Corre peligro la PDH que defiende a «los de a pie»

Los pilotos del Transurbano que viajaban hacía las colonias de la zona 21 comenzaron a cobrar ocho quetzales por pasaje hacia el centro de la ciudad. Los vecinos presentaron la denuncia a la PDH que coordinó con la Municipalidad para que realizara operativos. Fueron 220 multas de 5,000 quetzales las que impuso la Superintendencia de Transporte Público (STP) tras esta intervención. Los vecinos volvieron a pagar la cuota de Q1.10.

En Escuintla una mujer transgénero no fue atendida en un hospital público por su identidad. Delegados de la PDH llegaron al centro hospitalario y mediaron para que la víctima fuera atendida y no discriminada.

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En Uspantán, Quiché, una comunidad asentada hace 30 años contaba con una escuela y un centro de salud, pero fueron cerrados por el alcalde luego que un supuesto dueño de las tierras llegó y lo exigió. La PDH está mediando para encontrar una salida al problema.

Estos tres casos evidencian que el alcance de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) es amplio, y no trabaja por «defender mareros» como argumentan sus detractores.

Es una institución que pasaba relativamente desapercibida, o al menos no generaba tanta atención polarizante como durante la gestión del  del procurador Jordán Rodas, periodo en el que la institución asistió a trabajadores de maquilas y fábricas durante la pandemia; y  apoyó a jueces y fiscales procesados de «manera injusta», según Rodas. Estas acciones pusieron la mirada de grupos de poder sobre la PDH y están atentos  a la elección de nuevo procurador, que deberá tomar posesión en agosto próximo por un período de cinco años.

¿Para qué sirve la PDH?

En 1985 Guatemala fue el primer país de América Latina en instaurar la PDH con carácter constitucional tomando como ejemplo la constitución sueca. El Procurador es un comisionado del Congreso para la defensa de los derechos humanos que debe actuar con absoluta independencia bajo ningún organismo, institución o funcionario.

La PDH nació como una entidad que iba a «legitimar la Democracia » en un país que atravesaba golpes de Estado y múltiples violaciones a los derechos humanos, en especial durante el conflicto armado interno. Debía ser la punta de lanza de la nueva constitución que ponía al ser humano en el centro de la protección estatal. Es decir,  era la demostración de que el país quería cambiar y nació para poner «el dedo en la llaga» en aquellos temas que muchos no querían que se conocieran.

Desde 1987 —cuando comenzó a funcionar la PDH— hasta la fecha, han existido siete procuradores y solo a dos se les ha intentado cesar del puesto: Julio Eduardo Arango y Jordán Rodas. Los hostigamientos contra Arango iniciaron tras emitir una sanción moral contra el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen por intentar callar a la prensa y su plan para bloquearla económicamente. A Rodas, por su posición de defensa contra fiscales, jueces y por su abierto apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

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En comparación a sus antecesores, Rodas ha sido un procurador incómodo y mediático, por eso los grupos de poder político prestaron más atención a la elección de su  sucesor.

Entre los interesados está el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) que en las últimas semanas intentó obtener un espacio en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso —donde se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo PDH—. La gremial buscaba exponer «la importancia de elegir un buen PDH».

Sergio Morales —quien estuvo al frente de la PDH del 2002 al 2012— explica que el alcance de la Procuraduría es amplio. «La Procuraduría puede intervenir en temas laborales, de educación, vivienda, consumo. Todos los derechos que el Gobierno se comprometió a respetar en la firma de los acuerdos de paz», indica. Agregó que en épocas de desastres naturales la PDH puede velar para que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) tome las medidas necesarias para cumplir con su tarea y evitar la pérdida de vidas humanas.

Para Morales, los problemas de pobreza, impunidad y riesgo de miles de familias por desastres naturales se han ido incrementando, pero en lugar de fortalecer la PDH se ha ido debilitando.

«Toda acción contra la Procuraduría debe ser condenada. Han tenido problemas con asignación de dinero que repercute en la reducción de personal y cierre de unidades. Cuando cada vez más se hacen evidentes violaciones a los derechos de salud, educación, vivienda, consumo», indicó Morales.

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La PDH tiene el potencial de ser incómoda

Aunque la notoriedad de Jordán Rodas en la defensa de fiscales y jueces se han llevado los focos —Morales cree que Rodas estaba defendiendo el derecho a la justicia—, hay otros temas que hacen de la PDH un ente incómodo.  Entre estos son el acompañamiento de empleados despedidos —además su rol de defensa al trabajador de maquila e industria durante la pandemia— y el apoyo a comunidades que se oponen a las mineras o hidroeléctricas.

