El dinero privado seguirá siendo el motor de las campañas

La Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso cuenta desde ayer con un borrador de la versión corregida del proyecto que plantea reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El objetivo de la Comisión es tener mañana ya el dictamen favorable para presentarlo al pleno del Congreso y así lograr al menos la aprobación de las dos primeras lecturas antes de entrar en una nueva tanda de interpelaciones que podría estancar el Congreso como ocurrió entre febrero y julio de este año.

No es la primera vez que se modifica esta Ley. En 2004 se plantearon varias reformas a la normativa original, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. En aquella ocasión se fijaron controles sobre aspectos como los gastos máximos para las campañas de los partidos políticos, el financiamiento y el espacio propagandístico en los medios de comunicación, entre otros.

No obstante, la falta de sanciones severas dio lugar a que los dos procesos electorales posteriores a la reforma repitieran varios de los vicios vistos en períodos anteriores.

El primer año de una legislatura se considera crucial para modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La razón es que al acercarse a un nuevo período de elecciones, el interés de los diputados por aprobar los cambios necesarios puede disminuir debido a que varias de estas modificaciones inciden directamente sobre la forma de operar del sistema político.

Sin embargo, las reformas que están a punto de llegar al pleno tampoco parecen representar un cambio decisivo sobre los puntos cuya rectificación se publicitó como urgente.

Uno de esos puntos es el financiamiento privado para los partidos políticos.

Sin bien el proyecto que desde ayer está llegando a los correos de los miembros de la Comisión establece nuevas regulaciones sobre el financiamiento, no elimina la posibilidad de que los partidos políticos reciban dinero de fuentes privadas.

La fuente de los ingresos

Cuando el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, renunció al financiamiento público, gracias a las donaciones de sus simpatizantes se marcó un precedente en su país en el que no necesitó de incurrir en más gasto público para sufragar su campaña.

Sin embargo, la discusión en Guatemala es diferente debido a que no hay mecanismos de control sobre quiénes dan el dinero y en qué cantidades.

Eliminar el financiamiento de particulares a los partidos no sólo permitiría mayor independencia por parte de las organizaciones y sus integrantes al no verse obligados a retribuir los favores económicos que les ayudaron a alcanzar puestos de elección popular, sino que también disminuiría la intervención del crimen organizado en el Estado.

En países como República Dominicana, el financiamiento para los partidos puede ser sólo de origen privado. En otros, Como Chile y Perú, la ley obliga a que la fuente de ingresos sea pública, y en otros, como Guatemala, el financiamiento es mixto.

José David Echeverría, miembro del Bloque Independiente y presidente de la Comisión a cargo de emitir dictamen sobre la iniciativa, explica que el Estado aún no está preparado para encargarse del financiamiento de todos los partidos políticos. Sin embargo aclara que esto puede ser visto como una etapa preparatoria en la que se limitan las donaciones de las personas a los partidos para que cuando haya una capacidad mayor del Estado sea posible eliminarlas por completo.

Entre los aspectos más importantes acerca del financiamiento, la iniciativa plantea que las contribuciones a los candidatos se lleven a cabo por medio de depósitos bancarios en cuentas a nombre del partido político, que deberá presentar un recibo contable. Además, las donaciones no podrán ser anónimas, una regulación que aún no existía en la contienda electoral del año pasado.

A pesar de estas regulaciones, la Ley Electoral por sí sola no es suficiente para garantizar que sectores interesados se abstengan de involucrarse con las agrupaciones. Leonel Lira, miembro de la Comisión y diputado de Encuentro por Guatemala (EG), cree que iniciativas como la Ley Anticorrupción –que controlaría el tráfico de influencias– permitirían fiscalizar mejor a los partidos. Sin embargo, esta ley aún no se aprueba en el Congreso debido a una oposición liderada por congresistas del partido oficial.

El Legislativo tampoco ha modificado aún el contenido del secreto bancario de tal manera que fuera posible verificar los verdaderos ingresos de los partidos y sus integrantes.

Además, las contribuciones en especie tampoco desaparecerían con la nueva normativa. Sin embargo, se obligaría al donante a presentar facturas para determinar su valor.

Aunque también se fija un techo máximo para la cantidad que puede donar un mismo financista, este límite es del 10 por ciento del valor de toda la campaña. Si se tomara como ejemplo la campaña hasta julio de 2011 del ahora partido oficial se obtendría que cada donante habría podido aportar hasta ese momento más de Q5.8 millones.

