De cómo destruyes la institucionalidad de un país (y que no sea la «izquierda»)

Cualquier consultor político, por neófito que sea, tiene claro que se ha llegado precisamente al punto de no retorno. Digo lo anterior en razón de que es ilógico pensar que la administración Morales finiquita de forma unilateral el acuerdo con Naciones Unidas referente a la Cicig y que 24 horas después (en atención a amparos y resoluciones del máximo tribunal del país) vaya a dar marcha atrás.

Lo que sucedió el 7 de enero es una decisión que va a marcar el futuro político del país como ninguna otra y que afectará la posibilidad de construir una democracia republicana sólida. Incluso, afecta (y afectará) las posibilidades de captar mayor inversión. Por ende, también hay que apuntar que la élite económica del país ha cometido un gravísimo error al avalar de manera gremial la decisión del presidente Morales.

Vamos al grano.

Ni siquiera tiene sentido ya discutir sobre si la experiencia Cicig ha sido útil o no, aunque toda la evidencia apunta a que lo ha sido. En el sentido de introducir nuevos mecanismos que apoyen los procesos de investigación penal, así como en el sentido de formar y capacitar al aparato de justicia, hay un antes y un después desde la llegada de la Cicig. Tampoco vale ya la pena discutir sobre los abusos que se le imputan a la comisión, pero no está de más apuntar que buena parte de ellos son en realidad responsabilidad de un sistema de justicia y de un sistema penitenciario a los cuales jamás se les había puesto atención alguna. En esencia, lo que este artículo pretende es mostrar la importancia de las formas adecuadas para terminar una relación contractual o lo que en este caso ha sido la interrupción temprana del convenio que da vida a la Cicig.

El detalle de la verdad está en las formas.

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Es muy importante tener en cuenta lo anterior porque las contradicciones se hacen patentes. Tan solo el fin de semana pasado Guatemala se sumó a la condena de Venezuela por parte del Grupo de Lima. ¿Qué preocupa con relación a Venezuela? Al margen de las violaciones de derechos humanos, preocupa el sistemático desconocimiento del Ejecutivo de los otros dos poderes y el desprecio que el régimen de Maduro tiene hacia los organismos de Naciones Unidas por considerarlos —entre otras cosas— enemigos invasores. ¿Suena conocida la retórica? Sí, bajo el pretexto de defender la soberanía se justifican acciones que ocultan rasgos personalistas sobre la conducción de la administración pública, corrupción, violación de derechos humanos, etc. Hoy en día cualquier nación que se enemista con el sistema internacional bajo el argumento de proteger la soberanía tiene esqueletos en el clóset. Hay que ser honestos: ¿a quién le gusta la fiscalización? Por lo visto, ni al presidente Maduro ni al presidente Ortega ni al presidente Morales.

Pero, a ver, concedamos el argumento de la soberanía y el de la prerrogativa del Ejecutivo para conducir la política exterior. Concedamos el argumento (falso) de que el comisionado Velázquez se extralimitó en sus funciones. Concedamos el argumento de que la Corte de Constitucionalidad no debía pronunciarse sobre el fallido intento de declararlo persona non grata. ¿Significa todo lo anterior hacer caso omiso de las reglas y los procedimientos que regulan la relación entre el Estado de Guatemala y la comisión internacional?

Esta es la pregunta de fondo.

Y es importante resolverla por dos razones.

Primero, porque es clarísimo que la premura en cerrar la tienda sin seguir las reglas demuestra que el problema con la Cicig es una cuestión personal del presidente Morales, de buena parte de la clase política y del sector empresarial. La verdad de las cosas está siempre en el detalle de las formas. El acuerdo que da vida a la Cicig simplemente no se puede denunciar por mucho que se pretenda defender la soberanía. No se puede denunciar de forma unilateral por parte del Estado de Guatemala en virtud del artículo 11 del acuerdo. Si el Estado de Guatemala quiere cancelar el acuerdo, debe, como en toda relación contractual, plantear sus argumentos y hacerlos valer ante la contraparte. En toda relación contractual surgen controversias y hay mecanismos aceptados y legitimados para resolverlas. Y si estas no pueden resolverse, simplemente se procede a la terminación del contrato respetando los plazos establecidos.

Por lo tanto, si la administración del presidente Morales no tiene ningún problema personal con la Cicig, ¿qué le costaba esperar hasta septiembre de 2019 (fecha en que concluye la estancia de la comisión)?

