Los pobres, el Gobierno y las fotos de la prensa (I)

Ninguno de los hijos de Emilia Mancilla López terminó la primaria. Fueron 13, el mayor está en Petén, otros dos en Zacapa, cinco murieron. Los demás viven con ella en San Antonio Las Lajas, una aldea ubicada entre San Juan Ermita y Olopa, al este de Chiquimula. Municipios donde  los índices de pobreza superan el 70 por ciento y la agricultura de subsistencia es el único medio de vida: maíz y frijol, sembrados en campos áridos y golpeados por las épocas de sequía.

- ¿Y a qué se dedican?-, se pregunta a doña Emilia, en la puerta de su casa de adobe. Su marido está tirado en una hamaca, con cara de desconfianza, tocando una pequeña guitarra.

- Todos a la agricultura. Yo recojo chatarra y botellas de plástico-, indica con gestos más serenos que los de su esposo.

- ¿Cuánto le sacan a la agricultura?

- ¿Cuánto le sacamos? Sólo para comer-, explica esta madre con 57 años, quien trata de cerrar con disimulo la puerta de la cocina. Ésta, sin embargo, queda entreabierta y se puede vislumbrar en las tinieblas un espacio completamente desocupado, donde resplandecen tres botes de plástico, también vacíos.

- ¿Y qué comen?

- Frijolitos, y cuando nos dan el pisto compramos huevitos…

Casi al mismo tiempo, quizá alertadas por las voces desconocidas, dos muchachas se asoman de dos de las habitaciones de la casa. Ambas están embarazadas. Las dos tienen 15 años y caras de asfixia, en el calor insoportable de las dos de la tarde. Son las esposas de dos de los hijos de Emilia Mancilla, de 25 y 20 años.

- ¿Y por qué sus hijos no terminaron la escuela?

- Ah, porque ya no querían-, contesta ella.

- ¿Cómo que no querían?, yo sí quería-, aclara en un momento Antonio Gutiérrez, su hijo de 20 años. Su madre nos mira con una sonrisa avergonzada.

- Como mucho trabajaban ya no siguieron. Pero el pequeño sí va a terminar la escuela. Ese sí me sirve, agrega la señora.

Las cifras de la vergüenza

Hace cinco años, Guatemala se unió a la lista de países latinoamericanos que apostaban por implementar programas sociales como vía para salir de la pobreza extrema. Brasil, República Dominicana, México o Colombia otorgaban transferencias de dinero a cambio de que los niños asistieran a la escuela o a los centros de salud y otras medidas dirigidas a crear un piso mínimo de protección social a las clases más excluidas.

En el caso de Guatemala, el Estado comenzó a llegar a algunos de los más olvidados. Hoy, un 66.7 por ciento de la población guatemalteca vive en condiciones de pobreza, y un 21 por ciento en pobreza extrema, con municipios, como Santa Bárbara –Huehuetenango- con un 97 por ciento de pobreza y un 64 por ciento de pobreza extrema, según cifras de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

Seis mil millones, pocos avances

Desde que el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) inició el programa, Guatemala ha invertido casi Q6 mil millones en el proyecto (Q5,693,433,936 según datos oficiales de la ejecución presupuestaria de los principales programas del Ministerio de Finanzas). 

Mi Familia Progresa creado hace ya cinco años, institucionalizó las transferencias monetarias a las madres de familia logrando así que un millón de menores de 16 años acudieran a los centros educativos y de salud –muchos se vieron desbordados, sin infraestructura y personal para atenderlos. Mientras  tanto, las bolsas de comida pretendían llegar a personas en riesgo de exclusión social dentro de los núcleos urbanos. Además, se crearon otros programas como Escuelas Abiertas o Becas Solidarias, dirigidas a ofrecer a los jóvenes salidas de la delincuencia y oportunidades para seguir estudiando.

Durante su campaña, Otto Pérez Molina prometió que si ganaba las elecciones continuarían las ayudas –que en algún momento fueron duramente criticadas y auditadas por la oposición- y que el manejo de fondos y su distribución sería más transparente. De esta manera, una de las primeras acciones del gobierno del Partido Patriota (PP) fue crear el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que se consideró necesario para garantizar el buen funcionamiento de los programas, dotándoles de una estructura orgánica y un sistema más ordenado para ejecutar los fondos. Pero para ejecutar fondos hacen falta: fondos.

