La decisión de denunciar la violación a la intimidad sexual

«Es tanta la angustia, la vergüenza, la desesperación y la pena. Sientes que vas a estar señalada, criticada, juzgada por gente que ni siquiera conoces y que tu familia pensará que les fallaste», comenta Ximena, quien fue acosada y amenazada por un vídeo íntimo que grabaron y distribuyeron sin su autorización en 2011.

«En la inventiva social y en un país como Guatemala las creencias en torno al cuerpo y a la expresión sexual no son consideradas un derecho» afirma Andrea Bonilla, sexóloga y psicóloga clínica, especializada en Australia.

En 2009 en Guatemala a través del decreto 9-2009 se aprobó la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, dentro de este marco se encuentra definida la pena para el delito de violación a la intimidad sexual: «quien por cualquier medio sin el consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo, para afectar su dignidad será sancionado con prisión de uno a tres años».

«Yo sé el riesgo que paso, al compartir mi contenido» dice Ana Lucía Guerra, una empresaria de Mazatenango que habla de su experiencia al compartir imágenes con sus parejas desde la libertad de expresarse.  En la actualidad existe la posibilidad de compartir audios, mensajes e imágenes como parte de la expresión de la sexualidad. «Esto es un derecho», afirma Andrea Bonilla, pero quienes comparten este tipo de información corren el riesgo de que su contenido sea divulgado sin su consentimiento a pesar de ser un delito.

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Ximena Aguilar, coordinadora de incidencia política en Incide Joven (Red de jóvenes para la incidencia política), explica que el derecho a la privacidad es un derecho humano porque atraviesa la dignidad humana, la privacidad sobre las experiencias sexuales que está unida a la integridad de la persona. Pero dentro de la concepción social, la privacidad es un tema pendiente pues quienes se apropian del contenido olvidan el derecho de la persona que aparece en él.

Este desconocimiento al derecho a la intimidad es recurrente, afirma Ximena Aguilar. En Incide Joven se han dedicado a crear contenido sobre derechos sexuales y reproductivos y cuenta que cuando hablan sobre estos temas en talleres con jóvenes y adolescentes, es una novedad enterarse que el respeto a la intimidad es un derecho.

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Mishel vive en una aldea cercana a la frontera con México y tiene 19 años. Los últimos seis meses convivió con su pareja y al recordar que fue este quien compartió fotos íntimas sin su permiso, se desmorona y llora. Fue una amiga quien le enseñó las fotografías. La cara de Mishel no se veía pero aún así la identificó: «Mira ¿esta eres tú, verdad?, tu esposo me lo dio», le dijo su amiga. Mishel se reconoció. Sabía el momento y el lugar en que fueron tomadas. Lo que más le duele a Mishel es que su pareja hubiese compartido algo que era solo de ellos dos.

«Tratar este tipo de violencias que sufren las personas y en específico las mujeres, es complejo» afirma la antropóloga Yolanda Aguilar, coordinadora del Centro Qanil, quien considera que la primera acción que se necesita, es crear espacios para que las mujeres sientan confianza para compartir lo que les ha pasado. «Lo que más nos ha funcionado a las mujeres, es juntarnos entre nosotras para escucharnos y sanar», asevera Yolanda.

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Mishel dice que ver ella misma las fotos en poder de otra persona la dejó en shock, «no sabía ni qué pensar, ni qué hacer, ni siquiera qué sentir».  El dolor por la falta de respeto de su pareja la hizo sumergirse en un sufrimiento inexplicable. Nunca pensó en denunciar porque no sabía que era un delito. Ahora que lo sabe, afirma que no se atrevería a denunciar. Cree que por su idioma materno, no la entenderían y no cuenta con recursos para atravesar un proceso legal. «No creo hacer ese proceso, no me siento con esa disponibilidad y no sé si llegaré a una solución» afirma Mishel.

De acuerdo con Andrea Bonilla las mujeres no denuncian este tipo de violencia porque prevalece una cultura de silencio. Esto es reforzado por la costumbre de cuestionar la reputación de la víctima y por último, porque el tiempo del proceso de denuncia conlleva una retraumatización de lo vivido, asegura Bobadilla.

A Ximena la coaccionaron con un vídeo íntimo de una relación extramarital para obligarla a ceder la patria potestad de sus hijos, cuando establecía los acuerdos de su divorcio. En aquel momento desconocía que era un delito, pero no cedió y poco después el video apareció publicado en Internet.

Cuando Ximena encontró asesoría legal adecuada y supo que podía denunciar, decidió no hacerlo.

«Pensé que emprender un juicio sería larguísimo  y que si mi ex esposo iba a la cárcel era algo que sufrirían nuestros hijos, un sufrimiento que podía ahorrarles. No quise actuar para que ellos no salieran perjudicados»

Ximena pensó que denunciar enfrentaría a sus hijos con su padre y prefirió evitarlo, a pesar de tener el testimonio de una mujer que lo vio negociando el vídeo que le causó sufrimiento y daños emocionales. No se arrepiente, pero cree que es importante hablar del tema: «es importante que los hombres también lo sepan porque no solo a nosotras nos pasa, y porque deben aprender a ser caballeros, a valorarse y valorar a sus parejas porque pueden ser culpables de una desgracia», dice.

Pese a que existe en Guatemala una ley que tipifica el delito de violación a la intimidad sexual, desde el MP no existe un mecanismo o campaña clara que divulgue y concientice a la población para que denuncie este tipo de violencia.

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Según Yolanda Aguilar, la denuncia en Guatemala no es una opción para las personas que sufren este tipo de violencia. Primero porque es un proceso desgastante para la persona, y segundo, porque revictimiza. Las mujeres que viven este tipo de violencia no lo hacen porque las re-traumatiza, asegura Andrea Bonilla. La mejor opción para Yolanda Aguilar desde sus más de 20 años de experiencia trabajando en procesos de sanación, es propiciar espacios para que las mujeres hablen entre sí y como comunidad, vean si se animan a denunciar y marcar precedentes.

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La cuesta para llegar a la justicia es bastante empinada, las víctimas deben vencer obstáculos: los señalamientos y críticas de la sociedad, superar los daños psicológicos de ver sus fotos o videos íntimos circulando y perseverar en el proceso penal. ¿Qué les da fuerza? la abogada Mónica Fuentes ha observado que el acompañamiento psicológico hace la diferencia y las impulsa a denunciar. 

«Es muy difícil llegar a una sentencia. La mayoría de las víctimas se retractan, ya no quieren continuar el proceso,  quieren olvidar lo que pasó. Como abogada no pudo mentir, la pena no es alta, eso desilusiona a las víctimas y no quieren ni denunciar porque los sindicados pueden acceder a beneficios, por ejemplo la pena es conmutable (pagar fianza para no estar en prisión). Pero es necesario hacerlo, denunciar, sino en las estadísticas los procesos son mínimos, invisibilizamos el delito», dice Monica.

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Esta publicación es parte del Programa de formación dual para periodistas departamentales de Plaza Pública, 2022.