Dos mil policías y decenas de kaibiles protegen a Morales en la celebración de la independencia

Los dos eventos se registraron dentro de un radio de menos de mil metros cuadrados, aunque los campesinos, convocados por el Comité de Desarrollo (Codeca), para llegar a la Plaza de la Constitución, donde se concentraron durante casi cuatro horas, debieron de caminar decenas de kilómetros desde cuatro puntos de la capital —Metronorte, Trébol, Obelisco y Periférico—. Lo hicieron de forma pacífica, ordenada y jovial, con el acompañamiento de estudiantes universitarios y activistas de diversos colectivos urbanos.

Mientras los campesinos —unos 25.000 según los líderes de Codeca— se movilizaban en la madrugada desde sus comunidades para participar en la marcha, los 2.170 agentes de la policía asignados para brindar seguridad en las actividades previstas para el día, se concentraban en la sede central de la Policía Nacional Civil, para que horas más tarde fueran asignados a los puntos previstos neurálgicos previstos por sus superiores: el Congreso de la República, el Palacio Nacional de la Cultura, la Casa Presidencial, y los alrededores de esas instalaciones. La orden fue clara y precisa: nadie sin ser previamente identificado puede pasar los cordones de seguridad por donde transitaria el presidente Morales, el vicepresidente Jafeth Cabrera Franco, y sus comitivas.

La mayoría de los agentes iban desarmados, y aunque su amplía presencia generó rechazo y malestar entre los transeúntes, no provocaron el temor que despertaron los cerca de 50 kaibiles del Ejército que armados con fusiles de asalto y pistolas se ubicaron en las afueras del Congreso mientras el presidente Morales participaba en la sesión solemne.  

La de este miércoles fue la segunda ocasión en que Morales visita el Palacio Legislativo en el transcurso de este año, y también la segunda en que llega resguardada por kaibiles. La primera fue el 14 de enero pasado, cuando presentó el informe de su segundo año de gobierno. En esa ocasión, apenas unos meses antes había sido protegido por los diputados para que no fuera investigado por el Ministerio Público y la Cicig por un caso de financiamiento electoral ilícito. Esta vez, una segunda petición para que le sea retirada la inmunidad es analizada por una comisión legislativa.

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Para poder informar sobre la sesión solemne del Congreso, los periodistas que cubren esa fuente debieron pasar por tres estrictos controles de seguridad; incluso fueron obligados por los agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) a encender sus computadoras y mostrar sus equipos de grabación.

De las 220 personalidades que fueron invitadas por la Dirección de Protocolo del Congreso a la celebración, solo cien asistieron. Entre los grandes ausentes se encontraban la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, y el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga. La Dirección de Comunicación del Congreso informó que Porras Argueta se excusó y que Arreaga confirmó participación, pero no llegó. Rodas Andrade informó en redes sociales que no asistiría a la sesión debido a la “presencia innecesaria e intimidatoria del Ejército”. Los diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia, Winaq, URNG, y algunos de la Unidad Nacional de la Esperanza también se abstuvieron de participar por la misma razón.

El quórum del Legislativo no llegaba a los 90 congresistas. La bancada del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) se encontraba casi completa. Los bloques aliados, Todos y Movimiento Reformador también se hicieron presentes; el resto de las bancadas se encontraban incompletas.

Los discursos de los presidentes del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, y del Ejecutivo, Jimmy Morales, se centraron en la religiosidad y el nacionalismo. “Lo que protege al individuo es la familia, la tradición, el temor de Dios”, señaló Arzú. Lo que lo destruye —al individuo— indicó, es el intento de dejarlo envuelto en propaganda y sentimentalismo. El presidente del Congreso denunció que hay grupos en el país que buscan perjudicar al Estado a través de un ataque sistemático a la familia, la defensa del medio ambiente, los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción. Acerca de este último, señaló que era “el más irónico de los ejes ideológicos de la corrección política”. “Nadie en su sano juicio y con sentido común se opone a la lucha contra la corrupción”, señaló, pero ante todo, agregó, se debe mantener la soberanía del país sobre otra clase de fuerzas.

El legislador finalizó su discurso con una crítica a la “corrección política” y los daños que causa en la sociedad. “No permitamos que continúe la división entre nosotros. No permitamos que vengan a decirnos cómo pensar, cómo vivir y cómo debemos educar a nuestros hijos”.

El discurso de Morales siguió la misma línea de Arzú Escobar, pero agregaría un detalle: la fe como identidad del guatemalteco. “La Constitución inicia invocando el nombre de Dios”, señaló el mandatario para justificar que la fe religiosa sea el fundamento de un Estado laico. “La fe nos une a los guatemaltecos. A ti que tienes fe en Dios, te invito a que tengas fe en ti mismo como guatemalteco”, dijo como mensaje motivacional.

Durante dos ocasiones recibió aplausos. La primera vez cuando habló de la libre emisión del pensamiento y el respeto al disenso. La segunda después de un momento incómodo: “Somos libres, soberanos e independientes. ¿Es así?”. Un silencio. Luego una voz que gritó “Sí” desde el fondo del hemiciclo. El mandatario volvió a decirlo, esta vez a manera de pregunta. Aplausos.

Ni Arzú ni Morales hicieron alusión a la Cicig, al comisionado Iván Velásquez ni a las resoluciones que deberá emitir en los próximos días la Corte de Constitucionalidad respecto a la crisis política e institucional desatada por la disposición del mandatario de impedir el ingreso al país del jefe de la comisión contra la impunidad y de no renovar su mandato para impedir que continúe con las investigaciones de casos de corrupción.  

