El pico del conflicto minero

Durante ocho meses, las manifestaciones contra la minería en Santa Rosa y Jalapa se tornaron violentas: se quemaron casas, equipo y vehículos de la empresa minera, públicos y privados: hubo más de medio centenar de heridos; y, murieron cuatro personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las acusaciones se repartieron. El Ejecutivo tuvo un discurso flácido, inconsistente: primero inculpó al partido Libertad Democrática Renovada (Lider); después se contradijo y responsabilizó a las organizaciones ambientalistas que trabajan en la zona; y terminó asegurando que grupos del crimen organizado y narcotráfico se habían infiltrado en el movimiento social.

La resistencia minera también habló de infiltración pero no del crimen organizado sino de “grupos desestabilizadores” creados por terceros o por la minera misma para poder criminalizar las protestas pacíficas que se sucedían desde abril de 2011.

La empresa minera negó esa posibilidad. Su versión: que el conflicto lo genera gente que no es local (no dan nombres), que el proyecto disfrutaba de aceptación entre la mayoría de los lugareños, y que con todo esto, la mina ha tenido más pérdidas que ganancias. Ya lo dijo Tahoe Resources Inc. en un comunicado que envió a sus accionistas el 19 de septiembre, dos días después del primer hecho violento que había trascendido a la opinión pública: el proyecto gozaba de “un fuerte apoyo local”, pero un pequeño grupo de lugareños que se oponían a la minería en la zona “se negó a participar en discusiones significativas sobre los efectos que tendrá el proyecto en las comunidades” y recurrió a personas de fuera del Municipio, que utilizaron “tácticas violentas para intimidar a los empleados, contratistas y colaboradores locales en varias ocasiones”.

Se referían a los sucesos del 17, el día en que los pobladores de la aldea Morales, de Mataquescuintla, se opusieron a la instalación de los postes para los cables de alta tensión que alimentarían de energía a la minera y que contaban con el permiso ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Según los datos del Ministerio de Gobernación, los manifestantes se apostaron en un terreno frente a la entrada de la empresa, el 17 y 18 de septiembre, y exigieron que se retirara toda la maquinaria de perforaciones. De lo contrario, amenazaron, ingresarían a quemarla. El incidente terminó con un policía y dos manifestantes heridos, además de 19 personas detenidas. Según la minera, en el hecho incendiaron la planta de cemento del proyecto de construcción y la bodega provisional de núcleos, maquinaria y vehículos de la empresa.

Según los pobladores, la mañana del lunes 17 de septiembre, empleados de la minera llegaron a la aldea para conectar la línea de alto voltaje. Llegaron con personal de seguridad privado armado con fusiles y bombas lacrimógenas, además de una escolta de agentes de la PNC. Sin embargo, ante la presencia de más de 500 pobladores, se suspendió la instalación de los postes de energía con la mediación de alcaldes de la zona, funcionarios de la oficina del Procurador de Derechos Humanos y organizaciones sociales.

“Estaban firmando el acta de lo sucedido cuando desconocidos empezaron a lanzar piedras a los vecinos y las autoridades”, dijo un poblador de la aldea. “Ahí fue cuando se dañaron los picops de la minera y salieron heridos algunos vecinos; y por eso es que nos fuimos al frente de la minera, a un terreno privado en el que teníamos permiso para estar. Nunca entramos. ¿Cómo íbamos a entrar? ¡Ahí enfrente estaba la policía y la seguridad de la minera! Cuando empezó el fuego dentro de la mina, las compañeras estaban cocinando… Después, al ratito, la policía nos reprimió”. Según los pobladores, más de 30 personas fueron arrestadas.

Si bien el informe a los accionistas de la minera pretendía mostrar el hecho como algo aislado, en él no se hacía referencia a que ya se habían dado acciones violentas de pobladores contra la empresa, según exponía el mismo jefe de seguridad de Minera San Rafael en un reporte fechado el 24 de julio de ese mismo año. En él, se daba cuenta de cómo fueron retenidos con armas de fuego un grupo trabajadores tras finalizar una campaña de salud en Mataquescuintla, Jalapa.

