“Es el momento para que las élites pensemos en un pacto de país”

Durante la crisis de 2015 que dio al traste con el mandato de Otto Pérez Molina, “algunas” personas se acercaron a Jorge de León Duque (Guatemala, 1969) para ofrecerle apoyo para que repitiera la historia de su padre, Ramiro de León Carpio, quien en 1993, siendo Procurador de los Derechos Humanos, fue llamado por el Congreso para sustituir en la Presidencia de la República a Jorge Serrano Elías. Pero De León Duque rechazó la oferta: no le interesaba.

El próximo 20 de agosto, De León Duque concluirá el período de cinco años para el que fue designado por el Congreso de la República, como Procurador de los Derechos Humanos. No buscará su reelección, dice, porque quiere ser consecuente con sus convicciones sobre la alternancia en el poder y los cargos.

Prefiere en el futuro revivir la fundación que lleva el nombre de su padre, trabajar temas de transparencia, acceso a la información pública y educación sobre derechos humanos. Pero aún no tiene nada claro.

Lo que sí tiene claro, dice, es que dedicará los cinco meses que le quedan antes de entregar el cargo a apoyar la cruzada contra la corrupción y la impunidad que encabezan la Fiscal General, Thelma Aldana, y el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, así como unir fuerzas con la sociedad civil para que el proceso de elección de su sustituto sea público y transparente, para evitar que el nuevo PDH represente “intereses oscuros”.

¿Por qué prevalece la idea de que instituciones como la PDH defienden los derechos de los delincuentes?

Es una idea que se ha manejado desde hace muchos años; desde la época de la guerra interna. Cuando alguien se preocupaba por defender derechos humanos en aquella época, desde el mismo Estado surgió el discurso de que eran defensores de los “izquierdos humanos”, y trataban de vincular a aquellos que exigían respuestas del Estado y acciones para la defensa de los derechos humanos, con grupos de izquierda, con guerrilleros. Desde ahí surge esa intención de querer debilitar a los defensores de los derechos humanos, porque para los grupos poderosos mientras se mantenga en ignorancia a la población, es mejor porque es más fácil manipularlos y porque no exigen la defensa de sus derechos. Y dicho con todo respeto, mucha gente se deja llevar por lo que los demás dicen; se dejan llevar por un “meme”, por un tuit, sin siquiera conocer qué son los derechos humanos.

Por otro lado, las críticas en contra de la institución se observan cuando se verifica el respeto de los derechos humanos de las personas que están sometidas a un proceso penal. Aquel guatemalteco que no enfrenta esta situación, obviamente no requiere de los servicios del Procurador de los Derechos Humanos. En el interior del país, en cambio, en los lugares donde ocurren conflictos, la gente pide la presencia de la PDH; eso se llama confianza hacia la institución del Procurador.

La ideologización de los derechos humanos tiene una intencionalidad política. ¿De dónde proviene?

Los derechos humanos no tienen ideología. Pero hay grupos radicales que ven una amenaza en la defensa de los derechos humanos, porque defender los derechos humanos significa defender al desvalido, al que históricamente no ha tenido oportunidades. Guatemala es un ejemplo de cómo el Estado viola los derechos humanos al no dar respuesta a las grandes necesidades de sus ciudadanos. Es frustrante ser Procurador de los Derechos Humanos en un país donde los niños se mueren de hambre, los servicios básicos no llegan a la población, donde se violan los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos. Este país sigue estando en deuda con la población.

¿Y cómo administra esa frustración?

Luchando, no claudicando, denunciando, cumpliendo con el mandato constitucional y garantizando la independencia de la institución. El Procurador es un magistrado de conciencia al que le corresponde denunciar las diferentes formas de violación de los derechos humanos, y emitir sanciones morales en contra de los responsables. Muchos dicen que ese mandato es insuficiente, pero así es en todas partes del mundo, y otros pretenden atribuirle funciones que no le corresponden. Por ejemplo, cuando hay una manifestación piden que el Procurador garantice los derechos de los manifestantes. ¿Cómo va el Procurador a garantizar los derechos, cuando es a las fuerzas de seguridad a las que les corresponde hacerlo? Falta educación: hay que seguir educando a la sociedad sobre derechos humanos, sobre el mandato del Procurador, pero principalmente sobre que negarle la defensa de los derechos humanos a una sola persona, afecta a toda la sociedad.

