Así impidió la Corte Suprema de Justicia que el juez Gálvez pudiera defenderse
Así impidió la Corte Suprema de Justicia que el juez Gálvez pudiera defenderse
Miguel Ángel Gálvez renunció a su cargo como juez penal cuando vio agotadas las posibilidades de defenderse de un antejuicio. La Corte Suprema de Justicia ordenó unos días antes de su salida que se dejaran de recibir escritos del juez y se apresurara la entrega del informe previo al retiro de inmunidad. Estos son los detalles.
Tras pasar 23 años en el Organismo Judicial, conocer casos contra altos funcionarios señalados de corrupción, de violaciones a los derechos humanos y haber sido reconocido como un juez de «garantías», Miguel Ángel Gálvez se quedó de manos atadas. Salió de Guatemala el 4 de noviembre para participar en un curso en Costa Rica y desde allí, el pasado 16 de noviembre, firmó su carta de renuncia.
En entrevista con Plaza Pública explicó que consideró prudente salir de Guatemala porque se atentó contra su derecho de defensa en el proceso de antejuicio que inició el Ministerio Público por una denuncia de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de extrema derecha que se dedica a amenazar y denunciar a jueces, fiscales y periodistas.
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¿Cómo se materializó esa agresión al debido proceso? Gálvez explica que la misma Corte Suprema de Justicia le ordenó al juez pesquisidor, Roaldo Chávez, no recibir ningún escrito del abogado que no fueran sus argumentos de defensa para el antejuicio porque “solo buscaba retrasar el proceso”. Días antes Gálvez buscó separar a Chávez del caso por una posible relación con Raúl Falla, abogado de la fundación contra el terrorismo.
Gálvez es un juez con más de dos décadas de carrera que saltó a la luz pública cuando a su juzgado llegó la avalancha de casos de alto impacto que se formó con las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), y años antes por la Fiscalía de Derechos Humanos en la gestión de Claudia Paz y Paz.
Entre 2015 y 2016 tuvo sentados en la sala de audiencias más grande del Organismo Judicial a exgobernantes, exfuncionarios, militares retirados, narcotraficantes, empresarios, banqueros y abogados.
En sus últimos días en el país, en la maquinaria para sacarlo del juzgado fueron claves dos resoluciones: una de la CSJ y otra del pesquisidor Roaldo Chávez.
Una petición
El inicio del fin de Gálvez como juez penal en Guatemala inició el 6 de mayo de 2022, cuando el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, lanzó una amenaza en redes socialen su contra con el lema: «preso o prófugo». Luego lo denunció por dictar prisión provisional y señaló de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales.
La prisión provisional es una figura que no existe legalmente en Guatemala, pero sí en la práctica. Se refiere al tiempo que una persona pasa en prisión desde el momento que se le captura, hasta que un juez le lga a proceso. Gálvez no es el único que la ha aplicado, pero la FTC lo incrimina por hacerlo. Contradictoriamente, hay casos recientes donde la Fundación es querellante y el juez sí la aplicó, como ocurrió con José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico.
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A partir de allí el caso avanzó de forma rápida. En junio la CSJ le dio trámite al antejuicio para retirarle la inmunidad, y en julio designó al magistrado Roaldo Chávez como el pesquisidor; él fue el mismo que tramitó el antejuicio en contra la exjueza Erika Aifán, quien se tardó tres días presentando sus argumentos de defensa pese a que Chávez intentó apresurarla. Aifán terminó por renunciar y salir del país porque dudó de la imparcialidad del juez y la CSJ.
El 23 de septiembre Chávez citó a Gálvez para que presentara sus argumentos de defensa en el antejuicio: de una vez le advirtió que si su argumentación sería extensa, como en el caso de Aifán, que la llevara transcrita en USB para «la celeridad en el desarrollo de la audiencia».
El 27 de septiembre era la cita de Gálvez. Ese día el juez recusó a Chávez por dudas a su imparcialidad y su relación con la Fundación contra el Terrorismo, ya que estudió junto a Raúl Falla, abogado de la organización.
«Como cualquier persona común y corriente, traté de depurar el proceso (de antejuicio), no atrasarlo», explicó.
La amenaza
El 12 de octubre de 2022, la CSJ rechazó la recusación y la declaró «notoriamente improcedente». Aquí es donde se evidencia el interés de la Corte en acelerar el antejuicio. En la resolución la Corte incluso dijo que el juez Gálvez «ha interpuesto sendos recursos e incidentes que han entorpecido el curso normal de las diligencias de antejuicio».
Las y los magistrados dijeron que las causas que presentó el juez Gálvez «no tienen sustento legal contra el juez pesquisidor», ya que su única función es recabar información del caso y emitir un informe. Pero la obligación va más allá: también tiene que analizar los elementos para recomendar o no si se le retira la inmunidad a un juzgador.