La búsqueda de responsables

Eran aproximadamente las cinco de la tarde del 19 de noviembre. Un convoy de la empresa Mayaquímicos, salió de la aldea El Granadillo, en El Progreso, hacia la minera. Era un camión cargado con 150 sacos de 52 libras de Anfo –una mezcla de nitrato de amonio y aceite– y un picop con ocho rollos de detonante; 11,700 candelas de emulsión; y 2,300 detonantes de diferentes medidas. Lo acompañaban en dos picops, según los informes del ejército, encargado de  resguardar y transportar cualquier tipo de explosivos que sean utilizados por razones civiles, un especialista en estos materiales y seis soldados del Cuerpo de Ingenieros.

No pasó mucho tiempo antes de que el convoy se encontrara con un bloqueo sobre la carretera CA-18, frente a la entrada a Mataquescuintla, Santa Rosa, dos picops de la minera incinerados y poco más de dos mil personas, según dijo un agente policial que observó los hechos.

Desde las 4:30 de la tarde, la gente se había ido acumulando. A esa hora, eran unas 200 personas las que habían detenido esos dos vehículos y habían exigido que se presentaran representantes de la empresa para firmar un acuerdo en el que se comprometieran a que no pasara ninguno de sus vehículos por Mataquescuintla. Como nadie llegó, le dieron fuego, recordó el policía.

Nadie en las fuerzas armadas o en la minera supo decir por qué el convoy que trasportaba explosivos no estaba sobre aviso. Pero de repente se encontró ahí. Los soldados intentaron mediar con los manifestantes y al no llegar a un acuerdo, se apartaron. Y luego, según la versión de Rony López, fiscal contra el crimen organizado, “aparece un grupo de menos de 50 personas, quienes son las que incitan a los pobladores a robar los explosivos. Eran los mismos que antes habían dado fuego a los vehículos”.

“Algunos pobladores creyeron que eran sacos de abono químico y por eso fue que tomaron los explosivos y al final los devolvieron… Los otros, los que incitaron, eran los que empezamos a investigar”, dijo el fiscal. ¿Estaba planificado el robo de los explosivos o fue una casualidad? López no sabe decirlo. Lo cierto es que se robaron parte de los sacos de Anfo, quemaron los vehículos e hicieron estallar parte de los detonadores.

Antes de las 9:00 de la noche, todo había terminado.

Estos hechos, dicen funcionarios del Ministerio de Gobernación, les hicieron pensar que enfrentaban a un grupo que había dejado atrás las manifestaciones pacíficas y los actos vandálicos y había dado un paso más: ahora cometían actos de terrorismo. Ni siquiera les había detenido el hecho de que tras los hechos de septiembre, el Gobierno hubiera reforzado la defensa de la empresa destacando a cuarenta agentes de la División de Fuerzas Especiales Policiales a 250 metros de la entrada a la mina, frente a una calle que unía la carretera con la población de San Rafael Las Flores. Desde este momento, la investigación la retomó la Fiscalía contra el crimen organizado del Ministerio Público. Temían estar frente a una estructura con entrenamiento especial para poder combinar los diferentes productos y hacer explosivos de gran potencia.

Según López, la Fiscalía tenía vídeos de protestas anteriores y con ellos identificó a 43 sospechosos de haber instigado los actos violentos. “Se realizaron perfiles completos de ellos. Y al ponerlos frente a los soldados y los pilotos de los vehículos quemados durante el robo de los explosivos, éstos reconocieron a siete personas como los incitadores”, afirmó. El Ministerio de Gobernación, en cambio, habla de 12 personas. Por ser un caso bajo reserva, evitaron dar nombres.

El alcalde de San Rafael Las Flores, Víctor Morales, y el de Mataquescuintla, Hugo Manfredo Loy, concuerdan en que no fueron lugareños, sino gente de fuera. Y es en lo único en lo que concuerdan ambos.

