Ixcamey: El Interventor de TCQ “no tiene facultades para proponer soluciones”

El diputado Ixcamey Velásquez ha abanderado desde el Congreso las investigaciones del caso TCQ, la millonaria negociación fraudulenta descubierta por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que tiene en prisión a una decena de personas, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Desde la presidencia de la Comisión de Transparencia del Congreso, el legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), exigió en su momento a la Procuraduría General de la Nación (PGN) iniciar un proceso de nulidad del contrato de usufructo suscrito entre el Estado guatemalteco y TCQ para la construcción de la terminal portuaria, la cual considera la única y posible vía jurídica para resolver el litigio.

De ahí su oposición y crítica a la propuesta de solución negociada que el interventor de TCQ, el abogado Alexander Aizenstatd, ideó para resolver el problema sin que ello implique el cierre de operaciones de la terminal, perdidas millonarias al Estado y largos procesos judiciales. A juicio de Ixcamey, el interventor no sólo no tiene facultades para proponer soluciones a la problemática, sino que por hacerlo pudo haber incurrido en usurpación de funciones.

Con argumentos contradictorios y poco claros, el diputado y abogado Ixcamey, explica en esta entrevista su rechazo a la propuesta de Aizenstatd y detalla las soluciones que a su criterio se deben seguir para resolver el problema.

¿Cuál es la opinión política de la Comisión de Transparencia del Congreso, respecto al caso TCQ?

Nosotros como Comisión de Transparencia y como Unidad Nacional de la Esperanza, desde un principio vimos que TCQ es un negocio que nació muerto.

¿Por qué muerto?

Porque en términos jurídicos el contrato de usufructo suscrito entre la empresa (TCB) y el Estado, no tenía ninguna validez porque se violentaron las normas jurídicas que debe contener un contrato. Ese contrato no contenía los principios fundamentales que requiere un contrato de Estado con particulares.

¿A qué se refiere?

Porque fue una simulación para darle vida jurídica, porque se estableció a través de un objeto ilícito, y porque el subinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal (Julio Rolando Sandoval Cano) no tenía facultades para suscribir ese tipo de contratos.

¿Aunque en tres ocasiones la Procuraduría General de la Nación haya avalado y ratificado la validez del contrato?

Pero porque habían intereses de por medio; intereses políticos y económicos. Por eso es que en su momento critiqué a la entonces Procuradora General de la Nación (María Eugenia Villagrán), porque no hubo una actuación trasparente de su parte, porque esperó hasta el último momento para plantear la nulidad del contrato. Yo le establecí los pasos que debía dar para plantear la nulidad del contrato por la vía contencioso administrativa.

Si el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no hubieran descubierto las anomalías, el contrato estaría vigente, nadie cuestionaría su validez, y TCQ funcionaría sin problemas…

Pues ahí no sé. La UNE y yo tomamos el caso desde el momento en que salió a luz la problemática. Por eso, en primera instancia, pedimos que se planteara la nulidad del contrato por las razones que ya mencioné, luego que se planteara la figura de Administración Judicial como medida de urgencia porque TCQ no estaba funcionando y era importante que la terminal empezara a funcionar; todo esto dentro del proceso contencioso administrativo. Pero lo que hicieron fue nombrar a un interventor, a solicitud del MP y de la CICIG, lo cual es una medida cautelar. El interventor sólo tiene funciones para hacerse cargo de la caja y de pagar sueldos. A mí me llamó la atención porque el interventor fue nombrado dentro de un proceso de extinción de dominio, en el cual lo que se persigue es extinguir el dominio de la empresa, lo cual nos preocupaba porque de llegar a ocurrir lo que se extinguiría serían las deudas de la empresa, no sus activos.

Pero la intervención es una medida cautelar; la extinción de dominio sobre la empresa aún no se ha decidido…

Eso no lo sé. Lo que sé es que el Juzgado de Extinción de Domino nombró a un interventor porque hay un proceso iniciado. Pero eso no es el meollo del asunto. Lo importante aquí es que el interventor (Alexander Aizenstatd) hace una propuesta a todo el pueblo de Guatemala, sin tener facultades para ello. Él sale a lucir con una solución, cuando las soluciones ya se venían dando poco a poco con las reuniones que nosotros veníamos haciendo.

