«Me tomó tiempo saber que no era mi culpa»

Lucía Rosales tenía 14 años cuando con su mejor amiga, decidieron tomarse una foto. Ese acto simple y cotidiano sirvió para que la violentaran impunemente. «Mi mejor amiga y yo nos tomamos una foto sin playera, tapándonos los pechos», cuenta mientras sonríe recordando que en aquella época los archivos se compartían por bluetooth.

Pocas horas después de ese mismo día, Lucía recibió archivos en su teléfono. No sabía a qué se debía, pero la curiosidad ante la cantidad de notificaciones le hizo prestar atención y abrir los archivos, para darse cuenta que era la foto que se había tomado sin camiseta. Su mejor amiga había prestado el celular a un compañero de clase y, sin su consentimiento, él compartió la imagen a distintos contactos.

«Sentí mucha vergüenza», dice Lucía. «Todos se enteraron, fue un escándalo en el municipio. A mí se me conocía como una buena estudiante, pero bastó con una foto para que se arruinara mi imagen. Me sentí sola y sin apoyo», cuenta.

La privacidad, que incluye la intimidad sexual, es un derecho del que poco se habla, aunque está garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es tan importante que, desde 2015, se estableció un Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, que afirma que «la privacidad permite el ejercicio de otros derechos: el desarrollo y la expresión libres de la personalidad, la identidad y las creencias individuales, y la capacidad de participar en la vida política, económica, social y cultural». Sin embargo, esa privacidad es constantemente violentada y las consecuencias que afrontan las mujeres, les afectan de manera particular.

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Una forma de privacidad es la intimidad sexual y, la violación a esta es un delito, como se establece en el decreto 9- 2009, Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. El artículo 190 de este decreto indica que «quien por cualquier medio sin el consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo, para afectar su dignidad será sancionado con prisión de uno a tres años».

 Este delito consiste en que, con el fin de afectar la dignidad de una persona, se publique, difunda o comercialice, sin el consentimiento de la persona, mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo, atentando contra su intimidad sexual.

Lucía ahora tiene 30 años y piensa que es importante visibilizar estos temas. Para ella, la denuncia nunca fue una opción. A pesar de que la ley se estableció en 2009, no lo supo hasta 2014. «Lo que me ayudó a superarlo fue un proceso de terapia psicológica y los feminismos, es decir, movimientos feministas y la red de apoyo entre mujeres», cuenta Lucía.  Esto le permitió reconocer las violencias que hay, el hablar y validar sus propios sentimientos y se convirtió en un espacio en donde conoció a otras mujeres que han sufrido lo mismo.

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La condena social hacia la sexualidad femenina

Toma tiempo para que una persona caiga en cuenta de su posición de víctima, debido a la culpa y el juicio social que recae sobre ella. Lucía atravesó un proceso terapéutico y entonces lo comprendió: «pasó mucho para que yo reconociera que esa imagen era mi intimidad y la de mi amiga. Me tomó tiempo comprender que no era mi culpa y que el castigo siempre cae sobre nosotras».

«Nos pasa a todas, esto es una cuestión sistemática. La consecuencia más grave es la sumisión perpetua, que determina cómo nos comportamos en una relación, con amigos, en el trabajo, con la familia, y que nos ata a lo que nos dijeron que tenemos que ser», explica Lucía.

Y esa condena social hacia la sexualidad femenina se usa para sacar ventaja de la situación vulnerable en que se coloca a las mujeres. Tal y como sucedió a Ximena.

Ximena no es su nombre real. Ella es una mujer delgada de pestañas largas y voz suave que se casó muy joven y se dedicó a ser madre y esposa, además de trabajar en la empresa familiar. La relación se extendió por muchos años pero Ximena no era feliz, había sufrido violencia psicológica constantemente. Eso, comenta, la llevó a iniciar una relación extramarital con otro hombre y poco tiempo después, decidió divorciarse.

Las reuniones con abogados iniciaron y debieron plantearse acuerdos sobre la custodia de los hijos y los bienes que poseían.

«En la tercera reunión su abogada me pasó un fajo de documentos para firmar, donde yo renunciaba económicamente a todo y además cedía la patria potestad de mis hijos. Me negué. Mi matrimonio había sido por bienes mancomunados, pero eso no me importaba. No estaba dispuesta a perder la custodia de mis hijos aunque me quedara sin nada», cuenta Ximena.

«Deberías pensar muy bien eso porque si no firmas, tus hijos verán esto», recuerda Ximena que la abogada le dijo antes de mostrarle la pantalla de una computadora donde reprodujo un vídeo íntimo de Ximena. «A él no se le veía la cara, pero a mí sí», cuenta. El vídeo lo había grabado el hombre con quien Ximena había empezado aquella relación extramarital.

«Yo nunca me di cuenta que me había grabado. En el vídeo se nota que dice algo para distraerme mientras coloca el teléfono para grabar sin que se vea su cara. El vídeo no era siquiera reciente, lo habían guardado todo este tiempo y lo usaban para quitarme a mis hijos», recuerda Ximena.

