Las movilizaciones de 2015 dejaron grupos organizados que, con respaldo de sus sectores sociales meta, pretenden constituirse en actores políticos que, junto con otros grupos organizados antes de la coyuntura, incidan con importantes cuotas de poder en las decisiones relevantes que se toman en la administración púbica del país. Aprovechando la legitimidad que gozan los diferentes grupos que salieron a protestar por el desfalco en las instituciones del Estado, es menester que estos grupos conformen una red anticorrupción que logre redirigir las demandas de los indignados guatemaltecos. Porque hasta ahora los símbolos de la lucha contra la corrupción son renuncias de funcionarios públicos y los esfuerzos institucionales de la Cicig y del Ministerio Público para procesar a los sindicados por corrupción, pero se pierde de vista que los triunfos concretos son los que evidencian que las instituciones están dando un paso cualitativo hacia la transparencia, lo que implica la oportunidad de financiar servicios eficientes a la ciudadanía.
Los triunfos de las luchas por la democracia fueron que las mujeres pudieran ejercer su libertad de elegir y ser elegidas en las urnas, que las personas mayores de 18 años pudieran votar sin necesidad de que supieran leer y escribir y el reconocimiento de nuevos derechos laborales y de libertades políticas. Esos fueron los triunfos conquistados, y no que el dictador y sus operadores políticos renunciaran, se exiliaran o terminaran en una cárcel por los delitos cometidos. En ese sentido, la protesta se ha limitado a los incentivos, a la motivación de ver que quienes desfalcaron las arcas del Estado estén siendo procesados. Pero le ha faltado armar y conectar discursos que aludan al día a día de las personas que protestan, dejaron de protestar o nunca lo hicieron. No quiere decir que las nuevas y viejas organizaciones sociales dejen de exigir justicia para los corruptos, pero esa debe ser una labor de cajón de las instituciones que operan en el sistema de justicia.
La apertura democrática y la expansión de los derechos humanos habían sido hasta ahora puntos de cohesión social y las principales razones para movilizarse. ¿Sería oportuno que la lucha contra la corrupción se convirtiera en el nuevo punto de cohesión social? Considerando que corrupción es que el dinero público no llegue a su destino, y ante una red de servicios desfinanciada y con serios problemas operativos, que no atiende las demandas de la población, parece que es una oportunidad irrepetible. ¿Qué debemos exigir para lograr apertura en la transparencia del Estado? ¿Un hospital público bien equipado? ¿Un sistema de transporte generalizado que opere bajo la lógica del bus rapid transit?
Para que las jornadas contra la corrupción dejen beneficios a largo plazo en el país, como lo hicieron las jornadas por la democracia, los ciudadanos y las organizaciones sociales deben seguir presionando por reformas, pero también por la funcionalidad de algún servicio mediático para que, cada vez que los ciudadanos salgan a la calle, utilicen ese servicio o vean cómo funciona, recuerden que es uno de los triunfos del hartazgo organizado contra la corrupción. De lo contrario se corre el riesgo de que la lucha contra la corrupción sea la muestra de una sociedad que antepone su dinero a nuevos beneficios sociales, donde lo que se tiene en la bolsa nacional importa, pero da igual en qué y cómo se gasta.
De nada les sirve a los guatemaltecos y al andamiaje institucional del Estado que nadie robe si el dinero no está siendo utilizado para que el país funcione. Porque los verdaderos triunfos son los que se traducen en la cotidianidad de las personas. Y en la medida en que la sociedad civil se concentre en las cosas que van a afectar positivamente su rutina, esta lucha contra la corrupción puede llegar a ser significativa y el punto de inflexión que necesita alcanzar la crisis para lograr una ruptura del sistema corrupto y clientelar.
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