Hace algunos meses era razonable plantear dudas acerca de la implementación del pluralismo jurídico. Expresar dudas es legítimo, así como han sido consistentes las respuestas a dichas interrogantes. El punto es que a ciertos grupos encabezados por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) no les han gustado las respuestas, posiblemente porque llevan implícitas acciones democratizadoras desde el territorio.
Me queda claro entonces que, si el pluralismo jurídico sobrevive al Congreso, habrá más campañas negras y se apelará de nuevo al miedo y al racismo que llevamos dentro amplios sectores de la población. Y en el título de esta columna escribí chantaje porque claramente hay una intención de que el paquete de reformas al Estado no incluya a esa mitad de la población que merece, ante todo, el reconocimiento político en nuestro instrumento fundacional.
La amenaza que percibo es fácil de comprender. Si pasa el pluralismo, no pasan las reformas. Y, dicho sea de paso, esa idea les debe parecer fantástica a quienes siempre han estado bien porque, si usted ya lo olvidó, el Cacif apoyó a Otto Pérez y a su banda hasta el último momento. Pronosticaba el final de la república si Otto Pérez renunciaba y auguró el apocalipsis si se juzgaban crímenes de guerra. No pasó ni lo uno ni lo otro, pero aquí no estamos hablando de razón ni de justicia. Este es un asunto de poder que en pocas palabras se resume así: a la larga, el pluralismo jurídico devuelve a las comunidades algo de control sobre sus territorios y la manera como desean vivir. Eso debería causar alegría, pero ya sabemos que las élites económicas chapinas son profundamente antidemocráticas.
Esos sectores están claramente en contra de un país unido porque quienes están sembrando zozobra son ellos. Y esto nos lleva indefectiblemente a encender nuestro sospechómetro, ya que da la casualidad de que justo esta semana hubo crímenes de gran violencia y llamados a que el Ejército saliera a las calles, sin faltar el grito desde el Congreso para la aplicación de la pena de muerte. Todo un circo de fantasmas y de humo.
¿Qué nos queda? Resistir. No caer en la trampa del divisionismo. Expresar nuestra solidaridad con los pueblos mayas, garífuna y xinca asumiendo la posición de sujeto popular y haciendo nuestras sus justas demandas. Porque los ladinos o mestizos compartimos con los pueblos mayas la subalternidad, la exclusión y el deseo de que la lucha contra la corrupción llegue a los peces grandes. El pluralismo jurídico es bueno para todos y todas porque su implementación hará que el país sea más democrático y porque las garantías constitucionales no se están poniendo en duda.
Nos queda, asimismo, el recurso de la razón para rechazar las medidas que buscan convertirnos en ovejas obedientes. Ponga atención a la propaganda diseñada para crear conflicto y temor. Verá que, en el fondo, lo que se busca es que usted ponga el pasador de su casa y se encierre. Y al encerrarse usted ayuda a crear el Estado ideal para los grupos de poder. Ese Estado se sintetiza en la palabra orden.
Ante la intransigencia, los tufos racistas y la manipulación podemos reaccionar con solidaridad. Y nada mejor que estas líneas de Boaventura de Sousa Santos para sintetizar el pensamiento emancipador: «Podemos distinguir dos formas de conocimiento: el conocimiento-regulación, cuyo punto de ignorancia se designa como caos y el punto de saber se designa como orden, y el conocimiento-emancipación, cuyo punto de ignorancia se designa como colonialismo y cuyo punto de saber se designa como solidaridad».
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