Menos fondos, menos beneficiarios

Este año, el presupuesto de todo el Ministerio de Desarrollo Social asciende a Q1,400 millones. Una cifra, que aunque parece alta, no alcanza para cubrir los objetivos de los diferentes programas; y el Mides se ha visto obligado a reducir el presupuesto de los mismos, cuyos montos, a excepción de la Bolsa Solidaria, son inferiores a los otorgados por la UNE, con la consiguiente disminución de los beneficiarios.

Mientras que el presupuesto destinado a Mi Familia Progresa  llegó a Q1,117 millones en 2010 –antes de los candados en el Congreso- este año el del Bono de Salud y Educación –el mismo programa con diferente nombre- asciende a Q750 millones, un 50 por ciento menos.

De hecho, una de las partidas con la disminución más significativa ha sido la del Bono de Salud, una de las piezas de Mi Familia Progresa, que otorga a las madres de niños menores de cinco años Q.150 a condición de que los lleven al médico. El Bono de Salud recibió este año Q299 millones, mientras que en 2010 le fueron asignados Q577 millones.

Mi Familia Progresa, a la mitad

Hasta el momento, el Mides tampoco ha comenzado a ejecutar los fondos del Bono de Salud, que se mantienen intactos en las arcas del Estado. Este ministerio tampoco ha ejecutado casi fondos de los programas Jóvenes Protagonistas (antes Escuelas Abiertas) ni el subsidio al transporte para el adulto mayor.

Además, mientras el Gobierno anterior entregaba a todas las beneficiarias el monto de salud y educación, enmarcados dentro de Mi Familia Progresa (Q300 mensuales por beneficiaria), este Gobierno los ha separado en Bono Seguro de Salud (Q150 al mes), para madres de niños hasta cinco años y Bono Seguro de Educación (Q150 al mes), a partir de los cinco, por lo que en la práctica se ha traducido a que muchas de las beneficiarias hayan comenzado a recibir la mitad del dinero.

"Antes nos daban Q600 cada dos meses, era raro que no dieran. Eran más puntuales”, indica Evelyn Villeda, de 31 años y madre de tres hijos, una de las 31 beneficiarias de las transferencias de la aldea San Antonio Las Lajas, San Juan Ermita, Chiquimula. “Hoy es la primera vez del año que nos están dando, y sólo de educación. Y el año pasado también me dieron solo una vez. Antes me daban también por salud. Yo llevé a niños al centro de salud, hasta nos exigían que los vacunáramos”, cuenta Villeda.

María Jesús Gutiérrez es la madre guía de esta aldea, nombrada por las beneficiarias. Es la encargada de coordinar los programas. Gutiérrez explica que 15 usuarias fueron eliminadas del censo, y dice que efectivamente muchas de ellas habían comenzado a recibir la mitad de la cantidad que recibían con la UNE y que en el transcurso del nuevo gobierno sólo habían llegado dos entregas, “aunque el año pasado dieron algunos retrasados de Q600”, puntualiza.

En cuanto a las contrapartidas al dinero, María Jesús Gutiérrez asegura que sí se está solicitando la asistencia escolar a los maestros. Sin embargo, como confirmó el resto de madres presentes, ya no se les obliga a llevarlos al centro de salud. “Ahora sólo vienen a medir y a pesar a los niños, pero no es un médico, y aquí no viene nadie a pasar consulta”, dijo la madre guía.

Menos presupuesto a Jóvenes Protagonistas y Comedores Seguros

La misma disminución se ha podido observar en los  demás programas sociales. Los Comedores Solidarios (ahora Comedores Seguros), que en 2011 llegaron a tener un presupuesto de Q19 millones, este año se redujo la asignación a Q5 millones; y algunos, como el llamado Escuelas Abiertas, destinado a ofrecer salidas lúdico-recreativas a jóvenes de áreas en riesgo, pasó de tener un presupuesto de Q99,167,757 en 2011 a Q14 millones en el actual presupuesto. Además, ha disminuido de 312 Escuelas Abiertas al final del Gobierno de la UNE a 157, según cifras ofrecidas por el Mides. Sobre este asunto, Lucy Lainfiesta indicó que contemplan abrir este año 300 centros destinados a Jóvenes Protagonistas, aunque la asignación presupuestaria lo haga ciertamente complicado.

