El diálogo, toda vez que sea legítimo, abierto y transparente, debe ser siempre la vía privilegiada para resolver conflictos. Varios sectores han formulado ya propuestas para dialogar: el Grupo de los Cuatro (G4), integrado por el Procurador de los Derechos Humanos, la Universidad de San Carlos y las Iglesias católica y evangélica; Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP); la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes); el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif); el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos; grupos de politólogos y de abogados, etc.
Ahora bien, aunque en principio (y solo muy en principio) estas propuestas lucen bien, hay defectos importantes que a la fecha impiden un diálogo legítimo. Primero, el secretismo y la opacidad en las reuniones entre Jimmy Morales, el Cacif, el magisterio y la Alianza Evangélica de Guatemala. ¿Por qué a puerta cerrada? ¿Por qué no publican las grabaciones (no pretendan hacernos creer que no las grabaron)? ¿Por qué solo con esos sectores percibidos como aliados del defensor de corruptos? ¿Se negoció ya una agenda legislativa de interés para el Cacif, el magisterio de Joviel Acevedo y la alianza evangélica, los sectores que acudieron a las reuniones secretas? ¿Acaso el pacto colectivo del magisterio, la regulación del Convenio 169 o más privilegios fiscales injustificados?
Porque, a ver, para un diálogo verdaderamente legítimo hay que ser honestos y transparentes. Yo empezaría con condiciones muy básicas y elementales: primero, publicar las grabaciones de esas reuniones secretas; segundo, que se entreguen y den la cara los cabecillas del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Édgar Ovalle Maldonado y Herber Armando Melgar Padilla, típicos militares delincuentes, prófugos de la justicia y cobardes descarados, los hombres de confianza y asesores principales de Jimmy Morales.
Luego, las discusiones deberían observar un criterio de transparencia total, por ejemplo ser televisados usando el canal del Congreso. Además, debería llevarse una bitácora y registro público en Internet de los documentos y las propuestas que conozca la mesa de diálogo. Finalmente, debe haber una exposición clara, detallada y circunstanciada de las quejas de Jimmy Morales en contra del MP y la Cicig y, luego, una exposición clara, detallada y circunstanciada de Aldana y Velásquez sobre el respaldo legal y formal de sus actuaciones.
Ese sería el espacio mínimo adecuado para responder a los argumentos del alfil de Jimmy Morales, Acisclo Valladares Molina, que alega supuesto litigio en los medios y abusos en las conferencias de prensa del MP y la Cicig (el único que ha presentado argumentos). Por cierto, muy diligente cuando se expone a los medios de comunicación a empresarios capturados y procesados por evasión de impuestos y financiamiento electoral ilícito, pero misteriosamente guarda silencio cuando el capturado es un marero al que se le desnuda el torso para mostrar sus tatuajes. ¿Será, por cierto, que para Acisclo Valladares un empresario de alcurnia evasor de impuestos y financista de la corrupción electoral vale mucho más que un marero tatuado y merece más recato y discreción cuando se lo captura por sus delitos? La justicia debería verlos como delincuentes iguales, ¿o no?
Sirvan estas reflexiones para extremar los cuidados con estos llamados al diálogo. No vaya a ser que venga, cual lobo con piel de oveja, una negociación espuria de cuotas de impunidad a cambio de la sacrosanta estabilidad. Porque, de hecho, Guatemala es uno de los mejores ejemplos de cómo disfrazar una negociación espuria de diálogo con apariencia de legitimidad. Así que diálogo legítimo sí, ¡negociar impunidad no!
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