La gestación, efímera vida y pactada muerte de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, le provocó un desgaste innecesario a la ya deteriorada imagen del Congreso de la República, en especial la del Partido Patriota (PP), cuyos diputados utilizaron la polémica, y hasta entonces “inofensiva” ley, como vehículo para lograr la aprobación de una ampliación presupuestaria. La aprobación de esa normativa, dice Amílcar Pop, diputado por del partido Winaq, “fue un gran error de la bancada oficial que nos llevaron a todos con ellos”. Esa consideración es compartida por miembros de otras bancadas de oposición.
El error al que se refiere el congresista comenzó cuando en mayo de 2014 se aprobó un préstamo por US$280 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero que, por descuido, no incluyó una ampliación presupuestaria para la utilización de ese crédito para un desembolso de Q550 millones destinados a la empresa Sigma Constructores S.A. para rehabilitar y ampliar la Ruta CA-2 Oriente.
El PP consiguió logró el apoyo necesario para que el préstamo fuera aprobado de urgencia nacional, no así para la ampliación presupuestaria. La salida, entonces, la encontró en un acuerdo pactado por esos días en la instancia de jefes de bloques de aumentar la productividad del Congreso antes del receso legislativo de medio año el cual coincidía con la celebración del Mundial de Fútbol Brasil 2014. El objetivo era aprobar la mayor cantidad de leyes posibles que generarán la menor oposición política.
La selección de las leyes pendientes, explicó el diputado Luis José Fernández Chenal, subejefe de la bancada del PP, se llevó a cabo por medio de una solicitud a la Dirección Legislativa del Congreso, que les envió las iniciativas que iban más avanzadas. De ellas, los congresistas escogieron las que parecían menos complicadas de aprobar. No queda claro aún a qué diputado del partido oficial se le ocurrió “colar” en alguna de las leyes a aprobar la ampliación presupuestaria. Lo cierto es que los ocho miembros de la Comisión de Economía firmaron una enmienda para adherir un artículo a la hasta entonces desconocida Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, el cual reparaba el error de mayo.
La enmienda en la ley equivocada
La Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, a la que se le asignó el número 19-2014, era un compromiso pendiente del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos (DR-CAFTA), que establece el derecho de propiedad intelectual sobre las nuevas variedades vegetales. Su contenido pasó desapercibido en el pleno en donde, por desconocimiento o falta de interés, no fue discutido antes o durante su aprobación. “Se nos puede acusar de haber cometido una equivocación pero no de haberle querido meter un gol al pueblo durante el Mundial”, señala Fernández.
El diputado oficial asegura que aún después de la tercera lectura hubo un lapso de más de dos semanas en que ninguno de los bloques ni las organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron sobre la iniciativa. Pop dice que él sí la leyó y que su oposición, salvo en tres artículos en los que estuvo de acuerdo o planteó enmiendas, se mantuvo desde el principio.
Las sirenas de alarma en contra de la ley tardaron en encenderse, pero cuando lo hicieron fueron ruidosas e imparables. Primero fue por medio de las redes sociales, donde se criticaban los efectos que la normativa tendría a futuro. El rechazo se generalizó y obligó al presidente Otto Pérez Molina a anunciar el pasado 23 de agosto que la bancada de su partido revisaría el contenido para plantear las modificaciones que se requirieran.
Aunque el temor más grande giraba con respecto al maíz y la seguridad alimentaria, Pop dice que ese producto no podría ser afectado ya que en el mismo se encuentra protegido por el Decreto 13-2014, aprobado por iniciativa suya en el que se declaró al maíz como patrimonio cultural intangible de la nación, con lo cual se le blindaba de leyes como la denominada “Ley Monsanto”.
Seis días después, la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó al Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala (Msicg) y dejó sin efecto los únicos dos artículos del decreto que ya habían cobrado vigencia: El 55, que establecía la normativa sería efectiva a partir del 25 de septiembre; y el 46, que se refería a la ampliación presupuestaria.
