Las mentiras del estado de sitio

–Las fuerzas de seguridad se están moviendo para defender una empresa que ha causado zozobra en la región –dijo Quelvin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca.

Era la noche del 1 de mayo y los pobladores de Xalapán aseguraron haber visto cómo por la tarde se movilizaron efectivos militares y policiales hacia Jalapa.

–Se viene un estado de sitio –vaticinó Jiménez.

Hasta entonces, el Ejecutivo afirmaba que estaba estudiando las circunstancias antes decidirse a decretar un estado de excepción. Lo había dicho el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el 30 de abril y lo repitió el 1 de mayo. Pero ese día trasladó a 2,500 soldados, además de otros mil elementos del ejército de diferentes divisiones para logística, y mil agentes policiales, y el 2 de mayo, el Ejecutivo ordenó un estado de sitio en los municipios Jalapa y Mataquescuintla, de Jalapa, y Casillas y San Rafael las Flores, de Santa Rosa.

“Han ocurrido una serie de hechos graves de sabotaje afectando a la actividad productiva de personas individuales y jurídicas, se ha desapoderado violentamente de material de explosivos para uso particular, se ha atentado violentamente contra la autoridad militar y civil y se ha reducido la movilidad de los ciudadanos bloqueando las carreteras de acceso a dichos municipios”, se leía en el decreto.

A cargo de las operaciones estaba el subjefe del Estado Mayor, el general Manuel López Ambrosio, que en julio sería nombrado ministro de Defensa; y se estableció un mando militar en cada municipio y retenes sobre las carreteras. El estado de sitio tenía dos objetivos: retomar el control territorial en Santa María Xalapán y Mataquescuintla, Jalapa; y que el ejército cooperara con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) para que se pudieran efectuar 53 órdenes de allanamiento y 33 de captura, dictadas por la jueza Carol Patricia Flores, así como posibilitar que se recabaran nuevas pruebas.

A juicio de los líderes de la resistencia contra la minería metálica, la medida sólo buscaba frenar las protestas sociales y criminalizar al movimiento. Permitía, según el artículo 19 de la ley de Orden Público, intervenir o disolver, sin necesidad de prevención alguna, cualquier organización o asociación que funcionara en el área; reprimir cualquier acción, individual o colectiva, que fuera contraria a las disposiciones tomadas para restablecer la normalidad en la zona; y la detención sin orden judicial de cualquier persona sospechosa de conspirar contra el gobierno.

Bajo el estado de sitio, se suspendieron también las consultas de buena fe en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, que realizaban los comunitarios, se paró la consulta popular solicitada a la municipalidad de Jalapa en 2012, y se detuvieron las manifestaciones contra la empresa.

Lo cierto es que la minera no tenía muy claro cuál sería su futuro hasta la llegada del gobierno de Otto Pérez Molina. En el 2011, durante la administración del expresidente Álvaro Colom, la mina reconoció a sus accionistas que al existir una moratoria no oficial para nuevas licencias no se tenía claro cuándo podría obtener el permiso de explotación.

“En la medida que el proyecto Escobal es el proyecto principal de la compañía, la no obtención de la licencia de explotación y de los permisos necesarios podrían tener un efecto material adverso en los negocios”, decía un reporte trimestral de Tahoe Resources Inc., antes de las elecciones de 2011. “No puede haber ninguna garantía acerca de si se otorgarán las licencias o permisos de explotación necesarios y cuándo será esto”, finalizaba.

Con la llegada del nuevo gobierno, las informaciones que emanaron de la minera fueron más esperanzadoras. El CEO y presidente de la junta de Tahoe, Kevin McArthur, se reunió con el presidente, Otto Pérez Molina, y con el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, y, según sus comunicados, en esos encuentros se le aseguró que la licencia de explotación iba por buen camino.

Ese mismo mensaje del Ejecutivo a la empresa y de ésta a sus accionistas se mantuvo durante todo 2012.

¿Para qué se reunieron McArthur y los funcionarios guatemaltecos? Archila aseguró que fueron reuniones eminentemente técnicas en que se explicó el proceso de concesión de las licencias y que durante ellas no se prometió nada que no estuviera apegado a la normativa vigente. La palabra clave era “legalidad”, dice. La minera había cumplido con todos los requisitos y no se le podían negar los permisos a menos que el Estado quisiera exponerse a una demanda.

