En el caso de la agenda social, dentro de las prioridades que estableció la actual administración hay cuatro que resumen en buena medida lo que quisiera lograr para el 2019: reducir en cinco puntos porcentuales la pobreza general y la pobreza extrema, reducir el coeficiente de Gini por debajo de 0.50 (es decir, reducir también la desigualdad) y disminuir la prevalencia de desnutrición crónica en diez puntos porcentuales en niños menores de dos años.
No la tienen fácil. Sobre todo, a juzgar por el desempeño reciente que ha tenido el país: la pobreza ha aumentado, la economía no está creciendo lo suficiente y la capacidad redistributiva del Estado es todavía una página en construcción.
Ante tal escenario es clara la necesidad de tener una estrategia, institucionalidad y recursos públicos suficientes para alcanzar metas de ese calibre. Es ahí donde el operador por excelencia, el armador del juego, es el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Los ministerios de desarrollo social de la región usualmente tienen dos tareas muy pesadas y políticamente complejas: por un lado, coordinar la acción del Estado para llegar a la población más necesitada y, por otro, implementar una batería de programas sociales típicamente focalizados en territorios y poblaciones en condiciones muy precarias y vulnerables.
Pero, más allá de la letra muerta y de indicadores fríos, quizá la pregunta que varios se hacen en Guatemala es por qué deberíamos dedicar recursos fiscales a un ministerio de desarrollo social, por qué un Mides para un país tan pobre con un Estado tan enclenque. La respuesta recae justamente allí, en los indicadores de bienestar del país: muchos pobres, demasiados niños desnutridos y excesiva desigualdad de oportunidades. Por lo tanto, es muy necesaria la acción pública para nivelar la cancha de los que no están siendo capaces de beneficiarse del progreso y desarrollo que sí gozan otros.
Desafortunadamente, nuestro Mides tuvo un arranque difícil a causa de la corrupción y la politización que le cayeron encima durante el gobierno de Pérez Molina. Eso fue ampliamente conocido y le hizo un enorme daño. A lo hecho, pecho, y este primer año hubo que dedicarlo a recuperar credibilidad y transparencia.
De ahora en adelante toca imprimirle un sentido de dirección estratégica, algo que en la actual coyuntura puede significar tres cosas, tres espacios de acción sobre los que deberían concentrarse toda la energía, el capital político y los limitados recursos fiscales de que dispone la institución.
En primer lugar, urge construir, comunicar e instalar un discurso de protección social en Guatemala. El imaginario de los chapines no reconoce la importancia y necesidad de que existan redes de protección social quizá porque nunca hemos gozado realmente de ellas, lo cual sí han conseguido otros países similares al nuestro. Eso debe cambiar, y parte del cambio pasa por darle contenido al discurso político y ejecutar una buena estrategia de comunicación.
En segundo lugar, es urgentísimo estabilizar el programa de transferencias monetarias condicionadas (TMC). En América Latina, los programas de TMC han sido punta de lanza para las estrategias de reducción de pobreza. Pero para que cumplan su función hace falta 1) que dichas transferencias efectivamente lleguen a la población objetivo y 2) que lo hagan con la regularidad que se requiere. De otra manera, su efectividad se compromete y, con esta, la eficiencia de dicho gasto público.
Y en tercer lugar, hay que apostarle a la innovación y desarrollar una política de protección social de nueva generación. Hay que innovar a partir de la experiencia regional y mundial. Afortunadamente contamos con buenos referentes. Allí están la capacidad de evaluación de la política social que ha desarrollado México a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el registro de beneficiarios que tiene Colombia con su Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) y su medición de pobreza multidimensional o las innovaciones de Perú con su Haku Wiñay, que vincula protección social con fomento productivo. Tres ejemplos de cómo podemos poner nuestro ministerio a tono con las discusiones regionales.
En todo caso, cualesquiera que sean las prioridades del gobierno de turno, debe quedarnos claro que hay un enorme valor y una importancia estratégica en contar con un Mides consolidado y eficiente para desarrollar el país. Pero ese es un mensaje que debe construirse, emanar del más alto nivel político y ser acompañado por una base amplia de la sociedad que entienda y reconozca la urgencia de construir una institucionalidad pública que evite saltos al vacío, como los que hoy tiene que dar a diario una inmensa mayoría de guatemaltecos.
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