Supongo que su frustración tiene que ver con que sus resoluciones son de carácter moral, y de que en Guatemala, demostrado está, si de algo carecen sus élites es de ética…

Definitivamente. Lo que hace falta en este país es ética. Y para construir la ética, es necesaria la participación de la gente, no sólo a través de las redes sociales, sino en la política, sobre todo de la juventud. La política es un asunto de todos, y solo participando de manera activa se pueden lograr los cambios que necesita el país.

Pero para que la gente pueda participar, primero habrá que cambiar el sistema político actual, porque en las condiciones en que se encuentra, en lugar de motivar la participación la inhibe…

¡Hay necesidad de cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos! No podemos seguir con este mismo sistema que privilegia la corrupción. La conflictividad es producto de ello; yo entiendo que la gente detona de esa manera su frustración y su falta de confianza hacia las instituciones, incluida la PDH. Y es comprensible: ¿cómo pedirle a la gente que confíe en la institución del Procurador, si se siguen violando a diario sus derechos humanos? Por eso creo que es fundamental que la PDH siga siendo independiente, que siga señalando y denunciando, aunque a los funcionarios públicos no les guste.

Siempre se han dicho que los derechos humanos sólo pueden ser violados por el Estado, porque el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza. Pero los grupos criminales, los “ejércitos privados” de los finqueros, los carteles de la droga también ejercer fuerza sobre los ciudadanos. ¿Violan también los derechos humanos?

Los Defensores del Pueblo nacen con esa misión: defender los derechos de los ciudadanos frente al Estado. Eso ha cambiado en la doctrina y la aceptación internacional: no sólo el Estado viola los derechos humanos, los particulares también lo hacen. Pero eso no significa que el Procurador de los Derechos Humanos deba responder a los hechos criminales. Eso ha generado confusión entre algunas personas. Por ejemplo, alguien dice: “Me asaltaron; me violaron mis derechos humanos”. Sí, es cierto, pero quien debe responder por ello son las instituciones del Estado. La función del Procurador en estos casos es denunciar y exigir que las instituciones funcionen, que cumplan su deber; que la Policía garantice el derecho ciudadano a la seguridad, y el Organismo Judicial el derecho a la justicia.

Y sí, hay entidades privadas e individuos que con su comportamiento, violentan los derechos humanos.

¿Y qué hace la PDH para defender los derechos humanos de los ciudadanos frente a violadores “privados”?

Hemos emitido resoluciones y condenas en contra de particulares por discursos de odio; hemos hecho llamados severos a entidades privadas, y emitido las denuncias respectivas ante el Ministerio Público. Por ejemplo en el caso de la contaminación y desvío de ríos, también hemos señalado a empresas privadas por la violación de derechos, aunque no ha faltado quien diga: “Ah, como la resolución del PDH es moral y no es vinculante, no me importa que me condene”. Pero hubo un caso paradigmático: a un alcalde le pedimos un informe sobre el acceso a la información pública en su municipalidad, y dijo que no, que no contestaba porque el mandato del Procurador no era vinculante. Entonces, seguimos el camino que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, presentamos la denuncia ante el Ministerio Público, y fue condenado por uno de los delitos que establece esa ley, y fue inhabilitado en el cargo. También hemos denunciado la falta de transparencia en el deporte federado, hemos presentado denuncias penales en contra de los alcaldes por casos corrupción.

¿Considera conveniente modificar el mandato del PDH para que sus resoluciones sean vinculantes?

Cuando me reúno con otros Ombudsman, siempre hacemos catarsis. Quisiéramos que nuestras disposiciones tuvieran la fuerza que tienen las de un juez. Pero eso desvirtuaría la razón de ser de un Procurador: para eso están los jueces. A veces quisiera hacer más, sobre todo viendo las condiciones de miseria que vive el país, quisiera ir más allá, pero el mandato no me lo permite. Eso es uno de los temas que me genera frustración.

