Los medios de comunicación reportan que el alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, hizo una solicitud a la Contraloría General de Cuentas para que realice una auditoría del plan de prestaciones del empleado municipal ante la falta de información de su funcionamiento. Escobar, quien recientemente asumió la presidencia de la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales (ANAM), señala que no existe información acerca de cómo se integró la junta directiva de dicho plan. Además, se desconoce la forma como se manejaron los 319 millones de quetzales de dicho fondo.
La denuncia no puede ser más que oportuna, pues el plan de prestaciones fue manejado anteriormente por Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, quien en la actualidad enfrenta un proceso penal precisamente por presuntos actos de corrupción. Políticamente, Escobar se puede llevar todos los aplausos e iniciar con buen pie la nueva administración de la ANAM. Pero además, en este ambiente de vigilancia ciudadana, el funcionario edil puede recibir mucho apoyo político.
No cabe duda de que la acción de Escobar es importante y de que la Contraloría debe actuar de inmediato para aclarar el manejo de esos recursos que se han juntado gracias al esfuerzo de los mismos empleados municipales en todo el país.
No obstante, en materia de transparencia, especialmente cuando se es un funcionario público, hay un principio fundamental: no se puede exigir aquello que no se puede dar. No se puede exigir cuentas cuando no se está en la capacidad de dar cuentas. Escobar está iniciando un proceso ante la Contraloría por la falta de información en una dependencia a la que él acaba de llegar, pero carece de solvencia moral para ello, pues en la misma página web de la Municipalidad de Villa Nueva, donde él está gobernando por un segundo período, existen espacios de opacidad.
Acá la prueba. La Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 10, inciso 4, señala la obligación de hacer pública, entre otras informaciones, aquella relativa a «número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboren en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado».
Cuando se ingresa a dicho enlace (consultado el viernes 5 de febrero del presente año), únicamente se encuentra la lista de funcionarios, pero no así los salarios que reciben dichos colaboradores municipales. Razones puede haber muchas, justificaciones también, pero ninguna es válida. La más socorrida desde que apareció la ley es aquella que defienden quienes la adversan y gustan más de espacios de opacidad e impunidad al no cumplir con lo que esta garantiza: no se publican salarios por la seguridad de los trabajadores. No obstante, ese argumento no se sostiene y a todas luces es ilegal, pues viola el derecho a saber qué tiene la sociedad y qué está garantizado en dicha norma y en la Constitución Política.
Si bien es importante que Escobar comience su administración en la ANAM liderando la transparencia, la publicidad y la rendición de cuentas y fue meritorio que solicitara la intervención del órgano contralor, sería bueno que primero empezara por hacer transparente su misma casa, la Municipalidad de Villa Nueva, pues de lo contrario las acciones que realice serán vistas como producto de la incoherencia y pueden desviar y mancillar sus evidentes ambiciones políticas. Como reza el refrán: no hay que escupir al cielo cuando se tiene techo de vidrio.
Más de este autor