Impuesto anticorrupción

A solo dos semanas de que el comisionado de la Cicig planteara la necesidad de un impuesto sobre los grandes patrimonios para cubrir el costo de la lucha contra la corrupción, ayer la UNE presentó una propuesta que atiende ese planteamiento. No es exactamente lo que propuso la Cicig, ya que no se trata de un impuesto nuevo, en la línea de lo que hicieron Colombia, Honduras o, más recientemente, El Salvador.

Propone reformar el impuesto sobre la renta (ISR), el cual ya sobrevivió a un ataque feroz ante la Corte de Constitucionalidad, con lo cual la propuesta ya goza de blindaje constitucional. Quizá lo más valioso de la propuesta es que recaería solo en los grandes capitales: los trabajadores con sueldos mayores de Q600 000 anuales (equivalentes más o menos a Q50 000 mensuales) y las empresas con ventas o utilidades mayores a Q5 000 000. Es decir, las capas socioeconómicas medias y bajas no se verían afectadas.

La forma como se propone no afectar a las capas medias y bajas es mediante la aplicación de tasas marginales: por ejemplo, un gerente o alto ejecutivo con un sueldo de Q75 000 mensuales no sufriría incremento de su ISR en los primeros Q50 000, pero sí tributaría más sobre la renta en exceso de los primeros Q50 000, es decir, se aplicaría un incremento del ISR solo sobre los Q25 000 en exceso de Q50 000. Para las empresas sería igual: sin incremento para los primeros Q5 000 000 de ventas mensuales o para los primeros Q5 000 000 de utilidades anuales, pero con un incremento para las ventas o utilidades en exceso de esos montos.

Según los cálculos de la UNE, eso generaría entre 1.1 y 2.1 millardos de quetzales anuales de recaudación adicional, destinados a cubrir los costos del combate de la corrupción (fiscales e investigadores de la FECI del MP, juzgados especializados, etcétera), de la administración de justicia y de la seguridad ciudadana (expansión geográfica del MP y del OJ, prevención de delitos, presidios, Inacif, defensa pública penal, PGN, etcétera).

La propuesta seguramente es del desagrado de los empresarios, de los dueños de grandes fortunas, de los economistas libertarios y de los obsesionados con el mercado y con el rechazo a los impuestos. Están en su justo derecho, y su molestia es entendible (no justificada): sería una medida que alteraría su cómodo statu quo para financiar el combate de la corrupción y de la violencia. Pero el hecho es que son una minoría y que, en una democracia funcional, la decisión final debe corresponder a la mayoría.

Una inmensa mayoría de gente con salarios de hambre, abismalmente por debajo de Q50 000 mensuales, y la inmensa mayoría de empresas pequeñas y medianas, con ventas abismalmente por debajo de Q5 000 000 mensuales o utilidades por debajo de Q5 000 000 anuales, no se verían afectadas. ¿Acaso no es este el principio fundamental y constitucional de justicia tributaria y de capacidad de pago?

Un grupo parlamentario ya fijó postura y respondió con una propuesta técnicamente sustentada al planteamiento de la Cicig de hace dos semanas. Su aprobación requiere que la voluntad popular mayoritaria se imponga ante el rechazo natural de la clase alta y del empresariado. La forma de hacer eso es presionar al resto de bancadas para que esta ley se apruebe.

Ya nos dijeron que combatir de forma efectiva la corrupción y la violencia tiene un costo que debemos pagar en Guatemala. Ya está la propuesta. ¿Qué posición tomaremos?