Como interventor, Aizenstatd tiene entre sus facultades velar por los intereses de la empresa…

No sólo no tiene facultades para proponer soluciones, sino que además se le ocurrió proponer una indemnización por US$43 millones. ¿De dónde se sacó esa cifra? ¿De dónde sacó la palabra indemnización? Yo sé que él es profesional del Derecho, por eso me extrañó. Y por eso es que como presidente de la Comisión de Transparencia lo mandé a citar al Congreso, aunque no se presentó porque dijo que no era funcionario. Y como a mí no me gusta entrar en confrontaciones innecesarias, entonces mejor lo invité. Cuando llegó, nos dijo que lo que él había dado era una “sugerencia” para darle una solución a la problemática, y aceptó que lo que debía haber hecho fue pasar esa sugerencia a la Procuradora General de la Nación (Anabella Morfin) para que ella le diera el seguimiento correspondiente.

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Un proceso judicial en la vía civil o en lo contencioso-administrativo como usted sugiere puede prolongarse por tres, cuatro, cinco años... De optarse por esta vía: ¿quién asumiría las pérdidas que eso implicaría?

A mí no me gusta suponer; yo vivo mi realidad. Y lo que hay ahorita es una aceptación de TCQ y APM, entonces es cuestión de sentarse y decirles a ellos: según las leyes de Guatemala podemos irnos por este lado y buscarle la solución más fácil al asunto.

¿Y no es eso lo que está haciendo el interventor?

Es que él no tiene facultades para estar interviniendo en este asunto. Además ya fue claro en decir que fue una sugerencia, y dejo la solución a la Procuraduría General de la Nación.

Pero fue lo que hizo: sugerir una solución, y dejar las decisiones en manos de las autoridades correspondientes…

Él no puede sugerir. La ley es clara, él es un auxiliar del juez y debió dedicarse a hacerse cargo de la caja, a funcionar la empresa, no estar buscando soluciones.

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¿Acaso no cualquier persona, independientemente de su cargo o posición, tiene derecho a sugerir soluciones de los problemas que aquejan al país?

Sugerir, pero hasta ahí. Pero él empezó a visitar todos los diarios, y ponerse la corona de rey, y aquí no se trata de ponerse coronas. Tampoco es una cuestión de usurpar funciones en este caso tan delicado.

Usurpación de funciones es un delito. ¿Considera usted que el interventor Aizenstatd cometió ese delito?

No sé hasta dónde. Tendría que analizarlo…

Y procesarlo si ese fuese el caso…

Si así fuese el caso. Yo como presidente de la Comisión de Transparencia no voy a permitir que personas cometan actos ilícitos y no denunciarlos.

* * *

¿Qué opina de la propuesta que presentó el interventor Aizenstatd?

La propuesta que él hace no es la solución. El interventor en términos generales quiere dar una solución a la problemática, pero se olvida de que existe un juicio de lo contencioso-administrativo, y de que la ley le da las salidas legales a todo entuerto jurídico. En este caso, si TCQ y APM (propietaria de la terminal) están de acuerdo, deben demostrar su buena fe y aplicar el artículo 115 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece el allanamiento de la demanda. El interventor dice que no es posible esperar dos o tres años para esperar que se resuelva el proceso judicial, pero olvida que ese artículo faculta al juez a dictar sentencia inmediata, y se da por concluido el proceso.

¿Cómo se beneficiaría el Estado guatemalteco con la anulación del contrato?

Quedaría en libertad de dar en concesión la terminal a la empresa que mejor le parezca, bajo los términos y los números que le convengan.

¿Y quién asumiría las pérdidas que esta operación ha ocasionado ya?

Eso es lo que la Procuradora General de la Nación debe resolver con TCQ y APM, previo a que pidan el allanamiento.

¿En derecho civil y mercantil, qué se entiende por “allanamiento”?

Aceptar que el procedimiento del contrato es nulo. En este caso, que APM acepte que el contrato de usufructo no es válido, y así todos salimos ganando; el pueblo de Guatemala sale ganando. Según el interventor, la empresa ya aceptó su propuesta, entonces que demuestre su buena fe y que se allane para terminar con esto.

La propuesta presentada por el interventor, en caso sea aceptada por el Ejecutivo y promovida por la Procuraduría General de la Nación, necesita que el Congreso apruebe una excepción a la ley para otorgar la concesión de forma directa a APM por los 21 años de plazo que restan de la negociación inicial. ¿Apoyaría el Congreso esa excepción?