Las contradicciones del estado

Según el Ejecutivo, el estado de sitio tenía poco que ver con la minería. “Con la investigación se puede demostrar que no todo lo sucedido aquí ha estado relacionado con la mina San Rafael, como algunos grupos han dicho”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa en que anunció la medida. “Hay una serie de hechos delictivos que se mezclan con el crimen organizado y otro tipo de intereses, lo que ha provocado hasta anarquía en esa región”.

Aquel 2 de mayo, una solitaria pregunta incomodó al Presidente: ¿No se estaba limpiando el camino para que la minera pudiera funcionar sin ser molestada por la resistencia contra la minería en la zona? “No se está limpiado camino a nada”, dijo. Según sus informes, detrás de las manifestaciones había delitos y estructuras del crimen organizado y afirmó: “Yo no voy a permitir que esto siga caminando de esta forma y por eso fue que tomé la decisión de implantar el estado de excepción”.

Aun así, el primer mandatario sólo hizo referencia a los hechos violentos relacionados con el conflicto minero desde septiembre de 2012 hasta abril de este año como las principales razones. “Se ha cometido una serie de hechos delictivos que van desde asesinatos hasta secuestros; se han destruido bienes del Estado, ha habido asociación ilícita y robo de armas, como en el último incidente en que secuestraron a 23 policías (en la tarde del 29 de abril)”, afirmó. Según él, todo esto lo investigaba el Ministerio Público (MP) desde hacía más de seis meses y ya se tenían pruebas de ello.

A partir de ahí, todo fue una triangulación rápida que hicieron los periodistas. En un vértice, el Presidente desglosó todos aquellos hechos de los que se culpaba a la resistencia minera: el robo de explosivos, la retención de los agentes policiales, en Santa María Xalapán, Jalapa, y el asesinato de un agente de la Fuerzas Especiales Policiales (FEP) en San Rafael Las Flores. En el segundo, los responsables de tales hechos habían sido grupos externos al municipio. El tercer vértice fue una frase del ministro de Gobernación, quien aseguró –aunque nunca mostró pruebas de ello- que tras los hechos había una estructura criminal relacionada con los Zetas, en Jalapa.

Esa última frase fue lo que más llamó la atención de los medios de comunicación.

Para cuando se cerró el triángulo, el mensaje era que las organizaciones que se oponían al permiso de explotación minera estaban vinculadas con criminales organizados.

“Aquí lo que se ha hecho es violar la ley y llevar a cabo hechos delictivos del más alto nivel, como son asesinatos. Esto es lo que nos llevó a tomar la decisión de implementar el estado de excepción, y no proteger, como ustedes pueden ver, las actividades mineras”, afirmó Pérez Molina.

El único precedente en su gobierno dejaba un halo de dudas alrededor de sus declaraciones. El 2 de mayo de 2012, justo un año antes, el gobierno había decretado otro estado de sitio en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, donde un grupo de campesinos se oponían a las operaciones de la empresa Hidro Santa Cruz. En aquella ocasión, los vecinos atacaron el destacamento militar de la región y la medida terminó con la captura de 15 personas. A pesar de las críticas –se acusó al ejército de cometer abusos contra la población y al gobierno en general de vulnerar los derechos humanos de los habitantes de la zona-, el gobierno de Pérez Molina defendió la medida de principio a fin aún con el coste político que conllevaba.

Un precio que el gobierno, al parecer, no estaba dispuesto a pagarlo siempre, cada vez.

Tras unos bloqueos que los xincas realizaron en marzo de 2013 después del secuestro de cuatro líderes indígenas de la zona, el mismo ministro de Gobernación ya había desestimado el estado de sitio. La medida suponía, según dijo, “la forma más fácil de intervenir, imponer el orden, llevar de nuevo la presencia del Estado y el cumplimiento de la ley” en un área determinada. El gran problema de la “herramienta” era uno solo: muchísimas organizaciones no gubernamentales se aprovechaban de algo así para afectar la imagen internacional de Guatemala. “Seguimos siendo vistos fuera como una aldea de primitivos que no pueden ni cumplir la ley y que, además, ni respetamos los derechos humanos”, dijo en una conferencia de prensa en marzo. Por ello, aseguró, el Presidente había sido precavido.