Seis personas estuvieron en la reunión donde amenazaron a Ximena. Las seis atestiguaron la amenaza que le hicieron pero nadie dijo nada y después negaron lo sucedido. «Después de eso, mi marido me pidió que abandonara la casa y que no me llevara nada de ahí».

Ximena tuvo que dejar a sus hijos, la casa donde vivía y el empleo que tenía. Sus padres la apoyaron y Ximena empezó a buscar quién la asesorara legalmente. Una abogada llegó incluso a decirle que por haberse demostrado que era infiel, no tenía derecho a nada. La falta de conocimiento y actualización de las y los abogados que encontró Ximena retrasaba la resolución de su divorcio. Hasta entonces, sólo aquellas seis personas, Ximena y el hombre que grabó, conocían del vídeo. Ya era una situación difícil de sobrellevar para Ximena, que se sentía amenazada y vulnerable.

Dos meses después, recibió la llamada de una amiga que, llorando, la alertó: el vídeo estaba publicado en una página de Internet.

«Yo estaba en modo zombi, traté de meterme desde la primera computadora que encontré pero no pude dar con el vídeo y menos podía borrarlo. Fue un momento terrible, le pedí a Dios: “señor, necesito que me digas cómo hacer para quitarme la vida, para que no molesten a mis hijos y mis papás no sientan vergüenza. Necesito desaparecer, no quiero seguir viva, no quiero darle cargas a nadie, quiero morir de una vez”», recuerda Ximena, conmovida pero con voz tranquila, convencida de que contar su experiencia puede servir para evitar que sufran otras mujeres que atraviesan esta situación.

El daño emocional es grave

Las consecuencias emocionales y sociales que provoca la violación a la intimidad sexual son tan graves, que en algunos casos pueden orillar a las personas al suicidio.

«Yo me refugié en la iglesia pero hubiera sido mucho más fácil encontrar un teléfono a donde pudiera llamar y encontrar ayuda», afirma Ximena.

 En esta línea y trascendiendo las fronteras guatemaltecas, casos como el de Amanda Todd se han vuelto emblemáticos.

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Amanda fue una niña canadiense, víctima de acoso escolar cibernético y violencia contra la intimidad sexual. En 2009 tenía 13 años y cursaba sexto primaria cuando comenzó su pesadilla. Usaba internet, como cualquier niña de su edad con acceso a este recurso, para conectarse con sus amigos. Uno de ellos la convenció para que le mostrara los senos por la cámara web. Poco después, el supuesto amigo la comenzó a chantajear con compartir una foto de ella desnuda de torso.

A finales del mismo año, Amanda recibió la noticia de que una foto íntima suya había sido difundida a todos sus contactos. Sufrió depresión y ansiedad. Sus padres optaron por mudarse y empezar una vida en otro lugar, en donde ella pudiera asistir a un nuevo colegio, pero el acoso no tardó en comenzar de nuevo.

La foto de Amanda se volvió a difundir entre sus contactos y comenzó a sufrir acoso escolar. Amanda comenzó entonces a autolesionarse. Volvió a cambiarse de escuela, pero se repitió la misma historia, aunque esta vez el acoso escolar fue mucho más grave. Amanda intentó suicidarse luego de un incidente en la escuela, en el que varias personas la enfrentaron y agredieron física y verbalmente.

En septiembre de 2012, Amanda publicó un video en su canal de Youtube, donde contaba su historia. Poco tiempo después, el 10 de octubre de 2012, Amanda se suicidó al consumir una sobredosis de antidepresivos.

Otro caso más reciente, ocurrió en Italia en 2015. Tiziana Cantone, una mujer de 29 años de la ciudad de Nápoles, compartió un video íntimo suyo, con un pequeño grupo de amigos en Whatsapp. Dentro de este grupo se encontraba su exnovio, quien difundió el video por redes sociales. Pronto, el video se hizo viral e incluso se publicaron memes sobre la situación. Tiziana inició un proceso legal para que se eliminara el video de las redes e internet, y ganó obteniendo derecho al olvido.

El derecho al olvido se estableció en 2018 en el artículo 17 (Derecho de supresión/ «derecho al olvido») del Reglamento Básico de Protección de Datos de la Unión Europea. En Guatemala no existe nada parecido, ni sobre su antecedente, el derecho a la propia imagen.

A pesar de que Tiziana ganó el proceso legal, tuvo que pagar 20,000 euros por los costos, debido a que ella accedió a grabar el video. Se cambió de identidad, se mudó de ciudad, pero la humillación la siguió a todas partes: la seguían reconociendo. El 13 de septiembre de 2016 se suicidó de manera brutal en la casa de su madre.

No son raros los casos en los que la víctima de violación a la intimidad sexual cae en un estado emocional y psicológico crítico, situaciones como las de Amanda y Tiziana son reconocidas por su carácter viral. Sin embargo, esta realidad es más común de lo que se cree, pero las víctimas por distintas razones no alzan la voz.

