La batalla de las enmiendas en la Ley contra la Corrupción

Los puntos previos en el orden del día se habían agotado y el Congreso podía finalmente empezar a conocer uno de los últimos aspectos programados para sesión permanente: aprobar la Ley contra la Corrupción. 

Era martes 28 de agosto, hace un par de días. Con la presencia de más de cien diputados en ese momento, más de dos terceras partes del Congreso, parecía inevitable que el pleno entrara a conocer el tema. Sin embargo, se desintegró la Junta Directiva, de la que sólo quedó el primer vicepresidente, el oficialista Mario Linares, y con ello se desvaneció el quórum.

Al no contar con ningún secretario, Linares decidió declarar un receso hasta dos días más tarde. El objetivo para la sesión del hoy (30 de agosto) era “entrar directamente a lo del enriquecimiento ilícito y quienes se opongan van a quedar en evidencia”. O así lo comentaba Linares cuando explicaba los motivos que tuvo para no esperar a que la Directiva se integrara nuevamente.

Sin embargo, al final fueron menos de la mitad de los diputados quienes estuvieron dispuestos a participar de la plenaria, pues se declaró un nuevo receso hasta la próxima semana.

A pesar de que esta iniciativa, que mezcla elementos propuestos por Lider con ingredientes promovidos por el Ejecutivo, parece encajar con la reforma fiscal en tres fases que a principios de año el Gobierno prometió impulsar cuando necesitaba apoyo para la reforma tributaria, hasta ahora, algunos de los legisladores que han liderado la oposición pertenecen al propio bloque oficialista.

Aunque es difícil que algún diputado o bloque se niegue abierta y completamente a aprobar una Ley contra la Corrupción sí se espera un arduo debate entre las bancadas, y una dilación antes del debate, como se ha experimentado esta semana. No se objetará la iniciativa completa, sino las posibles enmiendas que se presenten a la Ley, como ya sucedió cuando el partido de gobierno dejó ver hace algunas semanas su intención de modificar el contenido del proyecto.

Las dos primeras enmiendas oficialistas

Emmanuel Seidner, diputado del PP y presidente de la Comisión de Economía del Congreso, adelantó que el jefe de la bancada patriota aprobó ya dos enmiendas. La primera de ellas pretende impedir que las personas jurídicas (por ejemplo, las empresas) puedan tener cualquier responsabilidad por las acciones de corrupción que cometan sus trabajadores. La iniciativa hace referencia a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados.

Leonel Lira, jefe de bloque de Encuentro por Guatemala (EG), se muestra en desacuerdo con la enmienda, pues equivaldría a pensar que a nivel de las personas jurídicas no se dan actos de corrupción. 

Carlos Barreda, vicepresidente de la Comisión de Transparencia del Congreso como diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dice comprender la preocupación del PP. Aún así, añade que en muchas ocasiones el subordinado incurre en estos delitos por órdenes del empleador, y pone como ejemplos los casos en los que se ha descubierto que un guardaespaldas o un jardinero son los representantes legales de un gran número de empresas. 

El segundo cambio que había anunciado la bancada del PP se relacionaba con el tráfico de influencias. En la iniciativa se define como el delito que se comete cuando una persona influye en un funcionario o empleado público, eludiendo los cauces y procedimientos de ley haciendo uso de su “jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal” para beneficiarse de algo que éste tenga la capacidad resolver.

Con la enmienda que se había mencionado hasta ese momento, se buscaba especificar que esta medida no incluyera a los diputados. Si bien Barreda señala que está abierto a interpretación si los diputados son empleados o funcionarios públicos, sostiene que es necesario que los legisladores no sean eximidos de este delito. Por ello, su bancada propondrá una enmienda en la que se incluya a los “dignatarios de la Nación”.

Mientras tanto, el diputado oficialista Pedro Muadi –al que se le atribuyó la iniciativa de privilegiar a ciertas personas, exonerándolas de responsabilidades– expresa que no se busca dejar personas excluidas de la ley y que las declaraciones que se le atribuyen son el resultado de que los medios de comunicación interpretaran mal su planteamiento.

Su compañero Emmanuel Seidner centra su oposición a la redacción actual de la propuesta de Ley, no tanto en restarle responsabilidad a los diputados, sino en precisar cómo debe afectar a los profesionales. Eso es lo que más le preocupa. El congresista pone como ejemplo el caso de los abogados. Según él, con esta redacción, su trabajo se resentiría, porque les supone una limitación clara, dado que ellos “representan a sus clientes, intermedian y tienen audiencias con jueces”.

Las implicaciones de este artículo también preocupan a Lira, que señala que debe revisarse más a fondo.

Barreda sostiene, al contrario que Seidner, que ese artículo no le causaría ningún problema a los profesionales, puesto que se conoce cuál es su trabajo y no existe en esos casos un vínculo personal, que se explote para obtener el beneficio, como la propuesta especifica.

La propuesta actual del PP para enmendar este aspecto toma como referencia lo establecido en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, suscrita por países miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Aunque en este convenio no se identifica como tráfico de influencias, se describen varios delitos de corrupción que coinciden con el ilícito que propone la iniciativa.

Los efectos de hacerle este cambio a la redacción aún se analizan en las bancadas de oposición.

En la UNE se reconoce a Muadi y Seidner como los encargados de cabildear por el apoyo a las enmiendas. Ambos diputados fueron identificados por un estudio de Plaza Pública, como los más cercanos al sector empresarial, por sus vínculos personales y laborales con la gremial y por sus votos en las sesiones plenarias.

Más cambios

Según Seidner, además de las dos enmiendas aprobadas por el jefe de bancada hasta el martes pasado, había otras tres o cuatro que estaban pendientes de revisarse.

Los dos días de receso en la sesión permanente permitieron que se concretaran algunas de estas enmiendas, y anoche una de ellas ya se conocía en algunas de las bancadas opositoras.

Se trata de sumar un artículo relacionado con la creación de una Secretaría de Transparencia a través de una reforma a la Ley Orgánica del Ejecutivo. Es decir, que la entidad, que ahora depende de un acuerdo gubernativo, quedaría convertida en una institución permanente.

Barreda considera que la forma en que se plantea legalmente esa Secretaría de Transparencia conlleva ciertas inconstitucionalidades, pues le da a la Secretaría la posibilidad de investigar y de fiscalizar al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas.

Se espera que las otras enmiendas se presenten durante la aprobación, lo que según el diputado de la UNE complicaría mucho a los bloques opositores al no estar preparados con el contenido.

Lira apunta que es complicado definir una postura sobre las enmiendas, si todavía no se tiene claro cuáles son.

A pesar de la propuesta que tiene la UNE para incluir a los diputados en el delito de tráfico de influencias, lo más probable es que no logre su aprobación debido a la falta de votos.

Roberto Villate, jefe de Libertad Democrática Renovada (Lider), no aceptará ninguna enmienda al dictamen y sólo la aprobarán si se redacta de la forma en que está ahora.

Villate explica que esto se debe a que el dictamen se basa en la propuesta 4450, presentada por su bancada. Además de la propuesta de Lider, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales consideró el contenido sobre enriquecimiento ilícito enviado en el paquete de transparencia del Ejecutivo.

El Bloque Independiente también es partidario de aprobar la iniciativa sin enmiendas. Así lo manifestó Ovidio Monzón, jefe de esa bancada. Sin embargo, no hay certeza de que estas posturas no cambien tras los consensos que se alcancen  antes o durante la próxima sesión del pleno.