¿Cuándo echarían mano de nuevo al estado de sitio? Según el ministro, cuando existiera “una situación verdaderamente complicada”. Y eso, pensaban, era lo que estaba sucediendo aquel lunes, el último de abril de este 2013: después de que se firmara el convenio de regalías voluntarias entre las siete municipalidades y Minera San Rafael, la situación se desbordó en la zona: la retención de policías en Santa María Xalapán y el robo de sus armas; las manifestaciones violentas y la muerte de un agente policial en San Rafael Las Flores.

Los hechos que encendieron la mecha

El lunes 29 de abril, cerca de las 4:00 de la tarde, los vecinos de San Rafael Las Flores organizaron una protesta en las dos entradas al municipio. Protestaban contra el alcalde Víctor Morales, contra la firma del convenio de regalías voluntarias con Minera San Rafael, firmado unas horas antes en el Palacio Nacional de la Cultura, con el presidente Otto Pérez Molina como testigo de honor, y contra el ataque a seis pobladores a cargo de vigilantes privados de la mina, que había ocurrido dos días antes. Según observadores de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, eran entre 150 y 200 personas. Según el alcalde, no pasaban de 300. Según los organizadores, más de dos mil.

–Era una manifestación pacífica –dijo uno de los organizadores.

–Eso no tenía nada de pacífico –aseguró el alcalde Morales.

El alcalde se había adelantado a lo que pudiera pasar y cerca de las 2:30 de la tarde, había llamado al viceministro de Gobernación, Eddy Juárez, para solicitar apoyo policial en su municipio. Le contó que se estaba conformando una manifestación contra la minera y la municipalidad, que firmó el acuerdo de regalías. Los manifestantes mostraban su rechazo público de forma pacífica a los hechos del sábado anterior: 12 personas habían resultado heridas por arma de fuego tras ser atacadas, decían, por la seguridad privada de la minera. “Hablé con el viceministro y solicité mayor apoyo policial”, recordó el alcalde. “Él se comprometió a enviar más policías, pero nunca llegaron”. El temor de Morales era que los ocho con los que contaba la delegación de la PNC en el municipio fueran insuficientes. “Después, todo se descontroló”, aseguró. “Eso no fue una manifestación pacífica”, reiteró Morales once veces durante la entrevista: se dañaron comercios que prestan servicios a personal de la compañía minera y se insultó a quienes habían vendido sus terrenos para la explotación de zinc, oro, plata y plomo.

De nuevo, ahí las diferentes versiones se separan según quién cuenta. Quienes participaron en los bloqueos hablan de individuos que indujeron a cometer actos violentos. ¿Infiltrados? “Sí, gente que no es del movimiento anti minería, gente que no es de estos municipios”, dijo uno de los organizadores. Este grupo fue el que se trasladó hacia el centro urbano de San Rafael Las Flores, el que quebró las ventanas de las casas alquiladas a los empleados de la minera, el que intentó quemar tiendas y provocó daños a vehículos públicos y privados. Ahí, hubo vecinos que aprovecharon para saquear algunos negocios.

La policía no intervino. Los refuerzos policiales que había solicitado el alcalde Morales nunca llegaron: no era que el viceministro no los hubiera enviado, era que estaban retenidos en Santa María Xalapán. El único agente que se encontraba en la subestación de San Rafael Las Flores, a un lado del parque central, se vistió de civil, cerró la oficina policial con llave y se marchó. Y cuando al final llegó un contingente de la PNC de los municipios aledaños, la protesta había acabado. Eran las 6:00 de la tarde.

–Insisto, eso de pacífico no tenía nada… ¿Le parece pacífico con los daños que hicieron? –dijo Morales.

–Los desórdenes no los generó la gente que participaba en la protesta pacífica –sostuvo Rudy Pivaral, uno de los líderes de la oposición minera en San Rafael Las Flores.