* * *

Desde el Congreso y del Organismo Judicial recientemente han lanzado dardos venenosos en su contra.

Acompañar el esfuerzo del Ministerio Público y la CICIG nos ha generado anticuerpos. Se han tocado poderes que eran intocables y actuaban con absoluta impunidad. Como Procurador, consciente de que el derecho a la justicia es fundamental, los he acompañado en este esfuerzo genuino por derrotar la impunidad. Los índices de impunidad son espantosos. Por eso reformar la Constitución para fortalecer el sistema de justicia es lo correcto. Sabía que ese apoyo iba a traer consecuencias, pero como no estoy aquí para ganar popularidad, lo hago con el convencimiento de que es algo urgente y necesario.

También es probable que (esos ataques) se deban a que, como algunos dijeron, me vieran como posible candidato presidencial. Yo no tengo ni dinero ni partido político para eso. Además de que en las condiciones actuales del Estado no me interesaría. Yo creo que si uno puede aportar, lo debe hacer, pero en este momento, lo que corresponde es apoyar al MP y la CICIG.

¿Cree que la censura de la PDH a la magistrada Silvia Patricia Valdés tiene que ver con los ataques en contra de usted?

Es difícil saberlo. Directamente ataques de la Corte Suprema hacia mí, no he visto. Pero todo lo que el Procurador resuelve lo hace en conciencia, y no son ataques personales. Yo respeto a todos los magistrados como seres humanos y como profesionales. Con la magistrada Valdés hemos coincidido en varios lugares. La considero una persona educada. En esta posición uno lo que gana son enemigos.

Los ataques más visibles en su contra llegaron desde el Congreso, la institución que lo elige y a la que usted representa.

Creo que eso tiene que ver con el odio que hay contra el comisionado Iván Velásquez y la fiscal Thelma Aldana. Como no los pueden atacar abiertamente a ellos, lo hacen en contra del Procurador. Me pasan la factura a mí por integrar junto a ellos la Secretaría Técnica (de las reformas constitucionales).

¿Quiénes son los diputados o partidos que odian a la Fiscal General y el comisionado de la CICIG?

Aquellos que sienten que se les está persiguiendo. También quienes representan los intereses de otras personas que no están dentro del Congreso, pero que envían sus mensajes por esos medios.

¿Cómo califica el trabajo de la actual legislatura?

Este Congreso ha tenido facetas distintas. El año pasado, aunque controversial, la presidencia de Mario Taracena fue importante porque dio pasos hacia la transparencia, y a pesar de que Taracena proviene de lo que se ha dado en llamar la “vieja política”, obtuvo el apoyo de la población con sus iniciativas en la lucha contra la corrupción. Aprovechó el momento con valentía e inteligencia, dirigió el Congreso de manera acertada, al menos en los temas que venían de la plaza. Por su peculiar forma de ser, generó enemistades y ataques dentro del Congreso. Este año, el presidente Óscar Chinchilla ha tratado de hacer bien su trabajo, pero es difícil comparar a Mario Taracena con cualquier otro presidente.

Lo que sí es evidente es que, como consecuencia de algunas propuestas, se ha generado un desgaste muy acelerado. Hay un rechazo creciente hacia el Congreso. Creo que es el punto de mayor rechazo de la era democrática, incluso más que en 1993.

Nunca habíamos visto a más de 20 diputados con procesos penales abiertos…

Nunca. Es casi una depuración por la vía judicial.

¿Y se debería depurar el Congreso?

Lo que debemos depurar es el sistema político.

Pero eso lo tendrían que hacer los actuales diputados, y visto está que no tiene interés de hacerlo…

Pero eso será complicado en cualquier Congreso. Ningún político estará dispuesto a cambiar las leyes que rigen el sistema y que le favorecen. Pero hay que hacerlo, hay que cambiar de raíz las reglas del juego. Nuestro sistema democrático tiene enormes fallas, empezando con el sistema de partidos políticos, que favorece a los caudillos, a los dueños de los partidos.