En el caso de la Ley iniciativa que evalúa la Comisión de Asuntos Electorales, se establece un máximo de campaña equivalente a un dólar estadounidense por cada empadronado que se contabilice hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. No obstante, también en la campaña de 2011 existía un límite de 48.5 millones y el gasto real –no el declarado– de los principales partidos ya había superado esa cifra meses antes de la primera vuelta.

Gustavo Echeverría, representante del Partido Patriota en la Comisión de Asuntos Electorales, señala que a pesar de que el financiamiento privado no desaparece, los fondos públicos serán los que costeen los aspectos más importantes.

Con las reformas se aumenta de dos a cinco dólares la cantidad que el Estado entregará a cada partido político por cada voto obtenido, siempre que la agrupación alcance el 5 por ciento del total de empadronados.

También se establece que se utilizará un 20 por ciento para actividades nacionales y funcionamiento de la sede nacional y un 30 por ciento para la capacitación y formación de afiliados. El 50 por ciento restante servirá para pagar el funcionamiento de las filiales.

La comunicación

Pero, ¿para qué necesitan de tanto financiamiento?

Si bien el funcionamiento de un partido representa un gasto fuerte, al igual que la organización de las actividades de sus candidatos durante el período previo a las elecciones, existe un elemento que representa la mayor necesidad de financiamiento para las organizaciones políticas: la propaganda.

El resultado de ello es que los partidos con más posibilidades económicas tienen acceso a mejores espacios en radio, medios escritos, televisión y vallas publicitarias. Esta situación agranda la brecha entre algunos partidos y otros.

La iniciativa establece que en período de elecciones será la autoridad electoral la que compre los espacios en los medios de comunicación. La distribución de los espacios se acordará entre los fiscales de las agrupaciones políticas.

Leonel Lira, miembro de la Comisión y diputado de Encuentro por Guatemala (EG), considera que esta regulación es benigna, pues cree que les dará a los partidos con menos recursos la capacidad de competir en igualdad de condiciones.

La función del TSE para contratar medios de comunicación también limita la posibilidad de los partidos de hacerlo. “Los partidos políticos, los comités cívicos electorales y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos y espacios en cualquier modalidad de radio, televisión y prensa escrita”, indica la normativa.

Aunque se establecen regulaciones para los medios de comunicación, otras formas onerosas de propaganda quedan fuera de control. No alcanzan, por ejemplo, a las vallas publicitarias o los Muebles Urbanos para la Presentación de Información (MUPI), a pesar de que la inversión en esta forma de hacer publicidad salta a la vista en llamativos rótulos que invaden los centros urbanos y las carreteras de todo el país.

La normativa también cambiaría la dinámica para la publicación de encuestas o estudios de opinión. En primer lugar, porque prohibiría publicar dentro de los ocho días previos al de la elección.

Durante el período previo podrán hacerlo siempre que remitan al TSE su declaración jurada y el diseño de investigación en el que se expliquen aspectos metodológicos como la muestra, la boleta de preguntas, el tipo de estudio, el margen de error, la cantidad de variables, el perfil del entrevistado y el medio de comunicación en el que se publicará. Con ello se podrá esperar la autorización correspondiente de la autoridad electoral.

Lira señala estar consciente de que se necesita regular la forma en que se realizan las encuestas en período de elecciones, pero considera necesario buscar una alternativa que no implique sacrificar la libertad de expresión y que además deje a discreción del TSE aspectos como éste que también pueden prestarse para la manipulación política.

Las modificaciones más notorias

Prohibiciones a los partidos también hubo durante la pasada campaña. Esto no impidió que las faltas continuaran, aun después de que el TSE impusiera sanciones, que, en la mayoría de los casos, se pagaron sin que los partidos dejaran por ello de violar la ley.

En el tema del financiamiento, tanto las agrupaciones y sus candidatos como los financistas pueden enfrentar sanciones por su incumplimiento a las normas establecidas. Éstas pueden consistir en amonestaciones, multas, suspensiones temporales y hasta la cancelación definitiva de su registro.

Aunque la Ley incluye varios aspectos relacionados con los castigos que aplicará el TSE, Lira explica que el reglamento de la Ley (que se elaborará después de que ésta se apruebe) será una herramienta fundamental, pues allí se pueden jerarquizar las sanciones.