Por la noche, las cosas empeoraron. Según la diligencia número 99-2013 de la Policía Nacional Civil, a las 11:45 de la noche se recibió una alerta en la subestación de San Rafael Las Flores: cerca de 200 personas con el rostro cubierto bloqueaban la ruta entre Casillas y Mataquescuintla, a la altura del kilómetro 96, y amenazaban con quemar viviendas y negocios. Quince minutos después, alrededor de 50 agentes de la policía, entre ellos personal de la división de Fuerzas Especiales Policiales (FEP), se apostaron frente a la entrada principal de la minera, en el kilómetro 97.5, para coordinar la forma de dispersar a los manifestantes.

A las 12:15 del martes 30, los policías se acercaron al lugar de los desórdenes. Un agente que participó dijo que eran poco más de 30 personas con armas y con el rostro cubierto con pasamontañas. La policía, recuerda, lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos y les respondieron con disparos. Los agentes se replegaron. Durante la retirada, Eduardo Demetrio Camacho Orozco, de 40 años y miembro de la FEP de Escuintla, murió de un tiro.

Los números en contra

Según López Bonilla, la muerte de Camacho Orozco y la retención de los policías en Xalapán eran muestra de que las cosas se habían salido de control en la zona y evidenciaban la necesidad del estado de sitio. Y el Presidente volvió a destacar la violencia generada, a su juicio, exclusivamente por la resistencia a la minería metálica. Destacó que los hechos ni siquiera habían sucedido en San Rafael Las Flores como una justificación extra, aludiendo a la sospecha de que los alborotos eran causados por gente de fuera. “La actividad minera está en el municipio donde menos problemas ha habido, sino que han sido en Jalapa, Mataquescuintla y Casillas”, afirmó Pérez Molina. Sin grandes dotes para la geo-referencia, su declaración estaba llena de imprecisiones.

¿Olvidó que cuatro personas directamente ligadas al conflicto minero habían muerto en San Rafael Las Flores? Sí.

¿Encasilló a toda Jalapa por los hechos ocurridos en la montaña de Santa María Xalapán? Sí.

¿Por "crimen organizado" en Mataquescuintla se refería al robo de explosivos, ocurrido en noviembre de 2012? Sí.

¿Y Casillas?

Nunca se supo por qué lo mencionó, porque ningún hecho registrado desde que aumentó la conflictividad minera, en septiembre de 2012, ocurrió en este municipio.

¿Todo era por el conflicto minero? De nuevo, el ministro de Gobernación sostuvo que no, que hablaba de crimen organizado, de altos índices de criminalidad. Y lo acuerpó Pérez Molina, ya enredado en un discurso difícil de comprender: “El asunto de la minera no es un asunto de primer orden para este operativo y el estado de excepción que estamos implementando, sino es restablecer el orden y cuidar la vida de los guatemaltecos que residen en estos lugares”, dijo.

Según la base de datos de la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), San Rafael Las Flores no estaba entre los municipios más violentos de Santa Rosa en los primeros cinco meses de este año. En este período, el 71% de los homicidios de este departamento se registró en cinco municipios: Barberena (19), Chiquimulilla (18), Pueblo Nuevo Viñas (13), Santa María Ixhuatán (12) y Cuilapa (10). En ese mismo período, se registraron siete casos de homicidios en San Rafael Las Flores. Cuatro de ellos, ligados al conflicto minero: dos guardias de seguridad privada y un habitante, asesinados en la noche del 11 de enero y la madrugada del 12 de enero; y el agente policial Camacho Orozco, la madrugada del 30 de abril.

Abriendo más el panorama, San Rafael estaba lejos de ser uno de los municipios más violentos del país: de enero de 2008 a mayo de 2013, registró 32 homicidios. Y de ellos, el 2012 había sido el año menos violento de este período: dos homicidios y ocho lesionados.

“La violencia la trajo la minería”, resumió un líder de la resistencia minera de Mataquescuintla. “Antes, éste era un pueblo normal, sin violencia… sin muertos”, aseguró.

La realidad, en realidad, es menos paradisíaca: 80 muertos entre mayo de 2008 y mayo de 2013. Durante este año, hasta antes del estado de sitio, ocho homicidios.

