Ganaderos: ¿premiarlos por quemar bosques?

Si se reflexiona honestamente, en realidad los desastres naturales no existen. Han sido la intervención irresponsable y la negligencia humanas las que han convertido fenómenos naturales en desastres. Es el caso de los incendios forestales del Petén: han sido provocados porque existen grupos que tienen interés en apropiarse de tierras que hoy, todavía, constituyen bosque, flora y fauna invaluables para la humanidad y el mundo enteros.

Son numerosas y diversas las fuentes que vinculan la actividad ganadera guatemalteca con actividades delictivas como evasión de impuestos, lavado de dinero, narcotráfico (tanto que ya se acuñó el término coloquial narcoganadero), financiamiento político ilícito, tala ilegal o quema de bosques, caza furtiva y otros, todo para forzar la expansión de la frontera ganadera.

Por supuesto, no se puede ni debe generalizar diciendo que en Guatemala ganadero es sinónimo de delincuente evasor de impuestos, de narcotraficante y de destructor de bosques. Pero el hecho de que a los ganaderos, y más a los narcoganaderos, se los vea como los responsables principales de la tragedia de los incendios forestales en el Petén no solo este año, sino desde hace mucho tiempo, no es un elemento que se deba ignorar.

Estos deberían ser elementos suficientes para que en Guatemala la ganadería fuera una actividad muy controlada y regulada con mecanismos estrictos para garantizar el respeto a las leyes, y sobre todo, el respeto a la vida y al patrimonio ambiental y cultural. La legislación vigente ya provee herramientas para ese control: la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) combate el fraude y la evasión rampantes que han caracterizado al sector; el Ministerio Público (MP) ya cuenta con una Fiscalía de Delitos contra el Ambiente; el Organismo Judicial dispone de una sala de delitos contra el ambiente; y la Policía Nacional Civil cuenta con la comisaría 62, así como con 7 estaciones, 16 subestaciones, un núcleo de reserva, un campamento y una centena de agentes para la protección de la naturaleza; entre otras.

Sin embargo, vía el financiamiento electoral ilícito y la captura de instituciones, el sector ganadero ha gozado cuotas de importantes de poder político e impunidad, las cuales busca incrementar con legislación nueva. No es casual que, luego de que se aprobaran las disposiciones legales que regulan el secreto bancario para que la SAT pudiera acceder a información bancaria de los contribuyentes para fines de control y fiscalización tributaria, haya sido precisamente el sector ganadero el que entró en pánico y, representado por un numeroso grupo de diputados ganaderos, esté ya muy cerca de que el Congreso le apruebe un régimen especial de privilegios fiscales y una megaamnistía que le garantizaría impunidad por décadas de fechorías y delitos. Y, lo peor, todo esto con el silencio permisivo de la SAT y del Ministerio de Finanzas Públicas, quizá más preocupados por alcanzar la meta de recaudación que por la legitimidad de los ingresos.

Este es un contrasentido en extremo grave. El Estado pretende premiar con privilegios e impunidad al sector ganadero, el principal señalado de provocar la tragedia de la quema de los bosques de la biósfera maya. El ejercicio perfecto del viejo paradigma guatemalteco de la impunidad: premiar a los criminales que tienen cuotas suficientemente grandes de poder ilícito, político, económico o violento.

Por su largo historial de impunidad y de privilegios, en vez de premiarlos, me parece que el sector ganadero ya es un objetivo prototípico de investigación para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el MP y la SAT.