A pesar del amplio rechazo que había generado la ley, el partido oficial se negaba a derogar la ley. “Durante varios días aguantamos la oposición de Luis Lara y el Frente Nacional de Lucha”, reconoce Fernández. Pero, acepta, hay dos organizaciones sociales con las que el Gobierno ha logrado trabajar de forma coordinada aunque no sean aliados, y que su oposición sí le genera desgaste: el Consejo de Alcaldías Indígenas de Sololá y los 48 Cantones de Totonicapán. Las masivas manifestaciones convocadas por éstas doblaron el brazo al PP.
En el Congreso se formuló un proyecto de derogación parcial de la iniciativa que dejaba pendiente la ampliación presupuestaria y dejaba vigentes tres artículos que la Ley de Obtenciones Vegetales, derogaba de la Ley de Propiedad Industrial, (93, 97 y 98), que regulan los requisitos de patentabilidad, la novedad de las variedades vegetales y la distintividad homogeneidad y estabilidad de las variedades.
Sin embargo, las organizaciones sociales manifestaron su oposición total a la medida, y en el proceso de derogatoria mantuvieron presencia activa en las afueras del Congreso. Fausto Iboy, coordinador de proyectos de la Municipalidad Indígena de Sololá explica que su demanda era de “una eliminación total” pues consideraban que al eliminar las derogaciones a la Ley de Propiedad Industrial se mantenía vivo el origen del problema y la derogatoria dejando vigentes estos artículos serían un engaño.
Si bien el artículo 46 sobrevivía en la propuesta de derogación, tras la suspensión provisional de la CC, no tenía mucho sentido dejarlo vigente. Y la eliminación de cada uno de los artículos fue el factor que finalmente permitió la derogación total del Decreto 19-2014 el pasado 4 de septiembre de urgencia nacional.
¿Qué pasa ahora?
La derogación de la ley será efectiva el 25 de septiembre próximo, el mismo día en que cobrará vigencia. Es decir que morirá en el mismo momento en que nazca. Pero la derogación no necesariamente significa que todo vuelva a la normalidad. Aunque algunos de sus elementos si están en el mismo punto que antes de empezar. Por ejemplo, la ampliación presupuestaria contenida en el artículo 46.
A criterio de Pop, el tema de la ampliación presupuestaria ni siquiera era necesario para que se incluyera en el Decreto 19-2014. Sin embargo, acepta que está técnicamente justificado. De cualquier manera, el partido oficial tendrá que evaluar los mecanismos que estén a su alcance para cumplir con los objetivos por los que ésta fue formulada.
Pero no es la única consecuencia. Entre los diputados existe incertidumbre sobre los artículos de la Ley de Propiedad Industrial que originalmente derogaba la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales. Lo lógico sería suponer que si la normativa que los derogaba queda sin efecto, éstos retomarían su vigencia.
Sin embargo, existen dudas al respecto, Según Pop, en casos en los que un artículo haya sido derogado y su derogatoria haya sido derogada, queda vigente pero “debe ser leído taxativamente por el Congreso”. Es decir que ya no deben someterse a discusión, pero sí reiterar su vigencia frente al pleno.
Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, sostiene que aún hay una discusión jurídica frente a ese caso, pero que de cualquier manera le corresponde al PP enmendar su error en el corto plazo, de ser necesario con una iniciativa para que se lean los artículos derogados.
Fernández, por su parte, admite que hubo un error en su bancada, pero que no fue sólo de ellos, sino también de quienes no se opusieron y que cada bloque debe aceptar su responsabilidad.
Otro punto pendiente de resolver es el papel de Guatemala ante Estados Unidos ya que vuelve a estar pendiente el cumplimiento del DR-CAFTA. A Pop no le preocupada ello, ya que desde antes de ser diputado se opuso a este convenio.
Tanto para el destino de los artículos derogados como para el cumplimiento de los acuerdos internacionales, el PP dice que cualquier solución que promuevan deberá pasar por análisis profundo. La lección aprendida para el oficialismo, según el subjefe de su bancada, a pesar del error es que de ahora en adelante no se tomarán decisiones sobre nuevas iniciativas sin antes haber consultado a los sectores de la sociedad involucrados.