«No es apropiado, en consecuencia, caer en un círculo vicioso en el que el expediente llegue a pasar una y otra vez del pesquisidor a la Corte, pues se desnaturalizan los fines del antejuicio y se impide el cumplimiento cabal de las obligaciones de aquel dentro del plazo establecido», dice la resolución de la Corte.
Las y los magistrados incluso llaman al abogado de Gálvez, Herbert Pérez, a que «se conduzca de conformidad con la ley y los cánones de ética profesional» y que de lo contrario sería sancionado bajo la Ley del Organismo Judicial.
Firmaron la resolución Silvia Patricia Valdés Quezada, Nery Medina, Vitalina Orellana, Josué Felipe Baquiax, Sergio Pineda, José Pineda Barales, Manuel Duarte, Blanca Stalling, Jaime Amílcar González Dávila, magistrado de la Sala Tercera de Apelaciones, Rafael Morales Solares, Gustavo Dubón Gálvez, estos últimos dos magistrados de la sala segunda de apelaciones de femicidio y sala segunda de apelaciones de lo penal.
«Esto lo quiero resaltar porque la Corte está violando la independencia judicial del juez pesquisidor al ordenarle que tiene qué hacer. La Corte atenta contra mi derecho de defensa en su interés de tener el informe del pesquisidor», enfatizó Gálvez.
Hay un antecedente sobre esto: en 2018 el diputado Felipe Alejos llegó a presentar 14 recusaciones en contra del juez pesquisidor de su antejuicio. La Corte los rechazó y lo obligó a pagar una multa de 500 quetzales pero no lo amenazó con iniciar un proceso disciplinario por tratar de entorpecer el proceso.
Sin audiencias públicas
Cuando Gálvez fue notificado de la resolución de la Corte Suprema de no aceptar su recusación, le pidió por escrito al magistrado Roaldo Chávez que la audiencia de presentación de sus pruebas de descargo fuera a puerta abierta, quería que la prensa y la población lo escucharan: la respuesta fue un rotundo no.
«Ya se puede imaginar qué es entrar a una oficina, con él pesquisidor sentado allí sin poder ni abrir una computadora. Se (me) limitó el sagrado derecho de audiencia. A raíz de eso reflexioné y por eso presenté por escrito (sus argumentos de defensa) y consideré de momento, tomando en consideración que estaba de vacaciones, trasladarme a otro lugar», describió.
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Mientras se definía la fecha de su audiencia, el juzgador solicitó a la CSJ un permiso para ausentarse tres días para participar en un congreso jurídico en Costa Rica; no le fue autorizado cuando a sus otros colegas sí. «No querían que yo saliera del país», dijo Gálvez.
El 4 de noviembre, el día en que estaba citado con Chávez, el juez salió de Guatemala. Tres días antes, el 1 de noviembre, había iniciado el período normal anual de vacaciones asignado a su juzgado. Debía regresar el 1 de diciembre, pero en cambio, solo mandó su carta de renuncia. La Corte Suprema la aceptó en el pleno de 16 de noviembre.
«Se atentó contra uno de los pilares fundamentales del Organismo Judicial, que constitucionalmente es la independencia judicial», expresó Gálvez.
El futuro
Antes de renunciar al cargo, Gálvez enfrentó una campaña de desprestigio en redes sociales por enviar a juicio a nueve militares señalados en el caso Diario Militar, y dictar arresto domiciliario en contra de Toribio Acevedo Martínez, quien fue jefe de seguridad de la empresa Cementos Progreso. En los últimos años se postuló para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de Salas de Apelaciones, e incluso Fiscal General. Sin embargo, nunca logró llegar lejos ya que según demostró una investigación de la Feci, había una red de operadores paralelos que elegían a los candidatos con base en acuerdos políticos y económicos.
La posibilidad de que en su juzgado se repita lo mismo que sucedió en la judicatura de la exjueza Aifán es alta: lo sustituirá en el cargo un juez novato en casos de mayor riesgo. Mientras tanto, en el juzgado de Gálvez quedaron cajas de leitz con documentos de indicios de otro de los mega casos de corrupción de la Cicig y la Feci: Cooptación del Estado, que analizó cómo el extinto Partido Patriota recaudaba fondos para su campaña electoral y creó una red de sociedades anónimas que recibió millones de aportes sin reportarlos.
«Soy sincero, a raíz del acoso sistemático que se dio en Guatemala, eso es muy fuerte y pienso que no hay bien jurídico que se debería proteger más que la seguridad de las personas. Yo estaba muy agotado, a parte de la carga de los juzgados. Lo que quiero decir es que voy a tratar de descansar unos días y después tomar una decisión. Dejar un país es como que el cuerpo, el alma y el espíritu todavía no saben dónde están y eso va a tomar un tiempo», concluyó Gálvez.
Mientras él sale del país, la Fundación contra el Terrorismo ya lanzó la amenaza del nuevo juez bajo su mira: Carlos Giovanni Ruano, quién denunció a la ahora magistrada Blanca Stalling por posible tráfico de influencias, quien ya advirtió que teme represalias.
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