El primero, promotor de la minería en la zona y firmante del acuerdo de regalías voluntarias con la Minera San Rafael, acusó incluso a rivales políticos. Como lo haría el mismo presidente de la República, Otto Pérez Molina. Según él, Lider estaba desestabilizando la zona. “Hemos tenido muchísima información de los intereses de una oposición política radical que no entiende que el país hay que construirlo y no destruirlo… Cuando estoy hablando de la oposición radical, es Líder. Creen que pueden hacer figura de alguien destruyendo y promoviendo actos vandálicos”, aseguró el mandatario. “Puedo mostrar todos los documentos que lo demuestran”, dijo Morales. Dos meses y medio después, tras posponer cinco veces igual número de entrevistas pactadas con Plaza Pública, nunca los mostró.

“¿Quién gana con toda esta conflictividad?”, pregunta, por su parte, Loy. “La población ya ha mostrado su descontento con la minería en la zona y siempre lo había hecho en actos públicos –marchas, manifestaciones, plantones– que siempre fueron pacíficos”. Con esto, el alcalde de Mataquescuintla se refiere a las actividades que se iniciaron en los últimos meses de 2011, con la llamada Revolución de las flores, con la participación del Comité por la vida y contra la minería de San Rafael Las Flores, el Consejo diocesano para la defensa de la naturaleza de Santa Rosa (Codidena), el Parlamento Xinca, el Centro de acción legal, ambiental y social (CALAS) y el Colectivo ecologista MadreSelva. Hasta septiembre, las actividades de la Revolución de las flores incluyeron acciones legales de oposición, interpuestas ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM); visitas al MARN; consultas a vecinos en Nueva Santa Rosa, Casillas, y Santa Rosa de Lima; marchas y plantones frente a las instalaciones de la mina y a la embajada de Canadá, en Ciudad de Guatemala; así como foros con candidatos a alcaldes y reuniones con las autoridades edilicias electas.

“Pero después, todo se torna violento”, dijo Loy. “¿Quién ganó con generar todo esto?”

La respuesta depende de quién la dé.

El Ministerio de Gobernación acusó a foráneos: “Es una violencia que viene importada de otros municipios aledaños y lo que buscan es cómo participar, cómo usufructuar, cuando el proyecto no tiene incidencia en las áreas de ellos, es una especie, en el fondo, de chantaje extorsivo que se le pretende hacer a la mina… Hay otros municipios aledaños que quieren subirse al barco de las ganancias, aunque el impacto de la mina no tenga que ver nada en su lugar”, dijo en conferencia de prensa el ministro Mauricio López Bonilla el 7 de febrero de este año.

Según esa teoría, la mirada viró 30 kilómetros al oriente, a Santa María Xalapán, territorio xinca. Allí los pobladores aseguran que un 60% o 70% de los vecinos ha prestado servicio militar y tienen una organización que les permite accionar de manera coordinada pero eso no significa, puntualizan sus autoridades, que hayan participado en los hechos violentos contra la minera o en el robo de explosivos, cosas que niegan haber hecho.

¿Quién gana con el conflicto?

“Pregúntele a la gente de CALAS, que gana dinero de la cooperación con la conflictividad”, dijo el viceministro de Seguridad, Edi Juárez. Según él, las protestas se volvieron cada vez más violentas después que esta organización empezó a trabajar en el área, pero Yuri Melini, director de CALAS, por su parte, aseguró que nunca ha sido la función de su organización generar confrontación y propiciar que se violen leyes en la zona. “No ganamos dinero con esto. Todo lo contrario, a raíz de este asunto tenemos menos cooperación internacional”, aseguró.

Loy, por su lado, se responde a sí mismo:viró “Son gente infiltrada en el movimiento. Gente encapuchada y con armas que son los que cometen los actos violentos. Son ellos y no la población que ha venido manifestándose pacíficamente todo el tiempo… Es hasta entonces que se llega hasta tener muertos… Son medio centenar de heridos y cuatro muertos, entre ellos un policía”, dijo Loy.