No puedo emitir opinión al respecto porque no sabemos qué es lo que enviarán al Congreso. El Presidente de la República puede proponer al Congreso que entre a conocer cualquier asunto. Pero yo no sé por dónde va (el interventor), no sé por qué menciona al Congreso. Ahí está el asunto, que no es claro.

El interventor ha sido claro respecto a que la propuesta de solución pasa por la aprobación del Congreso. Es una propuesta sustentada en argumentos técnicos…

Técnicos pero no legales. Él es abogado, pero eso no significa que tenga la razón legalmente. Yo se lo demuestro con las leyes en la mano: la solución debe ser legal porque existe un proceso contencioso-administrativo y un proceso penal. Y acordémonos que no se puede negociar la acción penal; se cometió un delito y los responsables tiene que pagar por eso.

Una de las condiciones de la propuesta del interventor es precisamente esa, que no seponga en riesgo la acción penal. Aizenstatd ha sido claro en que el proceso penal en contra de los señalados por este caso debe concluir al margen de lo que ocurra con TCQ.

¿Qué hay atrás de todas esas negociaciones? Matar la acción penal sin que nadie se dé cuenta, para mañana hacerla valer. Este es un tema muy difícil de interpretar.

¿Sugiere que el trasfondo de la propuesta es negociar impunidad para los responsables?

No estoy diciendo eso. Yo estoy previendo. A mí no me gusta prejuzgar, sino dar mi punto de vista legal. Hay que cuidar, no negociar la acción penal. Es decir, que estas personas se allanen para declarar la nulidad y no tocar los actos ilícitos que se cometieron por los representantes de las personas.

Es absurdo plantear esa posibilidad, a sabiendas de que existe un proceso penal en contra de quienes participaron en esa negociación el cual es promovido por el MP y la CICIG…

Depende de cómo negocien la cuestión civil.

¿Cree que hay alguien que esté buscando eso?

No se lo podría afirmar. Cometería un grave pecado imaginando cosas.

Pero eso es lo que está insinuando…

No es insinuar, es cuestión de pensar legalmente en todo lo que se puede trastocar en un arreglo. Por eso digo, las propuestas y las soluciones deben de darse técnica y jurídicamente.

* * *

¿Ha estudiado todo el proceso de TCQ, desde cuando Group Martim TCB inició las negociaciones con el Estado guatemalteco para construir la terminal, hasta estos días?

Claro, todo. Nosotros le hemos dado el seguimiento correspondiente.

Entonces, sabe que las negociaciones empezaron durante el gobierno de la UNE, con funcionarios del presidente Álvaro Colom…

No. Lo que yo tengo es desde cuando TCQ solicitó a la Empresa Portuaria Quetzal que se le otorgara en calidad de usufructo el terreno para construir la terminal. Desde ahí conozco el caso.

Fuentes no oficiales señalan a funcionarios del gobierno de Colom como sospechosos de haber iniciado la negociación ilícita con TCB. ¿Le preocupa que las investigaciones alcancen a la UNE?

Lo ignoro. Solo el MP y la CICIG saben desde dónde empiezan sus investigaciones y hasta dónde llegan.

Y dentro del partido, ¿les preocupa esa posibilidad?

Nadie está exento de una investigación. Y si la investigación tiene que llegar hacia dentro del partido, que llegue. Yo se lo digo como diputado y como profesional del Derecho, si alguien cometió un ilícito lo tiene que pagar. Esto no es borrón y cuenta nueva.

Su posición respecto al caso TCQ diverge de la posición del partido. Diputados de la UNE se han manifestado a favor de la propuesta del interventor…

Hay una propuesta que ahora se ha convertido en sugerencia. Esa distinción es importante. Yo soy presidente de la Comisión de Transparencia. Yo respondo por mi comisión como diputado y como profesional del Derecho. Desde ese punto de vista le digo que esa sugerencia fue a parar en manos de la Procuradora General de la Nación que es con quien nos tenemos que reunir porque es urgente que se le dé solución. Nosotros como UNE no estamos poniendo tropiezos a ninguna propuesta; bienvenidas todas las propuestas. Pero que sea la persona idónea la que tome las decisiones, porque ni siquiera la Procuradora tiene las facultades para tomar una decisión, tiene que venir una orden del Presidente de la Republica.