En materia de multas, una sanción del TSE puede significar para un grupo político la pérdida de entre un 1 y un 25 por ciento de los recursos que recibirá del Estado mediante el financiamiento público.

Entre los aspectos que cambiarían, de aprobarse la iniciativa, se encuentra la facultad que se les brindaría a los guatemaltecos que viven en el extranjero para votar en las elecciones para Presidente, representantes por el Listado Nacional y diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como participar de las consultas populares.

También se obliga a los partidos a que al menos un 0.5 por ciento de la población de empadronados se encuentre entre sus afiliados.

Se podrá hacer proselitismo en época no electoral, siempre que sea para actividades orientadas a formar, capacitar y organizar a sus miembros, además de difundir la ideología del partido.

Hasta hace algunos días, la propuesta incluía también la creación de partidos departamentales. Éstos debían tener representación al menos en la mitad de un distrito para poder postular a candidatos a diputados. De no lograr ningún puesto de elección, el partido desaparecería.

Este punto era uno de los puntos controversiales acerca de la reforma, pues diputados como Gustavo Echeverría, del PP, y Leonel Lira, de EG, coinciden en que el TSE no tiene la capacidad controlar efectivamente un número creciente de partidos políticos y todos los cargos de elección que con ellos surgirían.

Lira añade que mientras creciera el número de partidos en los departamentos, se daría lugar a un bipartidismo a nivel nacional, dominado por las agrupaciones con más recursos económicos.

La versión elaborada ayer elimina este punto.

El representante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en la Comisión de Asuntos Electorales, Carlos Mejía, lamenta esta ausencia, pues señala que era una forma de poner en un contacto más directo a la población que elige con los funcionarios que la representan.

Sin una aprobación garantizada

A pesar de la intención de conseguir mañana las firmas necesarias para que la iniciativa reciba un dictamen favorable y la discusión quede en manos del pleno del Congreso, hay bancadas que aún no están satisfechas con el resultado.

Mientras EG está aún a la espera de una reunión de sus tres integrantes para revisar las últimas modificaciones al anteproyecto y fijar una postura, el Partido Patriota (PP) aún no se muestra convencido del resultado obtenido hasta ahora.

Aunque el tema de los partidos departamentales quedó fuera de la discusión, el oficial Gustavo Echeverría señala que es necesario incluir en la iniciativa el contenido de una propuesta enviada por el TSE el pasado 16 de agosto.

Sin embargo, sus declaraciones dejan ver que no es que su bancada esté inconforme, sino que está a la espera de una decisión. “Estoy esperando que Roxana como secretaria general del partido exprese cuál será la postura”, comenta el congresista, en referencia a la vicepresidenta y secretaria general del PP, Roxana Baldetti.

La propuesta del TSE se suma a las 29 que ha recibido la sala de trabajo desde 2005. En ella se plantean modificaciones relacionadas con la información de los empadronados y la conformación de los partidos políticos, así como procedimientos internos, y funciones de distintos cargos dentro de la Institución, entre otros.

Roberto Alejos, diputado del Bloque Independiente, miembro de la Comisión y promotor de la iniciativa, asegura que en las reuniones sostenidas con magistrados del TSE ha encontrado muchos puntos de consenso con respecto a la forma en que está avanzando el anteproyecto.

Sin embargo, ese consenso no se refleja del todo en el Legislativo. Además del escepticismo del PP y las condiciones de EG, dentro de la sala de trabajo se manifiesta la indiferencia de Libertad Democrática Renovada (Lider).

El jefe de este bloque, Roberto Villate señala que la postura de su partido no se hará pública hasta la próxima semana. El presidente de la Comisión señala que no es necesario contar con la firma de Villate para tener el dictamen favorable.

Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Carlos Mejía, de URNG, aseguran estar anuentes a firmar el dictamen. Además de las cinco firmas de su bancada, Alejos asegura contar también con las de Compromiso Renovación y Orden (Creo) y la Gran Alianza Nacional. Con ello lograría nueve de 14 firmas necesarias.

A ello se suma que aunque EG no firme el dictamen, es posible que apoye la iniciativa en el pleno si se formulan las enmiendas que plantean.

Si bien serían seis las bancadas que apoyarían la Ley, ninguna de ellas cuenta con más de 10 integrantes. Además, una ley de rango constitucional como la que se discute necesita de 105 votos para poder modificarse, lo que hará inevitable depender del resto de bloques legislativos.