Las organizaciones sociales que conforman la resistencia minera ven cómo la criminalización del movimiento intentó cimentar la idea de que éste estaba integrado por narcotraficantes y terroristas.

Según Claudia Samayoa, directora de la Unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos de Guatemala (Udefegua), existe desde hace años un patrón desde el Estado para generar provocaciones desde dentro de los movimientos sociales para dejar sentado que se está frente a delincuentes, criminales y terroristas y no ante una exigencia social. Quelvin Jiménez, miembro de Parlamento Xinca, va más allá: “Nuestra teoría es que el jefe de seguridad de la minera, Alberto Rotondo, fue el que mandó a infiltrar al movimiento. Él acepta, en las grabaciones que hizo el Ministerio Público, que había matado a una persona para quitarse de encima a la resistencia”, afirmó.

Según su currículo en Linkedin, Rotondo, peruano de nacimiento y con nacionalidad italiana, es consultor de seguridad con formación y experiencia en operaciones mineras, seguridad física, gestión de riesgos y protección ejecutiva.

El jefe peruano

Le dio la orden por teléfono sin saber que estaba intervenido por orden judicial:

–Maten a esos hijos de la gran puta –le ordenó Alberto Rotondo a Juan Pablo Oliva, asesor en comunicaciones y seguridad de la empresa.

Eran las 6:30 de la tarde del sábado 27 de abril de 2013. Un grupo de pobladores se manifestaba frente a la minera y, según el gobierno y Tahoe Resources, esa noche seis personas resultaron heridas con balas de goma. Eran Adolfo Agustín García, Luis García, Artemio Castillo Herrera, Wilmer Francisco Martínez, Erik Fernando Pérez, Noé Aguilar, todos pobladores de San Rafael Las Flores. Ningún foráneo.

La versión de las víctimas es distinta: unos venían de trabajar en un cafetal cercano, en la aldea El Volcancito; otros, de una consulta médica en Mataquescuintla. Se encontraron por casualidad frente a la mina y se pusieron a platicar. Unos minutos después, salieron por el portón principal de la minera unos 40 agentes de seguridad privada vestidos de uniforme azul claro, algunos de ellos con escudos balísticos.

–¡Terminen con esta basura! –había ordenado Rotondo, según las grabaciones.

Los agentes privados dispararon a menos de diez metros de los pobladores.

Después, agentes de la PNC destacados en la zona contaminaron la escena del crimen. Personas de la resistencia minera que llegaron a auxiliar a los vecinos  aseguran que cinco minutos después de que dispararan los vigilantes privados, llegó un picop oficial con varios policías que lavaron las manchas de sangre en el suelo, recogieron casquillos y se marcharon.

Los heridos fueron trasladados al Centro de Salud de Cuilapa; los más graves, Adolfo y Luis García, al hospital Roosevelt en ciudad de Guatemala.

El MP llegó ocho horas después.

Dos días más tarde, López Bonilla aseguró a los medios de comunicación que la seguridad privada de la minera sólo se defendió de un intento de los pobladores de entrar a la mina y que éstos fueron repelidos con balas de goma como medida de precaución. Según el reconocimiento del hospital Roosevelt, efectuado el 28 de abril a las 2:24 de la mañana, al menos dos de las víctimas, Adolfo García y su hijo Luis, presentaban “heridas con proyectil de arma de fuego”.

Aun así, en la segunda semana mayo, el ministro López Bonilla insistió en lo mismo: “Todavía no tengo conocimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ahí se dispararon proyectiles de caucho; si hubiera habido disparos con arma de fuego, las lesiones serían absolutamente visibles”, dijo. El reporte del hospital Roosevelt fue anexado al del Inacif, el 30 de abril. Parece ser que el Ministro nunca lo vio, además de desconocer que el MP había solicitado que se intervinieran las llamadas del jefe de seguridad de la mina.