El único programa que ha recibido más presupuesto que en la anterior administración ha sido el llamado “Bolsa Segura de Alimentos”, el cual ha recibido Q139 millones de presupuesto, y ya ejecutó Q72 millones, el mayor avance dentro del Mides.

¿La bolsa sigue siendo clientelar?

La bolsa de alimentos, cuyo objetivo es llegar a personas del área urbana en riesgo de exclusión social, fue uno de los programas más reprobados durante el Gobierno anterior. Por un lado, se criticaba su objetivo, puramente clientelar y, por el otro, la mala ejecución de sus fondos.

Los malos manejos se hicieron tangibles con el traslado de la documentación del programa desde la Secretaría de Seguridad Alimentaria (Sesan) del Gobierno de Álvaro Colom, al Ministerio de Desarrollo Social, tal como indicó en entrevista con Plaza Pública la Ministra de Desarrollo Social, Lucy Lainfiesta. Ésta mostró documentos sobre desórdenes en la ejecución de los fondos destinados a la Bolsa Solidaria, sobre todo a través del Fondo Nacional para la PAZ (Fonapaz) que a partir de 2010 comenzó a ejecutar también los programas sociales. Lainfiesta aseguró que ya ha presentado varias denuncias en el Ministerio Público con esas evidencias. “Desviaron fondos, se van a ir presos”, aseguró la Ministra.

Así las cosas,  la titular de la Cartera de Desarrollo Social explicó que para la ejecución de la bolsa de alimentos no se han basado en los criterios ni beneficiarios del Gobierno anterior, sino que, a diferencia de otros programas en que se basaron en los listados del gobierno de la UNE, con la bolsa de alimentos elaboraron listados desde cero. 

La Bolsa Segura se entrega, hasta el momento, sólo en municipios del departamento de Guatemala y son las madres guía de cada comunidad las encargadas de identificar a quienes más necesitan los alimentos. Lainfiesta, además, explicó que el sistema de entrega está informatizado. A cada madre se le rellena una ficha digital y se le saca una foto para llevar un conteo preciso del número de beneficiarias y bolsas entregadas. 

“Fuimos con don Jorge”

Así como, en su momento, la entrega de la Bolsa Solidaria resultaba un evento bien aprovechado para que la primera dama fuera fotografiada, también en este gobierno se han hecho varias tomas de los funcionarios  dando abrazos y repartiendo las ahora Bolsas Seguras.

En una visita a Chuarrancho, Guatemala, realizada por este medio para acompañar la entrega de la bolsa segura, pudo comprobarse que, efectivamente, el sistema de entrega está completamente informatizado. Un centenar de empleados del Mides dirigen el proceso. de un total de 17 municipios (ya no se hace casa por casa). Sin embargo, también pudo comprobarse que, al menos en el caso de Chuarrancho, el fin de la misma sigue teniendo un tono clientelar.

Las mujeres llegan al lugar acondicionado por el Mides para la entrega de la bolsa -en este caso la escuela de la aldea Pichín- y trabajadores del Ministerio rellenan sus datos  en una ficha (en el caso de que sea la primera entrega) para, a continuación, pasar a un aula donde una mujer que les ofrece una capacitación de tres minutos sobre el uso de los alimentos o consejos para la educación de sus hijos. Después de recibir la charla, las usuarias se dirigen a unas mesas donde los empleados del Mides, equipados con computadoras portátiles, les sacan una fotografía y comprueban que realmente están inscritas. A continuación y para concluir el proceso, pasan a recoger su bolsa.

Esta consiste en: 10 libras de arroz, 10 libras de frijol, 5 libras de Maseca, 3 bolsas de Incaparina, 2 libras de sal y una bolsa de leche en polvo.

Ciertamente, el proceso de entrega ofrece una sensación de organización y transparencia. Esta percepción termina en el momento en que se pregunta a las mujeres cómo hicieron para recibir la bolsa, a quién se dirigieron. “Yo fui con Don Jorge”, “con Don Jorge”, “con Don Jorge”, responden al menos cinco de las beneficiadas.

-¿Y quién es ese Don Jorge?

