías en la Cicig, ya como parte de la DAC, fue la persona que nombré a mediados del 2014 como analista del caso Furgones 2, que después sería públicamente conocido como La Línea.
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Ya en el 2015, bajo nueva administración, continuó el proceso de fortalecimiento de la DAC y se aumentó y mejoró el proceso de pasantías, el cual consistía entonces en que los analistas fueran contratados directamente por la Cicig, pero de tal modo que sus plazas fueran suspendidas en el MP, lo cual aseguraba que, una vez terminado el mandato de la comisión, este personal regresaría a laborar al MP y se daría una efectiva transferencia de capacidades. Bajo esta modalidad se fueron por lo menos cinco analistas. Sin embargo, estos permisos se vencieron en el 2018, bajo la administración de Consuelo Porras, a quien se le solicitó que renovara dicho programa. Pero ella se negó y les dijo directamente que debían regresar al MP a trabajar los casos que ella quisiera o renunciar a sus puestos y seguir apoyando a la Cicig, y por ende al MP, en las investigaciones complejas que llevaban. Estos analistas, ante dicha encrucijada, decidieron renunciar al MP y seguir trabajando casos como La Línea y otros que se derivaron desde la Cicig.
Con la salida de la Cicig del país, estos analistas experimentados se quedarán sin trabajo y sin la posibilidad de ser contratados por un MP que prefirió hacerlos renunciar antes que permitir que el programa de traslado de capacidades continuara tal y como había funcionado durante dos administraciones anteriores. Consuelo Porras ha bloqueado de manera intencional el traslado de capacidades de la Cicig al MP y pone en riesgo casos como La Línea, Cooptación del Estado, Aceros de Guatemala y otros que estos analistas llevan.
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