La misma posición tomaron en la mina. Kevin McArthur, director ejecutivo de Tahoe Resources Inc., propietaria de la minera, reportó a sus accionistas que “durante el cambio de turno de noche del sábado 27 de abril, una protesta en la que participan unas 20 personas armadas con machetes se volvió hostil. La seguridad utilizó gas lacrimógeno y balas de goma para repeler a los manifestantes en la puerta de la mina”.

Según el comunicado de la minera, las investigaciones internas demostraban que “sólo medidas no letales fueron tomadas por nuestra seguridad. Lamentamos las lesiones causadas por balas de goma, pero tomamos en serio la protección de nuestros empleados y la mina… El gobierno está investigando el incidente con la plena cooperación de la compañía”.

Pero la “plena cooperación de la compañía” y del mismo Rotondo no había parecido tal hasta entonces. López, el fiscal contra el crimen organizado, asegura que Rotondo había eludido dar información sobre un caso en el que murieron dos vigilantes privados, la noche del 11 de enero, y en la madrugada del 12 de enero de 2013, había aparecido también el cadáver de Antonio Ramírez, de la aldea San José La Sierra, Mataquescuintla, con golpes y laceraciones, como arrojado desde un vehículo en marcha. En aquella ocasión, el jefe de seguridad negó a los investigadores del MP que existieran vídeos de la noche en que los guardias murieron asesinados mientras supuestamente repelían un ataque a la mina. “Nos dijo que como no había energía eléctrica en toda la zona a la hora del ataque, no había energía eléctrica para las cámaras de seguridad… ¿Una empresa de este tamaño que maneja valores importantes no tiene planta eléctrica y desconecta sus cámaras de seguridad?”, dijo el fiscal.

López lo duda de un tipo, Rotondo, que según su hoja de vida estudió en la Escuela Naval de Perú, de donde se graduó en 1973; hizo entrenamientos espaciales en guerra naval (US NSW, 1980-1981); un curso para oficiales sobre operaciones sicológicas, asuntos civiles y terrorismo en conflictos de baja intensidad (JFK Special Warfare School-Fort Bragg, 1985-1986); y estudios de teoría política, relaciones internacionales y comunicaciones (Inter American Defense College, 1990-1991).

¿Qué buscaba el fiscal, qué buscaba el MP en los vídeos? Según algunos investigadores, identificar a quienes atacaron la mina, si eran personas ligadas a los movimientos sociales o no, incluso si existió realmente un ataque y quién lo inició. Pero los vídeos, mientras Rotondo estuvo a cargo de la seguridad de la minera, nunca se le entregaron al MP.

El interés de la fiscalía en los vídeos era mayor al analizar la coordinación en todos los hechos alrededor del ataque y el posterior asesinato de los dos guardias de seguridad: al menos cuatro grupos armados bloquearon la carretera y los accesos a diferentes aldeas del kilómetro 85 al 117 de la carretera que conduce de Casillas a Jalapa, derribando árboles con sierras eléctricas y dándoles fuego; además botaron 15 postes de energía eléctrica, dejando sin este servicio a San Rafael Las Flores, Casillas y Mataquescuintla; y atacaron la mina a la hora en que se efectuaba el cambio de turno, una muestra de que tuvieron información del movimiento interno de la minera.

Según testigos, poco después de las 11:15 de la noche del 17 de septiembre de 2012 se dio un enfrentamiento armado en el lado este de las instalaciones de la minera, en la aldea Los Planes, entre los vigilantes privados y personas que vestían de negro y estaban armados con fusiles y pistolas.

En el incidente murieron Fredy Leonel Chun Choc, de 20 años, y Sergio Chúa Jiménez, de 25, vigilantes privados. Además resultaron heridas otras cinco personas: Aníbal Roque de León, Luis Fajardo Villegas, Max Gutiérrez, Eduardo Sis de León, Vicente Tista y Edwin Hernández Hernández. Todos de la seguridad de la empresa.

