Una comisión pesquisidora tiene como función analizar los señalamientos en contra de algún funcionario que disfruta del privilegio del antejuicio y valorar si hay elementos suficientes para que se lo procese judicialmente. Sobre esa base, dicha comisión recomienda al pleno retirar o no retirar la inmunidad a la persona investigada. Independientemente de las recomendaciones de la comisión, el Legislativo puede modificar su criterio.
El antejuicio es un derecho que intenta proteger a quienes ejercen la función pública de acciones espurias motivadas por la revancha política. Sin embargo, en Guatemala ha servido fundamentalmente para que quien disfruta de dicho privilegio considere tener un escudo de impunidad. De esa suerte, el obligado trámite del antejuicio ha impedido por mucho avanzar en procesos contra la corrupción. Ello, porque quienes deben conducirlo suelen tener vínculos o compromisos con la persona evaluada, enlaces que muchas veces son el resultado de arreglos para elecciones o designaciones institucionales.
En el caso de la comisión pesquisidora que se integró para llevar a cabo el antejuicio contra Stalling, resulta que hay al menos dos diputados que votaron a favor de ella para integrar la CSJ. El presidente de la comisión, Julio Longo, ahora del partido oficial, FCN-Nación, integró la legislatura anterior llevado por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), durante la cual se produjo la elección de la CSJ. Al igual que él, Oliverio García Rodas, en ese entonces del hoy desaparecido Partido Patriota (PP) y hoy con el Movimiento Reformador (MR), también votó por Stalling. Los otros tres integrantes son German Velásquez (del PP), Eva Montt (hoy de Acción Ciudadana y antes de Líder) y Mario Pérez (de Compromiso, Renovación y Orden —Creo—). Los tres últimos llegaron con esta legislatura, pero dos de ellos ya son tránsfugas, al igual que los dos que votaron por Stalling para la CSJ.
El expediente que la comisión habrá de analizar se relaciona con las investigaciones que realiza la Fiscalía contra la Impunidad (FECI) ante la denuncia planteada por el juez Carlos Ruano. El togado denunció que recibió presiones de la magistrada para favorecer al hijo de esta, acusado en el caso IGSS-Pisa, el proceso por fraude en servicios de diálisis que derivaron en la muerte de varias personas.
Desde el punto de vista ético, Stalling debió renunciar a la magistratura o la CSJ requerirle la dimisión. Ni una cosa ni la otra se dieron. Hasta el último minuto, y tan solo bajo la fuerte presión del reclamo social, la CSJ optó por dar trámite a la solicitud de antejuicio. Ahora está en manos de la comisión pesquisidora avanzar en la investigación de una funcionaria judicial que ha enlodado la toga que debería utilizar con honradez y dignidad.
Stalling ya fue cuestionada previamente por vínculos directos, no solo de su hijo, con las estructuras criminales procesadas por corrupción. En las primeras acciones logró librarse de los procesos. Ahora, con una grabación como evidencia, Stalling no puede quedar impune.
Como ciudadanos y ciudadanas debemos hacernos eco de las palabras de Iván Velásquez, cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuando afirmó: «De nada vale que se hagan investigaciones fuertes, sólidas y profundas sin un sistema de justicia independiente. Sin jueces y magistrados realmente independientes, ajenos a las influencias que se ejercen respecto de ellos, de nada valdría esta lucha contra la impunidad».
De esa suerte, primero la comisión pesquisidora, cuyas audiencias deben ser públicas, y luego el Congreso han de retirarle a Blanca Stalling Dávila el derecho de antejuicio y permitir que sea investigada y procesada. Es una necesidad imperiosa para depurar el ejercicio de una función esencial para la democracia.
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