-Es el que iba a quedar de alcalde, Jorge Xajap, el del PP. A él le traen la papelería y él la lleva a la capital-, explica Sandra Juárez, con tres hijos, de 7, 5 y 3 años. ¿Es una ayuda la bolsa?, se le pregunta, “Sí, la sentimos como una ayuda, como uno es de escasos recursos, sí sirve bastante, como para un mes”, afirma.

“Sin voluntad política no se mueve una hoja”

Sandra Torres, ex primera dama y principal artífice de los programas, explicó que la disminución del presupuesto y los usuarios es por “falta de voluntad política” del actual Gobierno, más preocupado, según dijo, en la construcción, la seguridad, o los mega proyectos.

“En los programas sociales lo más importante es tener los recursos y que haya la coordinación y ejecución presupuestaria adecuada.  El Mides, si bien es cierto le da institucionalidad a los programas, ahora vemos que no tiene los suficientes recursos”, explicó Torres, quien se encuentra en la actualidad realizando giras por todo el país durante los fines de semana como anticipo a su próxima campaña.

“No es sólo el Mides, ellos tienen que coordinar con otros ministerios, con Educación, con Salud, con infraestructura, que la escuela estuviera en buenas condiciones, que hubiera baños, letrinas, refacción, maestros, que estuvieran las vacunas, los médicos, vita cereal para la desnutrición. Es todo un conjunto. Por eso es que a ellos no les funciona el programa Hambre Cero. La intención de este programa es correcta, pero ellos no tienen la capacidad de ejecutar, dirigir, coordinar, porque si no hay voluntad política no se mueve ni una hoja del árbol”, puntualizó.

Torres enumeró los logros que se consiguieron durante su polémica gestión, como la disminución de un 2 a un 3 por ciento de la pobreza extrema, “Un millón de niños llegaron a las escuelas”, y añadió la apertura de nuevos centros de atención primaria, “en el Gobierno pasado se abrieron 189 centros de atención permanente, en lo que va de año ellos no han dado ni una sola ambulancia”, dijo. Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del año 2011, la pobreza extrema se redujo 2 puntos durante los años en que se estuvieron entregando las remesas condicionadas  una reducción de la pobreza que no se había dado ni siquiera en los años de mayor crecimiento económico.Según el estudio de Encovi del año 2000, la pobreza extrema era del 15.70 por ciento, en 2006 ésta sólo bajo 0.5 puntos, y se ubicaba en un un 15.20 por ciento. Sin embargo, en 2011, tras cuatro años de entrega de las transferencias condicionadas, la pobreza extrema bajó hasta un 13.33 por ciento. 

La ex primera dama acusa al actual gobierno de que la mitad de las personas que accedieron al censo para la entrega de las transferencias condicionadas han sido eliminadas y sustituidas por otras, siguiendo criterios partidarios. El diputado de la UNE, Carlos Barreda, quien desde la bancada realiza una fuerte fiscalización del gasto de los recursos de los programas sociales, indicó que según se rumorea en el Congreso los beneficiarios del bono son propuestos por los alcaldes y diputados. Sin embargo, Barreda no da datos concretos.

Ronald Ochaeta, de Acción Ciudadana, organización que realiza un estudio sobre las debilidades y fortalezas de los programas sociales con el actual Gobierno, fue más concreto y puso como ejemplo a Tzununá, aldea de Santa Cruz la Laguna, Sololá. “Hay un caso que nosotros tomamos en Tzununá donde los líderes comunitarios, el Cocode, el acalde tienen capturado literalmente el programa. Ellos dicen quiénes entran y salen. Tienen que ser del Patriota, así, tan claro”, ejemplificó.

“Se está dando fondos a las mismas personas”

Sin embargo, la ministra de Desarrollo Social, Luz Lainfiesta, niega las acusaciones e indica que se está utilizando el mismo censo y el mismo sistema que recibieron del gobierno anterior; y se está dando el dinero a las mismas personas incluidas en éste. Por lo tanto, agregó, es “falso” que se estén utilizando criterios partidistas. “Nosotros tenemos eso estandarizado, llenamos una ficha socioeconómica. La ficha se ingresa en el sistema, que le da un valor a ciertas variables: vivienda, situación de la madre, número de hijos, y se hace un número”, indicó.