Aunque el enfrentamiento duró más de media hora, ni la policía de los municipios cercanos ni el grupo de agentes de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP), que desde octubre de 2012 apoyaban en tareas de seguridad de la minera, llegó al lugar al momento del ataque.

Según las investigaciones policiales, los atacantes dejaron en el lugar del incidente un caimán para cortar las rejas, 21 bombas molotov, además de dos bombas caseras, por lo que se presumía que intentaban atentar contra las instalaciones de la minera.

Pese a que Rotondo le dijo al fiscal contra el crimen organizado que las cámaras no funcionaron porque habían cortado la luz, en un correo electrónico que su jefe de relaciones públicas, Andrés Dávila, le envió a este medio, la minera sostiene que no existen grabaciones de la emboscada contra los guardias privados porque en ese momento aún no habían instalado ninguna cámara.

Rotondo vs. la Iglesia católica

Aunque López no detalló en qué se basaron para ordenar las escuchas telefónicas a Rotondo, sí mostró desconcierto sobre el porqué éste no apoyó las investigaciones de los hechos del 11 y 12 de enero. Por eso, antes del 27 de abril todas sus comunicaciones estaban siendo intervenidas.

Fue en esas escuchas en las que se le logró grabar diciendo: “Malditos perros que no entienden que la mina genera trabajo”; que había que quitar “a esos animales pedazos de mierda”, en referencia a los habitantes de las comunidades que estaban frente a la puerta de la minera; y diciéndole a Juan Pablo Oliva: “no podemos permitir que se establezca la gente de la resistencia; otra Puya, no”.

El jefe de seguridad fue capturado en el aeropuerto La Aurora, según el Ministerio de Gobernación, cuando se disponía a escapar del país en un vuelo hacia Perú, con escala en Panamá, la madrugada del 30 de abril. Para entonces, el MP tenía copia de una llamada de Rotondo a su hijo. En ella le dijo: “Me mandé a quebrar a unos hijos de la gran puta y para no tener problemas con la ley me tendré que ir un tiempo de Guatemala”.

Aun así, el vicepresidente de relaciones con los inversores de Tahoe, Ira Gostin, negó a medios de comunicación canadienses la captura de su jefe de seguridad en Guatemala y salió en su defensa. “No estaba huyendo”, aseguró Gostin. “Él se iba del país con licencia y una vez que se enteró de que era buscado para ser interrogado, se entregó de inmediato”. Sin embargo, para entonces, según el vocero de la minera, Rotondo ya no era empleado de la empresa. “Él renunció, dejo de ser empleado dos días después de esos hechos”, aseguró.

Cuatro días más tarde, el 4 de mayo, la policía detuvo a Juan Pablo Oliva Trejo, con orden de captura autorizada por el Tribunal de Turno de Guatemala y solicitada por la Fiscalía de Derechos Humanos. Según las investigaciones fiscales, él advirtió a Rotondo para que saliera del país y así evitar a la justicia guatemalteca. Oliva Trejo es el representante legal de Counter Risk, S.A., una empresa creada en 2008 y contratada por la empresa minera para hacer una consultoría de riesgo y seguimientos a publicaciones prensa. Además, estuvo de alta en el ejército hasta el 2005, donde obtuvo el grado de subteniente de infantería el 11 de abril de 2000, y es propietario de Supervivencia Urbana, una empresa dedicada la instrucción y entrenamiento en tiro defensivo.

Del pasado del peruano en la industria minera se sabe muy poco. Según Andrés Dávila, vocero de Minera San Rafael, Rotondo era un consultor externo que llegó a la Guatemala como parte de un contrato con una empresa de seguridad. Según explicó, por tener un acuerdo de confidencialidad con dicha empresa, no podía revelar su nombre ni la fecha en la que Rotondo asumió como jefe de seguridad de la mina.

En San Rafael Las Flores, Rotondo se ganó la confianza del jefe policial y del alcalde. En septiembre de 2012, varias personas vieron en manos de ambos un informe interno de la minera en que se atribuía a personas allegadas a la Iglesia católica los delitos de restricción al libre tránsito de personas, bloqueo de vías nacionales, intimidación física y verbal y amenazas de muerte. El jefe policial, incluso, lo mostraba como parte de su investigación sobre sobre los desórdenes en la zona y se referían a la gente mencionada en él como los instigadores de los hechos de violencia.

