Pero atender este reto en un contexto como el nuestro va más de la mano de una agenda de reducción de la pobreza y de desarrollo económico más fundamental, que tome en cuenta el nuevo contexto climático. Atender ambos problemas a la vez quizá no se nos ocurre muy seguido, pero debería.
No soy ni Leonardo DiCaprio ni científico para venir a hablarles del cambio climático en abstracto. Sin embargo, en el entendido de que el riesgo de no actuar para mitigar sus consecuencias es demasiado alto (implica vidas humanas, efectos climáticos extremos y la destrucción de capital), es importante hablar de las políticas públicas que tienen más sentido en un país como Guatemala. A menudo nos enfrascamos en pugnas irrelevantes sobre la validez de la ciencia en el tema o las políticas de reducción de gases de efecto invernadero. En nuestro caso es más importante que hablemos de vincular el tema con el otro gran reto pendiente del país: la reducción de la pobreza y la mejora del nivel de vida.
A menudo estos objetivos se proponen como antítesis, pero es crucial vincular los esfuerzos para la reducción de la pobreza con aquellos para la creación de un modelo económico basado en una mayor sostenibilidad[1]. Avanzar en ambas líneas, por ejemplo, requiere el desarrollo de infraestructura sostenible, para lo cual se destaca la importancia de los sectores energético y de transporte, así como la agenda de desarrollo urbano. Hacerlo sería un logro mayor que enfocarnos en la reducción de emisiones como tal: contribuimos con menos del 0.1 % del total mundial.
Para ello existe una necesidad de que las autoridades articulen claramente una visión de desarrollo de la infraestructura sostenible. La oportunidad de atraer inversión y desarrollar proyectos sensatos existe, pero, sin una visión orientadora clara, nadie va a tomar la oportunidad. Es por esta misma falta de visión que la ciudad de Guatemala y otros centros urbanos de relevancia se han expandido a una tasa mayor que el ritmo de crecimiento poblacional y se han creado zonas de baja densidad poblacional que dificultan la provisión de servicios básicos. Esto, sin olvidar que el inmovilismo político de líderes municipales y nacionales en poco contribuyó a aliviar nuestros males.
La agenda de crecimiento verde (buscar nuevos motores de crecimiento basados en cadenas de producción más amigables con el ambiente) también requiere vincular la visión de país con los foros de políticas internacionales. Ellos llevarán el liderazgo en la búsqueda de reorientar capitales de inversión al sector de infraestructura sostenible y con potenciales esquemas de financiamiento verde: allí hay un rol para bancos internacionales, capitales privados, alianzas público-privadas y otros. Además, en un contexto en el cual se puede vincular el desarrollo de infraestructura con el aumento de la productividad agrícola y la preservación de recursos naturales (bosques, mantos acuíferos, biodiversidad), el atractivo del país y la región puede ser mayor.
Energía eléctrica
Para avanzar en estas líneas es posible empezar por donde más fácilmente pueden obtenerse resultados. Por poner un ejemplo, el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (Siepac) y el Mercado Eléctrico Regional (MER) tienen un potencial importante para fomentar la diversificación de la matriz energética. El Siepac ha fomentado el intercambio de energía eléctrica entre los países de la región y México, con lo cual ha facilitado el acceso de mercados más amplios a fuentes más eficientes de generación de energía y la garantía de provisión continua del servicio. Sin embargo, actualmente solo generadores que tienen la potestad de participar en los mercados mayoristas de sus países pueden vincularse a la red regional, de modo que potencialmente se limita la participación de otros sectores, incluyendo renovables.
Hoy en día, los renovables representan alrededor de un 56 % del total de la capacidad de generación en Centroamérica, 12 gigavatios (GW), pero trabajar en la armonización de regulaciones del sector eléctrico podría contribuir a la generación de inversiones en proyectos con miras a un potencial regional. En buena medida, esto depende sobre todo de que exista el compromiso político y la buena voluntad de ponerse de acuerdo.
Desarrollo urbano
El otro gran tema que vincula desarrollo a secas con desarrollo en el contexto del cambio climático es el desarrollo urbano. Cada año las ciudades centroamericanas reciben 700 000 nuevos habitantes (25 millones más de personas para 2050). En estos focos urbanos, que además concentran un 78 % del PIB regional, la rápida urbanización y los escasos planificación y control han fomentado la vulnerabilidad a eventos climáticos extremos, de acuerdo con el Banco Mundial. Esto se suma a un mercado de vivienda disfuncional que, al fomentar áreas urbanas en expansión aún con poca densidad poblacional, encarece y dificulta la provisión de servicios básicos (agua, transporte).
Parece que en todas las áreas relevantes al futuro desarrollo del país seguimos en el punto de partida, en cero, en la nada absoluta. Es necesario exigirles a los líderes políticos articular una visión y empezar a ejecutarla. Pero, en tanto nos enfoquemos en factores transversales como la infraestructura, podemos avanzar en políticas procrecimiento, proinclusión y promitigación del cambio climático a la vez. Exijamos que se actúe con rapidez.
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[1] The New Climate Economy hace ver que la inversión en infraestructura sostenible es esencial para reiniciar el crecimiento global, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y reducir los riesgos climáticos. Versión en español de su reporte aquí.
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