«Yo sentía vergüenza. No podía salir a comprar ni siquiera una recarga a la par de mi casa. Salía a la calle solo cuando podía disponer de un carro polarizado, sino me quedaba encerrada», cuenta Ximena. «Si me tocaba acercarme a la puerta lo hacía temblando y no era capaz de abrir, menos de ir siquiera a la tienda».

Para Ximena, el acoso fue directo a través de redes sociales y mensajes a su teléfono. El vídeo continuaba circulando en Internet y ahora en dos páginas.

«Me recomendaron a un investigador cibernético y él rastreó. Una de esas páginas tenía un número en el extranjero. Pidieron dinero a cambio de eliminar el vídeo. Tuve que pagar alrededor de 2,700 quetzales. Yo que me tuve que ir de mi casa sin nada, que me había quedado de pronto sin trabajo y sin ningún recurso económico, presté el dinero a mi papá. Hice una transferencia internacional».

Pero Ximena comprendió que no podía ir pagando de página en página. «Tal vez lo podían quitar de Internet pero había gente descargándolo en sus celulares. La tortura se hacía más grande porque empezaron los mensajes de texto y en redes sociales».

La psicóloga quetzalteca Belma Soto, quien se dedica únicamente a terapia de mujeres, ha abordado este tipo de violencia. «Es increíble la cantidad de mujeres que atraviesan esta experiencia. Y sobre todo, el tabú que se genera. Es algo que se sufre en silencio, no se comparte, ni con amigas ni con mamá. Al ser una situación de exposición sexual, crea muchísima vergüenza», comenta.

En su consulta, muchas de las víctimas hablaron hasta que estaban en un proceso terapéutico y para otras ha sido el motivo específico de consulta. «Es un proceso difícil porque las mujeres no lo reconocen como algo violento, sino como algo que merecen y que provocaron.  Se provoca culpa y vienen más (a consulta) para lidiar con la culpa, que por reconocer su posición de víctima. Es algo así como «yo consentí y ahora tengo que enfrentar las consecuencias», dice la psicóloga.

Sin embargo, aunque hubiesen consentido la grabación o registro del contenido, según el artículo 190 del decreto 9-2009, el delito lo comete quien difundió contenido íntimo sin consentimiento y con el fin de afectar la dignidad de la persona e incluso, hay pena de cárcel por ello.

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Que resulte afectada la autoimagen y el autoconcepto al ser víctima de violencia a la intimidad, provoca un daño emocional que se puede manifestar como culpa, angustia, ansiedad, trastornos de estado de ánimo y depresión. Esto a su vez provoca conductas como el aislamiento, la evasión de la interacción social y hasta el suicidio, segun Belma. Ella afirma que los daños son provocados por distintas razones como el juicio y señalamiento social y la pérdida de una red de apoyo (familia, escuela, autoridades, amigos).

Para sobrellevar una experiencia como esta, la psicóloga recomienda empezar un proceso psicológico en el que se valore este tipo de violencia y se opte por redireccionar la culpa a quien es el responsable de esta situación, es decir, posicionar al agresor como agresor. «La mujer adulta no debe dejar de presentarse en sus espacios, debe seguir siendo protagonista y debe minimizar el aislamiento», recomienda Belma.

En el caso de menores de edad, que según comenta la profesional, son los casos más comunes, recomienda un trabajo de psicoeducación a padres, pues muchas veces reproducen la violencia sobre sus hijas, al culparlas, humillarlas y esconderlas.

Belma concluye haciendo énfasis en la importancia de fortalecer el autoconcepto y el autocuidado. Cree que es importante que las víctimas sepan que no es su culpa y que nadie tiene derecho a atentar contra la intimidad de otra persona. «Eres libre y tienes derecho a disfrutar de tu cuerpo y tu sexualidad», concluye.

Conocer que el delito lo comete el agresor, es importante para que las mujeres redireccionen la responsabilidad y recuperen seguridad y autoestima.

Para Ximena eso implicó también el poder decidir si denunciar o no: «cuando me enteré que lo que habían hecho conmigo al difundir un vídeo íntimo sin mi consentimiento, era un delito, intentaron darme dinero para que no los denunciara. Estaba el que grabó, el que subió el vídeo, el dueño de la computadora, la abogada que me chantajeó, los cómplices que la vieron hacerlo y lo negaron y quienes lo distribuyeron. Podría haberlos metido presos a todos o recibirles el dinero, pero mi dignidad no se vende», explica con satisfacción.

«A las que están dispuestas a demandar, yo les diría que lo peor ya pasó, lo que viene es dignificarse, honrarse. Yo antes me cuidaba mucho y aún así me pasó. Después me cuidaba más. Aprendí que merezco alguien en mi vida y que esa persona merece respeto, pero que yo también merezco respeto».

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Esta publicación es parte del Programa de formación dual para periodistas departamentales de Plaza Pública, 2022.