“¿Ocho?”, cuestionó este líder de la resistencia. “Son pocos… Si aquí existiera una banda vinculada a los Zetas, al narco, a criminales fuertes, ¿no cree que serían más?”

La verdad, de acuerdo con los datos oficiales de la PNC, es que existían municipios aledaños al estado de sitio con mayores índices delincuenciales durante los primeros cinco meses del año. Basándose en el número de homicidios, Barberena, Santa Rosa, con un tasa de 4.07 homicidios por cada 10 mil habitantes, y Palencia, Guatemala, con 4.41 homicidios por cada 10 mil habitantes, eran los municipios más violentos de la zona.

¿Secuestros? Solo dos en toda el área cercana y ambos fuera de la zona de estado de sitio: uno en Palencia, Guatemala, y otro en Sanarate, El Progreso. Incluso, la retención de los 23 agentes de la Fuerzas Especiales Policiales (FEP) no se registró entre los secuestros, según los datos del mismo Ministerio de Gobernación (Mingob).

Casillas, Santa Rosa, era quizás el único municipio en el que las investigaciones policiales hablaban de que estaban frente a una banda criminal. Se trataba de la banda Los Changos, investigada por secuestros, extorsión a comerciantes, robo de café y por atentar contra policías en las zonas aledañas a la aldea Ayarza, en Casillas, desde 2012. Y la Policía sabía de dicha estructura hacía más de un año. Según el jefe de la Comisaría 32, Edwin Chacach, a ellos se les investigaba por la muerte del agente policial Julio Calderón, el 26 de febrero de 2012, y eran los responsables de que se suspendiera la feria de Ayarza, en febrero de este año, después de que los comerciantes recibieran amenazas. Aun así, todas las actividades ilícitas de Los Changos no merecieron que se declarara estado de sitio en Casillas.

Casillas ni siquiera aparece en el listado de los 30 municipios en los que López Bonilla, según dijo el 15 de abril, sopesaba imponer estados de excepción focalizados para frenar la delincuencia y el crimen organizado. Aquel elenco, hecho después de un análisis conjunto del Ejecutivo, el MP, el Instituto de Defensa Pública Penal y el Organismo Judicial, sólo incluía los municipios con mayor incidencia de homicidios, narcomenudeo y circulación de armas y buscaba imponer estados de excepción de 24 a 72 horas, evitando con ello que se necesitara que los aprobara el Congreso de la República.

“Sabemos en qué áreas debemos concentrarnos para ser efectivos”, dijo el Ministro a los periodistas. Y en aquel listado, de los cuatro municipios en estado de sitio, solo figuraba Jalapa.

De 2008 a 2012, en Jalapa se cometieron en promedio 80 homicidios por año, el 70% de ellos con arma de fuego; hubo 85 lesionados en hechos violentos, 60% de ellos por armas de fuego, según datos de la Subdirección General de Operaciones de la PNC. Pero los primeros cinco meses de este año marcaban una disminución en los hechos de violencia, con el menor número de homicidios y lesionados desde 2008. Como mucho, las estadísticas policiales reportaban un aumento del 25% en delitos patrimoniales, que se había disparado con el robo de las armas de los agentes en Santa María Xalapán.

Los más buscados

Aquel 2 de mayo, la Policía aprehendió en Casillas a siete miembros de Los Changos: Santiago Gutiérrez López, Estuardo Gutiérrez Aguilar, Melvin Estuardo Gutiérrez Rodríguez, Daire Felipe Leiva Rodríguez, Andelino Hernández Orellana, Luzvin Geovany Lima Cabrera y Marco Tito Ruíz Ceballos, todos sindicados de homicidio, secuestro y sicariato. El ministro de Gobernación y la fiscal general Claudia Paz y Paz mostraron fotografías de la banda durante una conferencia de prensa en el octavo piso del Ministerio Público.

Según López Bonilla, la estructura era investigada desde hacía más de seis meses. Pero en realidad, la PNC tenía pruebas contra ellos desde hacía más de un año.