Lainfiesta agregó que de las 865 mil personas que había en el censo anterior, sólo sacaron 100 que ya no estaban vigentes en el mismo, y otras 16 mil por comprobar, que habían salido de la pobreza extrema. Para respaldar su credibilidad, explicó que al crear el ministerio invitaron a 16 instituciones tanto nacionales como internacionales para depurar este censo.

Wilson Romero, economista y el director de proyectos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) de la Universidad Rafael Landivar, fue uno de quienes colaboró con el Ministerio de Desarrollo Social para la depuración del padrón.

“Al empezar el Ministerio nos reunieron a un grupo de centros de investigación para revisar el padrón, que había sido duramente criticado por el gobierno entrante. Pero nos dimos cuenta de que no se podía hacer un nuevo padrón, porque no hay censo”, contó Romero, en referencia a que el último censo de Guatemala es del año 2002.

“El Gobierno tenía urgencia porque era una necesidad política. Nosotros podíamos revisarlo todo, pero nos tardábamos de tres a cuatro meses. Es un trabajo enorme y lleva tiempo; y lo querían en 15 días. Lo que nosotros hicimos fue de inferior calidad a lo que ya había hecho el gobierno de Colom, porque ellos hicieron el censo, con todas las deficiencias que tiene, y lograron presentar un padrón”, explicó Romero.

En todo caso, el economista opina que “la corrupción no está ahí” y que en un país con índices tan altos de pobreza es muy probable que las personas que reciben las transferencias realmente las necesiten.

“Si vas a un municipio que es sumamente pobre, de cualquier persona que escojas la posibilidad de que sea pobre es alta, por lo tanto ahí el padrón que era importante en la selección no era crucial, porque vas a un lugar, tiras el anzuelo y pescas a un pobre, y nosotros lo podemos comprobar. En promedio, un 94 o 95 por ciento de las transferencias sí estaban bien adjudicadas”, dijo.

El crecimiento económico no reduce la pobreza extrema

A juicio del economista, la gran debilidad de los programas sociales es que no son la prioridad del Gobierno. “La prioridad de este Gobierno es el crecimiento económico, la generación de empleo con la idea de que éste va a generar crecimiento económico. Y por eso ves el tema de las minerías, del cultivo de la palma africana, las propuestas económicas que están en el Congreso para hacer casi todo el país como maquila más o menos, exoneraciones fiscales, favorecer al empresario para pagar por hora… todo va a enfocado a eso. Ése es el principal esfuerzo. Entonces la política social pasa a un plano… ni siquiera segundo, con menos presupuesto, menos recursos humanos. Por eso no tiene la capacidad institucional ni los recursos para iniciar un programa de desarrollo social”, aseguró Romero.

Para sacar al país de la pobreza, explica Romero, no basta con los programas sociales, sino que es necesario un plan conjunto de acciones, “una política nacional, acompañada de la política rural, una política del seguro social y con un componente, las transferencias. Digamos que las transferencias ya son un avance por sí solas, pero sólo consiguen causar un efecto real si se entregan durante 12 años, si permiten que una niña o un niño puedan concluir sus estudios de básico”, sentenció.

Así, aunque los programas sociales, sobre todo las remesas condicionadas, hayan logrado que las personas que lo reciben hayan incrementado su nivel de consumo, con la consiguiente disminución de la pobreza extrema, el Gobierno todavía no ha conseguido crear las condiciones mínimas para que estos ingresos se traduzcan en una transformación real de las familias que las reciben. Aunque el Mides insiste en trabajar con orden y transparencia, pareciera que aún hay grandes baches por cubrir si existe un interés real por cambiar los índices. Un quetzal siempre valdrá más cuando la persona que lo recibe tiene asistencia médica gratuita, tiene carreteras para desplazarse, capacitación o empleo digno. 

A la aldea San Antonio Las Lajas, al igual que a Olopa, al igual que a Chuarrancho, se accede por un camino de terracería. Y, doña Emilia durante un mes, o el tiempo que le duren los Q300, podrá comer más tomates y más huevos gracias al apoyo recibido. Cuando su hijo termine la primaria, doña Emilia dejará de recibir el bono seguro, y su vida volverá a ser la misma que la de hace cinco años.