También tiene uno de los indices de presupuesto más bajo. Esto cambió hace unos días. A partir del 2 de mayo la presencia del Estado aumentó repentinamente. No, no llegaron más maestros, médicos, agrónomos o trabajadores sociales. No llegó Caminos a hacer caminos o UNEPAR a construir sistemas de agua o alcantarillado. Llegaron soldados y policías.
Pero no llegaron para cuidar a la población ni para capturar a los asesinos de Andrés Francisco. No, llegaron para poner en orden a “personas conflictivas de las aldeas”. Así lo explicaron las autoridades (incluyendo al presidente Pérez Molina) que llegaron al Municipio. Un agregado: mencionaron a los extranjeros que los movilizan y los preparan para enfrentarse al gobierno o a las mineras/hidroeléctricas, pero pregunto; ¿no son extranjeros también los inversionistas de la Hidro Santa Cruz y de otras inversiones de este tipo?
Este conflicto en Santa Cruz Barillas era prevenible y previsible. Así como este hay no menos de 100 comunidades que están al borde de la conflictividad social. No hay que ir tan lejos tampoco. San Pedro Ayampuc. Tenemos una bomba de tiempo en Chajul, donde se ha evitado hasta ahora lo que sucedió en Santa Cruz Barillas porque dos de las partes (inversionistas y los líderes de las poblaciones) han estado conversando y buscando mecanismos que permitan que el desarrollo llegue también a las comunidades y no solo lo vean pasar en los cables de alta tensión.
No es culpa de las empresas nacionales y extranjeras que están haciendo inversiones en estas comunidades. Pero por ausencia del Estado, en estos lugares estas empresas están pagando los platos rotos. Tenemos que comprender que el gobierno (Estado en general) ha desatendido las necesidades de estas comunidades y aunque no es responsabilidad de las empresas (nacionales o extranjeras) que llegan a instalarse en las comunidades, es función del Estado determinar como resolverá esa desatención histórica e integrar al desarrollo a esas comunidades. Estos conflictos están haciendo cola. Chixoy fue hace 40 años y las comunidades alrededor siguen sin tener acceso al desarrollo ni a energía eléctrica!. Una y otra vez han quedado marginados y el Estado no solo no ha intervenido para apoyarlos sino en todo caso llega a defender los intereses del inversionista. Claro, la certeza para los inversionistas es prioridad sobre la certeza para los pobladores de las comunidades.
Muchos no entendemos por qué se oponen a generación de energía limpia y más barata. Pocos comprendemos que el problema no es la hidroeléctrica. El Estado en su conjunto tiene una responsabilidad acumulada enorme. Por décadas, estas comunidades no fueron atendidas y sus necesidades no han sido cubiertas. El gobierno actual no es responsable de ese abandono, pero le toca decidir si lo enfrenta y resuelve o lo deja para futuros gobiernos.
Tampoco es culpa del gobierno actual la desatención que han tenido estos conflictos en los últimos 15 años. No es culpa del gobierno actual, pero tiene la oportunidad, esta administración, de encontrar los mecanismos que permitan que se dé la inversión en hidroeléctricas de una forma que impacte negativamente lo menos posible a las comunidades, dañe lo menos posible el entorno ecológico y permita que las comunidades sean partícipes del desarrollo que tanto se cacarea llegará.
Sí, debe haber Estado de derecho, sí debe darse certeza a los inversionistas y sí debe poder promoverse el desarrollo sostenible del país. Pero, también debe haber Estado de derecho para los pobladores de las comunidades, certeza de que serán atendidas las necesidades básicas insatisfechas históricamente y que serán parte de ese desarrollo integral de sus comunidades. Además debemos encontrar mecanismos que permitan disminuir la intensidad de la conflictividad social y así evitar nuevos casos como el de Santa Cruz Barillas.
Esa no es función de las empresas o inversionistas. Esa es función del gobierno. Si no el gobierno ¿quién?, si no ahora ¿cuándo?
Dios los bendiga y les recuerdo que toda la gloria, la honra y el honor son siempre para Jesús.
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