“Iván se queda”

Los miles de manifestantes que fueron convocados por Codeca, en cambio, no hablaron de otra cosa más que de la Cicig, de Velásquez, de Jimmy Morales y de los diputados que integran el denominado “pacto de corruptos”.

La manifestación de Codeca formó parte de las protestas organizadas por el movimiento social para exigir al gobierno dar marcha atrás en su disposición de no renovar el mandato de la Cicig y de impedir el ingreso al país de Velásquez, así como para demandar a Morales que renuncia al cargo y que se allane ante los tribunales para ser investigado por los señalamientos que el Ministerio Público y la Cicig han planteado en su contra por financiamiento electoral ilícito.

Pasadas las 9:00 horas, la columna de manifestantes de Codeca que se reunió en el Obelisco, llegó a la municipalidad. El grupo estaba conformado por particulares, líderes religiosos y representantes de organizaciones campesinas de Ayarzá, Santa Rosa; Melchor de Mencos, Petén; San Pedro Ayampuc; y Jalapa.

Los y las manifestantes pedían la renuncia de Morales, permitir que la Cicig y Velásquez continúen su trabajo, el respeto a las tierras y el medio ambiente, que se anule la iniciativa por medio de la cual se pretende reformar en el Congreso la Ley de Antejuicios, y que se investiguen los asesinatos los líderes de Codeca que se han registrado en los últimos meses. “Para terminar con el empresariado corrupto, pedimos una asamblea constituyente, popular y plurinacional”, sugerían.

Las cuatro columnas de manifestantes se mantuvieron pacíficas durante sus trayectos, a pesar de las provocaciones de algunos automovilistas.  

—¡Huevones! ¡Vayan a trabajar! —les gritaron al pasar al lado de la manifestación.

— Algunos compañeros pasan gritando que no queremos trabajar y que por eso venimos a manifestar. Sabemos que no es así, somos una fuerza, y aunque algunos no entiendan, nosotros estamos aquí porque queremos sacar a la corrupción —reaccionó uno de sus dirigentes.

Codeca es un movimiento indígena y campesino que desde 2016 se ha pronunciado en contra del gobierno, asegurando que las instituciones del Estado, tal y como lo ha denunciado la Cicig, se encuentra “cooptadas” por grupos que impiden el avance del país. Desde entonces han solicitado la renuncia de Morales.

Al menos seis integrantes de Codeca han sido asesinados en lo que va de este año, sin que se hayan esclarecido sus crímenes.

“También manifestamos por esos compañeros que han sido asesinados, porque estamos ante un Estado corrupto y asesino”, dijo Neftalí López, uno de los dirigentes manifestantes.

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La “refundación del Estado” por medio de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, ha sido una de las principales reivindicaciones de esa agrupación. “Es necesaria la participación del pueblo, de los indígenas, de quienes emprendemos desde nuestros territorios”, agrega López.

Desde hace más de cinco años miembros de Codeca son señalados por la empresa distribuidora de electricidad, Energuate, de “robar” energía a esa compañía la cual es “vendida” a diversas comunidades. Y aunque existe una fiscalía especial del Ministerio Público que investiga esos casos, esas supuestas prácticas no han sido controladas. Los líderes de esa agrupación niegan las acusaciones, aunque reconocen una disputa frontal con Energuate y levantan como principal reivindicación social la nacionalización de la producción y distribución de la electricidad.

En la actualidad Codeca es la más grande organización de indígenas y campesinos del país, y la que más rechazo enfrente en diversos sectores políticos, empresariales y sociales del país, por sus posiciones radicales. El Movimiento Político para la Liberación de los Pueblos, su “brazo político”, está a un paso de convertirse en partido político y de participar en las elecciones generales del próximo año.

Los manifestantes intentaron pasar frente al Congreso, pero fueron persuadidos de ese propósito por la presencia policial. Para “evitar confrontaciones”, señalaron sus líderes, optaron por seguir hacia la Plaza de la Constitución. Ahí se concentraron durante más de tres horas, hasta que fueron dispersados por un fuerte aguacero.

Antes de ellos, en la plaza se sumaron otros grupos campesinos y colectivos urbanos, así como estudiantes de la Universidad de San Carlos, convocados por la Asociación de Estudiantes Universitarios.

“Non gratos”

Concluida la sesión solemne del Congreso y la manifestación en la Plaza, los estudiantes protagonizaron el acto simbólico más trascendental de la jornada: la declaración de personas non gratas al presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera, por parte del Consejo Superior Universitario de la universidad estatal.

“No hubo posturas en contra, solo algunos que se abstuvieron de votar”, declaró Neidy Morales, representante de los estudiantes de Agronomía ante el Consejo Superior Universitario, tras la votación de la iniciativa que fue promovida y presionada por la asociación estudiantil.

La fotografía de Cabrera, quien fungió como rector de esa universidad entre 1994 y 1998, fue cubierta con una bolsa negra mientras se llevaba a cabo la sesión.

Lenina García, secretaria general de la asociación de estudiantes, dijo que la solicitud de que Morales y Cabrear fueran declarados non gratos por esa casa de estudios superiores había sido presentada desde el 6 de septiembre del año pasado, pero no había sido considerada por las autoridades universitarias. Hasta el pasado martes, cuando el mandatario, al cuestionar las protestas de los universitarios en contra de su decisión de deshacerse de la Cicig, dijo que “cada estudiante le sale carísimo al pueblo de Guatemala”.

Así se concluyó el tercer día de protestas masivas en contra de Morales y su gobierno, mientras la Corte de Constitucionalidad sigue tomándose su tiempo para resolver los recursos planteados en contra de la disposición de Morales en contra de la Cicig, de cuyos fallos dependerá el nuevo matiz de la crisis.

Angel Mazariegos Rivas y Alejandro García, contribuyeron en el reporteo de esta crónica.