Los derechos humanos asustan a los corruptos

No entraré en detalles de lo absurdo que son las acciones de estos vividores del Estado, pues no sólo Jordán Rodas está a pocos meses de dejar el cargo, sino que también ha sido el mejor procurador de derechos humanos que Guatemala ha tenido en su historia democrática, cuestiones que demuestran que, para esos diputados, perder el tiempo y actuar perversamente es su trabajo favorito. Sin embargo, aprovecharé el espacio para demostrar por qué a los corruptos les asustan los derechos humanos.

Hace unos días, el doctor Jason Hickel, especialista en economía y antropología, lanzaba una pregunta interesantísima en sus redes sociales, él decía: «Las personas a menudo afirman que el capitalismo ha tenido un mejor desempeño que el socialismo en términos de pobreza y desarrollo humano en el siglo XX. Esa afirmación se repite con tanta frecuencia que nadie se molesta en respaldarla, pero, ¿es verdad?» Para responder, Hickel presenta varios artículos científicos[1] publicados donde se demuestra que estados socialistas tienen menor tasa de mortalidad infantil, mayor esperanza de vida, mayor tasa de alfabetización, mejor educación secundaria, acceso a mejor comida, más médicas(os) y enfermeras(os) y mejor calidad de vida física. Esos resultados se publicaron anteriormente en otro artículo que encontró que, en el sur global, países socialistas tienden a un mejor desempeño en términos de resultados sociales, en comparación con países capitalistas. La conclusión es simple, dice Hickel, si se quiere mejorar los resultados sociales, entonces hay que enfocarse en los servicios públicos universales. Y, ante los estudios más recientes, si esos servicios públicos universales son democráticamente manejados llegan incluso a ser más efectivos. Por último, él muestra cómo otro estudio indica que, «contrariamente a las predicciones de la teoría económica neoclásica, los altos niveles de penetración corporativa multinacional están asociados con altas tasas de mortalidad infantil independientemente de los controles de otras variables políticas y económicas». No es mi caso discutir sobre la derecha, pues mi ideología política es claramente de izquierda. Lo que me interesa en esta columna de opinión es la correlación «a mayor acceso a servicios públicos universales mejores resultados sociales (capacidades personales y estructuras sociales funcionales: educación de calidad, acceso a la salud, garantía de derechos laborales, etc.) y calidad de vida de las personas». Nos tiene que quedar claro que el acceso a los servicios públicos universales es la más grande materialización de los derechos humanos.

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Ante dinámicas económicas, políticas y sociales que nos colocan en una posición de despojo sistémico, no hay nada más que nos garantice la vida digna, como los derechos humanos. En esta forma ya institucionalizada y hegemónica de gestionar los asuntos públicos y de ejercer el poder político, son los derechos humanos los pilares básicos que sostienen (también legalmente) el acceso a servicios públicos universales y de calidad a todas las personas por el mero hecho de existir. Eso significa que todas y todos, independientemente de dónde hayamos nacido, de nuestra clase social, de nuestras identidades, de nuestro color de piel, de nuestro tipo de pasaporte, de nuestro idioma, etc., tenemos derecho a educarnos, a alimentarnos, a vivienda, a ropa adecuada, a trabajo digno, a salud, a seguridad, a disfrutar, entre muchas otras cosas; para lo que el Estado juega un papel esencial. Claro, cuando, a diferencia del caso de Guatemala, no está ocupado por criminales.

Cada vez es más evidente que quienes están en los cargos públicos además son parte de las alianzas corruptas con las élites económicas, que han encontrado en la desigualdad, su tesoro, por esto los derechos humanos lógicamente les causan escozor. Si no hay salud pública, ésta se puede vender. Si no hay educación, ésta se puede vender. Si no hay espacios públicos, se puede vender la recreación. Se puede lucrar hasta con la violencia si no se cumple con el derecho a la seguridad. Si no hay ningún control, se puede lucrar con todo: con la desinformación, con los contratos y las compras, con la tierra, con la contaminación, en fin, con el futuro de las personas.

Un clarísimo ejemplo de esta podredumbre fue el caso IGSS-Pisa, donde la mano derecha de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, Juan de Dios Rodríguez, dirigió junto a Otto Fernando Molina Stalling la contratación de la empresa Pisa para tratar a más de 530 pacientes renales, sin tener centros de diálisis, ni especialistas. Lo consiguió a través de sobornos de más de 18 millones de quetzales, felicitaciones al gobierno en medios impresos y la muerte de más 60 personas. Un caso similar será el de las compras de vacunas por parte del gobierno de Alejandro Giammattei, que hasta la fecha suman más de 18,000 personas muertas, siete millones de dosis vencidas y la rotunda negación a adquirir las dosis correctas para la niñez y adolescencia. Asimismo, hay cuestiones más sutiles a las que los abanderados de la corrupción le temen, como, por ejemplo, el derecho humano a la información pública, pues con este, podemos fiscalizar el tiempo, los recursos y las decisiones que servidores públicos toman. En un régimen antidemocrático como el nuestro, cada vez es más difícil conseguir información sobre el gasto público, sin embargo, periodistas de medios independientes lo han hecho, haciendo visible que el mal uso del gasto público merma nuestros derechos humanos, pues para dirigir el presupuesto hacia un lado, deben quitarlo de otro, y si no es posible, aprobar un préstamo. Supimos de la presidenta Shirley Rivera quien, con el dinero de nuestros impuestos, no tiene problema alguno para autorizar la compra de café por más de Q 290 la libra, o el mismo presidente que destinó 58 millones de quetzales para asfaltar 11.7 kilómetros de carretera que llevan a una de sus lujosas casas y a la finca «El Nacimiento», que es propiedad de la empresa El Rubicón cuyo representante legal es Juan Pablo Falla Girón, su sobrino.

El trabajo para eliminar los derechos humanos tiene dos objetivos claros: el primero, actuar a sus anchas para continuar llenándose los bolsillos y, el segundo, acabar debilitando aún más al pueblo guatemalteco. Un pueblo con hambre, sin salud, sin educación, sin trabajo, sin tiempo para pensar críticamente, es un pueblo cansado, un pueblo abatido, un pueblo fácil de vencer. La lucha por los derechos humanos deberá ser columna vertebral del movimiento social que no está dispuesto a dejarse ganar, ya que sabe que una vida mejor es posible.