La última propuesta del Cacif para eliminar el salario mínimo se concentra en una mayor diferenciación de los salarios y en la supresión del mecanismo tripartito que sirve en la actualidad para fijar esas remuneraciones. A ese respecto, es necesario reconocer que el asunto está empantanado y que no se ha podido avanzar en la fijación de salarios dignos para las mujeres trabajadoras en casa particular o para las personas que podrían acceder a jornadas parciales en determinadas actividades económicas.
Percibo que el Cacif tiene algo de razón al cuestionar el uso de la canasta básica alimentaria (CBA) como argumento para fijar el salario, pues la CBA es una estimación que incluye hasta bebidas carbonatadas. Es decir, podría costar menos. Pero también más. Lo que el Cacif no menciona es que una familia promedio podría comer con menos dinero, pero que la canasta ampliada, que incluye gastos de educación, transporte, salud y otros, está por encima de los ocho mil quetzales al mes.
¿En qué otro asunto el Cacif puede tener algo de razón? La productividad es importante, y tiene sentido que una persona relacione su salario con un trabajo bien hecho. Sin embargo, al final, la fijación del salario por productividad habría de ocurrir en el seno de las empresas. Y en las condiciones actuales, ¿qué trabajador puede negociar una mejor remuneración cuando hay cientos de personas dispuestas a trabajar por menos con tal de no pasar hambre? De hecho, hay dos ejemplos cotidianos de fijación de salarios por productividad: las tortillerías y los lavaderos para automotores. En ambos casos, quien paga lo hace considerando la productividad y las condiciones de mercado, lo que se traduce en la contratación de niñas y niños con jornadas absurdamente largas y remuneraciones risibles. ¿Es ese el tipo de contratación que proponen legalizar?
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El Cacif, en su lógica selectiva, también tiene algo de razón en cuanto a que el salario no puede fijarse arbitrariamente, pues existe un umbral que es antieconómico para las pequeñas empresas. El problema es que el umbral de pobreza en Guatemala ya ha expulsado a millones de personas, y eso me permite llegar al punto más importante.
Creo que se pueden discutir un modelo de salario diferenciado y un mecanismo de remuneración acorde con determinadas actividades económicas. Porque, en efecto, hay millones de personas en la informalidad, ganando muy mal y pasándola peor. Así, una política de Estado podría incorporar salarios diferenciados, pero de la mano con una inspección general de trabajo, un sistema de justicia con capacidad para hacer cumplir la ley, una reforma al sistema de seguridad social que permita cotizar en forma incluyente y, lo más importante, una reforma fiscal progresiva que genere los ingresos para que el Estado cumpla con las funciones que manda la Constitución Política.
Apliquemos la lógica del Cacif a este asunto: así como las familias trabajadoras pueden comer con menos, también los empresarios, que ganan más, pueden pagar más impuestos para que el Estado les garantice estabilidad social y una mano de obra productiva.
En suma, cuando los empresarios paguen sus impuestos cabales y conforme a sus capacidades reales (modelo progresivo), entonces habrá condiciones para que el Estado haga cumplir la ley y también la posibilidad de debatir jurídica y políticamente la diferenciación de los salarios.
Solo en esas condiciones una persona podrá acceder a un empleo, de pronto mal pagado, pero con seguridad social y con un Estado que le brinde educación, salud y seguridad a su familia. De otra forma solo veremos el ya conocido azadón del Cacif, que en esta coyuntura no deja de ser un recurso hipócrita y perverso.
En 2020, el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación seguirá siendo deficitario y construirá deuda impagable para beneficiar a ciertos bancos. Si el Cacif quiere mostrar algo de seriedad, debería dejar de boicotear la impostergable reforma fiscal. Y entonces, creo yo, habrá condiciones para hablar de salarios diferenciados.
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