No es a través de un rompimiento constitucional ni a través de la fuerza que se deben forzar los cambios. ¿Hay que hacer presión? Sí, la presión es saludable; la gente debe hacerse sentir, dejar la comunidad de sus casas y oficinas, e involucrarse. La ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil, los grupos de presión, deben manifestarse públicamente. Hay que exigir la rendición de cuentas, la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Hay que participar.

¿Y dejar la depuración en manos de la justicia?

Pues eso es lo que está ocurriendo. Pero eso no resuelve el problema, porque los que salen son sustituidos por otros que llegan con los mismos criterios, los mismos intereses, y así no cambia nada. Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, como proponen algunos, tampoco creo que sea la solución, por la misma razón. Este es el momento para que las élites del país, los actores fundamentales, pensemos en un pacto de país para analizar los temas importantes. Con sensatez, responsabilidad y dureza hay que tomar grandes decisiones.

En la situación actual, si la sociedad no depura el Congreso, ese mismo Congreso “depurará” a los que considera sus enemigos. Ya han intentado deshacerse de la Fiscal General, del comisionado de la CICIG, de usted mismo…

Siempre existen la posibilidad de que los poderes criminales se reacomoden. Ahora mismo, esos poderes están a la defensiva, soportando el peso de la ley, pero también tratan de reacomodarse para contraatacar. Están pensando en el vencimiento de los plazos de los períodos de los funcionarios actuales, para tomar el control de las instituciones, del MP, de la PDH, para revertir los procesos. Y con tanto dinero, con tanta gente, con tantas redes, con tantos intereses, reacomodarse puede ser fácil. 

Por eso es importante la participación de los ciudadanos, para defender lo que se ha alcanzado; no es que ya se hayan solucionado todos los problemas del país pero vamos en la ruta correcta. Cuando hay ataques de este tipo, es porque algo estamos haciendo bien. Por eso importante es mantener el apoyo a la CICIG, al MP y la PDH, independientemente de quienes las dirijan.

El período más próximo a vencerse es el del PDH. ¿Le preocupa que puedan elegir a alguien que entorpezca la lucha contra la impunidad?

Sí, claro. Es una preocupación propia, pero también de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Por eso debemos exigir que sea una elección pública, que los principios de máxima publicidad sean el denominador común.

¿Por qué declina buscar la reelección?

Yo creo en el principio democrático de la alternancia. Yo he criticado a quienes se aferran a los puestos, lo he dicho en los partidos políticos y en las instituciones. Estoy siendo consecuente. Creo que es importante el relevo, porque permite a la institución contar con otras personas que tienen nuevas ideas, que le pueden dar luz a la institución. Genuinamente creo que es sano que otros se animen a participar, y que entiendan que ser funcionario público es un honor. Yo ya tuve la oportunidad de servir durante cinco años, hice cambios y senté precedentes importantes.

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¿Aún cree que las reformas constitucionales serán aprobadas en el Congreso?

Se inició con mucha fuerza; el primer día estuvimos a punto de lograr el reconocimiento del pluralismo jurídico, lo cual desató el racismo grosero y la discriminación absurda que hay en el país, pero que es una realidad. Ese fue el primer obstáculo, pero se superó luego de que con una cátedra de decencia y madurez los liderazgos indígenas pidieron que fuera retirado. Pareciera que en lo demás hay consensos, pero algunos dicen que oponerse es derrotar al MP y la CICIG, además de que hay gente se ve afectada con las reformas al sector justicia. Tal vez soy ingenuo o muy soñador, pero creo que aún se pueden rescatar y aprobar. Los diputados tienen la facultad de hacerle cambios (al proyecto original), pero si como consecuencia de los cambios que pretenden hacer se desnaturaliza la idea original, preferiríamos que no se aprobaran. Si se pierde la esencia, no tendrían razón de ser.

Y si no las aprueban, ¿cuál es el plan B?

Nunca pensamos en un plan B. Creo que el camino sería reformar las leyes ordinarias referentes al sistema de justicia. Pero si no continuamos, si las instituciones no le dan respuestas a la población, la gente se va a desesperar. Si no hacemos cambios serios como país, tarde o temprano esto va a terminar mal.