Este es el pequeño detalle: la prisa y la premura para deshacerse de un comisionado y de un mecanismo de Naciones Unidas que había metido los dedos en la llaga. Con la misma premura y con las mismas buenas maneras, otros jefes de Estado se han sacudido los mecanismos del sistema internacional (díganse Maduro y Ortega) por considerarlos enemigos de la nación. Ojo a este detalle: no es que la izquierda en Guatemala entienda y acepte mejor las nociones de la transparencia, la fiscalización, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, pero en este momento quienes han violado los principios republicanos más básicos y han mostrado una arbitrariedad personalista en el manejo de la política exterior están en el espectro de la derecha.

Segunda razón. El comportamiento anterior (la premura en cerrar la tienda) abre un pozo de incentivos perversos para que la actual administración se atreva a realizar acciones aún más perversas en detrimento de la calidad democrática. Si ya se han atrevido a terminar unilateralmente un convenio con Naciones Unidas rompiendo todas las reglas del proceso, ¿estamos claros de que atreverse a cualquier otra cosa es más fácil aún?

Con esto regreso a la entradilla de este artículo y a la referencia al cruce del Rubicón. Aunque la Corte de Constitucionalidad se pronunciara, ¿qué incentivos existen ahora para acatar cualquier sentencia? Aquí es donde se abre una espiral horrenda de posibilidades construidas sobre el desconocimiento de las reglas. Y es importantísimo tenerlo en cuenta.

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Esta gravísima crisis se presenta a las puertas de un proceso electoral. Lo que ha hecho la actual administración reduce todo incentivo a que los actores políticos respeten las normas del juego. Un escenario que ya no es alocado: si la administración Morales ya se ha dado el lujo de hacer caso omiso de lo dicho por el mayor tribunal judicial del país y de anular unilateralmente un convenio con Naciones Unidas (repito: cosa que no puede hacer porque, si bien el artículo 183, inciso o, de la Constitución le da la potestad al presidente, se debe interpretar en conjunto con el 149 de la Constitución), ¿qué evitaría que decidiera cancelar (ya no digamos aplazar) el proceso electoral?

No hay forma jurídica de cancelar las elecciones, pero ya nos quedó claro que en Guatemala el vicio personalista tiene más peso que las reglas formales. Por suerte, el proceso electoral no va a ser entorpecido por la actual administración o por los actores políticamente relevantes, ya que resulta la mejor manera de hacer borrón y cuenta frente a sus recientes acciones.

Lo que ha pasado en los últimos meses, con un Ejecutivo que hizo oídos sordos de la expresa orden del máximo entre superior de justicia, que le ordenaba no entorpecer las funciones de la comisión, debe preocupar a cualquier republicano, ya sea de izquierdas o de derechas. La lentitud en otorgar las visas de trabajo, de cortesía, y la retención de uno de los funcionarios de la Cicig —de nuevo, en expresa violación de la sentencia de la CC— deben preocupar a todo aquel que honestamente sea liberal, republicano y demócrata. Independientemente de si se orienta a la izquierda o a la derecha. Si detestas a Chávez por haber cancelado de forma unilateral sus obligaciones ante los inversionistas o ante el sistema internacional (su intentona de salir de la OEA sin seguir los procedimientos), lo del 7 de enero es exactamente lo mismo, solo que aplicado a la conducción de la política exterior. ¿O acaso se justifica el criterio personalista en la conducción de los asuntos públicos? Los argumentos, o son de principio, o son por razones ideológicas o por posición de clase.

El sector privado organizado no está exento de las preocupaciones que apunto al haber avalado de forma gremial lo que sucedió el lunes. ¿Entienden la implicación de avalar que un gobierno no respete normas, procedimientos y obligaciones? Con la misma unilateralidad con la cual se denuncia un tratado frente a Naciones Unidas, el día de mañana cualquier gobierno puede desconocer la propiedad privada, el régimen de inversión, etc. Precisamente lo anterior no se entiende de quienes siempre han hecho énfasis en la certeza jurídica.

A más de tres décadas del retorno a la democracia, la calidad democrática del país mantiene de forma subyacente —y fortalecida— buena parte de los viejos vicios.

Cito algunos: el Ejecutivo recurre al vicio pretoriano para hacer valer su voluntad, no parece existir la noción de árbitro final o de tribunal máximo que asegure la gobernabilidad (la primacía de las reglas aceptadas por todos los actores políticamente relevantes), se sacrifica la meritocracia por los objetivos personalistas y en el escenario aflora con mucha fuerza la posibilidad de una ruptura del orden constitucional.

Grave. Gravísimo.

Pero, paradójicamente, fue la derecha, y no la izquierda (como se habría pensado), la que puso al país en este escenario y lo acercó a los modelos ideológicos que tanto detesta.