«Estos temas son los que más presión hacen desde diputados, delegados del Ejecutivo y empresarios.  Por eso tememos que el nuevo procurador venga a poner un alto a los acompañamientos realizados a las comunidades y ciudadanos de a pie. Que nos haga inútiles», dice una fuente dentro de la PDH.

La PDH cuenta con 17 defensorías: de la mujer; de los consumidores y usuarios; de diversidad sexual; juventud; de la niñez y adolescencia; discapacidad; defensores de derechos humanos y periodistas: de las personas mayores de 60 años; migrantes; privados de libertad; trabajadores; víctimas de trata; pueblos indígenas; salud; seguridad alimentaria; socio ambiental y usuarias del transporte público.

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Esta última es la que más denuncias ha recibido en los últimos meses debido al incremento de precios de pasajes y abusos contra los adultos mayores que son discriminados al intentar abordar autobuses.  «Se atienden muchas denuncias y son personas de escasos recursos que deben hacer uso de un sistema de transporte público no tan amigable con los ciudadanos», explicó Edgar Guerra, defensor de los usuarios de transporte público.

Agregó que son ellos quienes a veces han presionado a autoridades responsables del transporte urbano y extraurbano para que hagan respetar los derechos de los usuarios en temas de pasajes autorizados; capacidad de unidades y seguridad de pasajeros que de no tener la presión de la PDH las autoridades encargadas no lo harían.

Por eso la PDH debe ser independiente para poder señalar cómo el Estado no cumple con su función, explicó el diputado Bernardo Arévalo integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. «Hay sectores que quisieran que la PDH fuera neutralizada, porque es una herramienta que puede defender a los ciudadanos. Si logran controlar la PDH se aseguran de que no se produzcan las sanciones y estarían siendo consistentes con su deseo de callar las voces incómodas», explicó Arévalo.

Para Morales, está en riesgo que la PDH se vuelva inoperante ante funcionarios y empleados que abusan de su poder. Al no tener una Procuraduría que levante la voz y sancione, se podrá caer en descontrol y abuso total. «Es necesario que la PDH esté activa e independiente que proteja a los guatemaltecos», indicó Morales.

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Garantiza información

La PDH también es la encargada de velar por el buen cumplimiento de la ley de acceso a la información pública. Dentro de la procuraduría se encuentra la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai) que hace un ranquin de las instituciones que no cumplen con la ley y evitan brindar información a los ciudadanos. Aunque pareciera de menor importancia, en las condiciones que se encuentra el país, es fundamental, según el investigador en materia de acceso a información pública, Silvio Gramajo.

«La PDH, en esto ha ido de menos a más. Pero, ¿qué pasaría si hay un procurador que no cumpla con su función? Pues los sujetos obligados podrán incumplir la ley y quien pierde es la ciudadanía, que perdería un espacio para saber qué hacen las instituciones», explicó Gramajo.

La información es requerida en su mayoría por académicos y periodistas que después dan a conocer hechos de importancia a la población.  Carlos Mendoza, un académico experto en datos, recuerda que la PDH fue de ayuda cuando el Registro Nacional de Personas (Renap) quería cobrar por la información. «Al final dieron marcha atrás, pero es una violación de derechos de estar informados», explicó Mendoza quien también ha visto cómo la Policía Nacional Civil restringió información que comprobaba  el aumento de hechos de violencia.

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Gramajo recuerda que la PDH puede presentar denuncias penales contra los funcionarios que no cumplan con la ley de acceso a la información y, aunque lo ha hecho, han sido pocas ya que deben realizar un análisis detallado. Recuerda que existe el peligro que ahora ya no vele por eso.

Arévalo explica que no solo está el peligro que la PDH sea inoperante, sino que sea entregada a personas que no están calificadas. «Lo hemos visto en el tema de la oficina contra la tortura. Se escogió de forma irresponsable. Hoy otra vez lo estamos viendo», advirtió el diputado.

Un ejemplo del mal uso

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura podría ser un retrato del futuro que le espera a un PDH inoperante o desvisda. El mes pasado presentó una denuncia contra la exfiscal general, Claudia Paz y Paz y la exfiscal de derechos humanos, Elena Sut, por abuso de autoridad, tortura, usupración de atribuciones y simulación de delitos. La acusan de iniciar un proceso judicial contra militares en retiro por delitos de lesa humanidad,entre ellos el delito de tortura.

Dentro de la PDH sentencian: «Muchas personas quizás no creen en nuestro trabajo porque no se acercan a pedir ayuda. Pero se entenderá mejor la importancia de la defensoría de derechos humanos cuando quienes los busquen no encuentren respuesta sino una institución que ya no defienda a los de pie sino a los políticos y poderosos», indicó un empleado de la PDH.