En los países industrializados, la elaboración del presupuesto permite evaluar y coordinar políticas. El presupuesto regula los costos y los beneficios sociales de la intervención del Estado y, en ese sentido, su formulación y discusión sobrepasa la capacidad de la entidad encargada de su operación, el ministerio de hacienda o finanzas. El presupuesto en estos países obedece a un estricto sistema de inversión pública que tiene en cuenta las acciones previstas en las que se desenvuelven las políticas y la información estadística que indica cómo y dónde se va avanzando en los objetivos propuestos. El proceso trata de ver cómo pueden integrarse las acciones del Estado en una visión de conjunto con una clara perspectiva de largo plazo. En otras palabras se trata de coordinar con sentido estratégico.
Desafortunadamente, en los países en desarrollo ocurre todo lo contrario. El presupuesto se convierte en un instrumento coyuntural de activismo político. La discusión de objetivos comunes pasa a segundo plano y su formulación queda ampliamente marcada por aspectos financieros y por la negociación de asuntos en donde exista un interés muy particular.
En esta visión, por lo general las comisiones parlamentarias de finanzas, los ministros del área y especialmente, las unidades técnicas de presupuesto, se convierten en todopoderosos de las políticas públicas. Sin tener la más mínima idea de los programas y proyectos, deciden dónde privilegiar y dónde recortar. Imperceptiblemente se transforman en especialistas en pobreza, política social, interculturalidad y hasta género. Entonces, el presupuesto se trasmuta en un adminículo que puede destruir años de trabajo y conocimiento, pero sobre todo, en un cómplice de la ineficiencia y de la incapacidad del Estado para pensar.
Qué interesante sería que los honorables parlamentarios razonarán sobre cuáles gastos en realidad repercuten sobre la pobreza; que analizasen los microdatos que arrojan la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCONVI) o la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) del INE o el trabajo sobre las brechas para lograr los Objetivos del Milenio que ha realizado SEGEPLAN; que discutiesen por qué cuando se ha reducido la pobreza extrema o el trabajo infantil, ha aumentado la desigualdad y la pobreza en términos generales. Desafortunadamente, eso sobrepasa sus capacidades y no obedece al modelo de captura del Estado.
En un país con tantas necesidades, el presupuesto debiese permitir conocer dónde se le puede sacar la máxima rentabilidad a cada quetzal, saber en qué intervenir y en qué no. Pero se sigue actuando a tientas, demostrando la incapacidad de las élites para reformarse, echándole dinero a un saco sin saber realmente en qué se puede ser más eficiente.
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