Para diferentes miembros de la resistencia minera, la acusación no era gratuita: el Consejo diocesano para la defensa de la naturaleza de Santa Rosa (Codidena), la primera organización en oponerse a la implementación de la minera, tiene sus raíces en el trabajo de los párrocos en la zona. Por ejemplo, desde 2011, el obispo de Santa Rosa de Lima, monseñor Bernabé Sagastume Lemus, se había pronunciado en contra las labores de la empresa en la región. “La minería ocasiona destrucción de la naturaleza, de los ríos; hay que resaltar que esa actividad trae más daños que beneficios, aunque para algunos pueda proporcionar algo de desarrollo y trabajo, pero en general, para la mayoría de la población, trae conflicto social”, dijo.

Para el jefe de seguridad de la minera, las palabras de los sacerdotes de la zona eran una mala influencia en los pobladores. “Cualquier comunidad que se encuentre bajo el control e influencia de la Iglesia Católica puede ser manipulada para actuar y retener personas impunemente, movilizando a la población para realizar actos violentos en contra actividades que se relacionen a la actividad minera”, se concluía en el informe de Rotondo, fechado el 24 de julio de 2012.

El documento recomendaba implementar una estrategia legal y publicitaria que pusieran en evidencia a los líderes de los grupos que cometan estos actos, “especialmente el involucramiento de la Iglesia Católica, a fin de que las autoridades se vean forzadas a tomar acciones legales contra ellos”.

Dávila negó que se siguieran las recomendaciones de Rotondo. Según el vocero, el documento era una evaluación que se hizo en un momento determinado, pero la empresa nunca lo tomó como parte de su estrategia de comunicación. Al contrario, afirmó, se mantuvo una política de acercamiento a la población, en el que se incluyeron visitas a las comunidades y visitas guiadas a la planta minera. Es más, aseguró que la conflictividad en el área sólo trajo más costos a la minera. Según dijo, el no haber conectado la línea de alta tensión generó un 30% más de costos en los trabajos dentro de la planta, por ejemplo. “La quema de la bodega provisional de núcleos significa un costo incalculable por tratarse de materia intelectual”, afirmó. “Es difícil de contabilizar las pérdidas”.

“Sobre todas esas teorías de conspiración no podemos decir nada. En lo que respecta a Rotondo, lo que hizo o dejó de hacer, nuestra empresa está colaborando para que sean las autoridades las que definan lo qué pasó”, dijo Dávila, al tiempo que aseguró que la defensa está siendo pagada por el mismo Rotondo y que ya no existe ningún tipo de relación con él. “Inmediatamente, por contrato, se va del país, se tiene que regresar a su país de origen”, recordó.

Sin embargo, el 7 de mayo, cuando acudió al juzgado en Santa Rosa para declarar y el MP lo recibió con las intervenciones telefónicas en las que ordenaba “matar a hijos de puta”, junto a él estaban presentes abogados de la minera, según declaró Gostin, vicepresidente de relaciones con los inversores de Tahoe Resources Inc. Se trataba de un audiencia en la que sólo podían estar las partes involucradas.

Sobre Rotondo, la minera asegura que renunció el 29 de abril después que se determinara que había faltado a los protocolos de seguridad de la empresa. ¿Qué protocolos? No lo explicaron. De ser así, la salida de Rotondo fue el mismo día en que estallaron los hechos de violencia que terminaron con el decreto del estado de sitio en la zona.

Tras ocho meses de violencia en la zona, el MP detuvo a siete personas: cuatro acusados del robo de explosivos y otros desórdenes; dos empleados de la minera; y el sospechoso de asesinar a un agente policial. Todavía, aseguran, se tienen varias órdenes de captura pendientes de hacerse efectivas.