Así, las primeras capturas reforzaron el discurso gubernamental de que se estaba tras bandas criminales y no contra líderes de la resistencia anti minera en la zona. Entonces, todavía el gobierno y el MP sostenían la implicación en la violencia alrededor de la minera de al menos una estructura vinculada con el narcotráfico que utilizaba la región para guardar armamento de Los Zetas. “Se trabajaron casos como el ataque a la minera, el robo de dinamita en noviembre del año pasado, la retención de los policías, la muerte del agente, lo que nos llevó a establecer la presencia de estos grupos criminales”, dijo Rony López, jefe de la Fiscalía contra el crimen organizado.

López explicó que, de esa manera, desde hacía meses se habían hechos perfiles completos de 18 personas identificadas en diferentes hechos violentos, como las protestas de septiembre de 2012 y el robo de explosivos, en noviembre de 2012; y cómo algunos de ellos habían sido reconocidos por los policías retenidos en Xalapán. De ahí, se desprendió la solicitud de girar las órdenes de captura y de allanamientos a la jueza Carol Patricia Flores.

Por ello, en cada retén y en todo operativo, soldados y policías tenían un listado de personas que debían capturar durante el estado de sitio, con número de identificación y posible dirección. Así, el 2 de mayo el MP capturó también en San Rafael Las Flores a Laura Leonor Vásquez Pineda, Cristian Aroldo Morales Pivaral, Gustavo Adolfo Cruz Alvizúrez y Álvaro Francisco Vásquez Vázquez. Eran los primeros de un listado de 16 personas que presuntamente habían participado en el robo de los explosivos, en noviembre pasado, y en la retención de los agentes policiales en Santa María Xalapán, el 29 de abril. Nunca el Mingob o el MP acreditaron que existiera relación de ellos con la banda de Los Changos.

Según el ministro de Gobernación, no se trataba de criminalizar al movimiento anti minero sino de detener a gente que había cometido hechos delictivos bajo la sombrilla de las protestas que generaba la minería en la región. En el listado destacaban el presidente del Parlamento Xinca, Roberto González Ucelo; Fredy Giovany Pivaral Véliz, candidato en las elecciones de 2011 a la municipalidad de San Rafael Las Flores por el Centro de Acción Social; y Rudy Antonio Pivaral Véliz, líder de la resistencia minera en el mismo municipio. López Bonilla había acusado el 29 de abril en la noche a Roberto González Ucelo y a Rudy Antonio Pivaral Véliz de liderar la resistencia violenta.

Cuatro días después, el 6 de mayo, la PNC capturó a Claver Alarcón Lemus, de 49 años, acusado de participar en el asesinato del agente Camacho Orozco durante los disturbios de la noche del 29 de abril pasado en San Rafael Las Flores. Alarcón Lemus fue detenido en el Sector I, Manzana “D”, Lote 8, de Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, donde se le incautaron dos pistolas y 15 cartuchos útiles. Ni el ministro de Gobernación ni el Ministerio Público explicaron la relación del detenido con las protestas en la zona minera.

Para el 10 de mayo, cuando el gobierno derogó el estado de sitio, que nunca fue ratificado por el Congreso de la República, e impuso estado de prevención en la zona, no se habían realizado más aprehensiones. La última captura fue la de Guillermo Enrique Carrera Alvizúrez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo del Caserío Las Cortinas, de San Rafael Las Flores, detenido el 18 de mayo. A él se le acusa de plagio, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada y robo agravado.

A pesar de los intentos legales del Parlamento Xinca y Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) por declarar inconstitucional lo actuado por la jueza Flores, las demás órdenes de captura siguen vigentes.

Nota de edición: (18:00 horas del 23/09/2013) Por error, en un lugar de este reportaje se nombra como "Ayerza" a una aldea de Casillas que en el resto del texto aparece correctamente mencionada como Ayarza. Ya se corrigió. Asimismo, se decía, con errata evidente, que "De 2008 a 2014, en Jalapa se cometieron en promedio 80 homicidios por año". Ya fue sustituido por el dato correcto: "De 2008 a 2012". Le agradecemos el aviso al lector que percibió esas incongruencias.
(16:41 horas del 24/09/2013) El nombre del alcalde de San Rafael Las Flores es Víctor Leonel Morales y no Óscar, como apareció por una confusión. En el texto, lo conservamos como Víctor Morales, que es como se le llamó en los artículos anteriores de esta serie. Gracias al aviso de la lectora que lo notó.