Viernes 22 de julio de 2016. 8 p. m. Torre de Tribunales. Este día debería ser recordado como el momento en que el sistema de justicia desenmascaró los rostros de los criminalizadores de los defensores y las defensoras de los derechos humanos. El Tribunal «A» de Mayor Riesgo reveló el papel de las empresas y de sus legiones de abogados, así como el del aparato estatal y el de los medios de comunicación, en la persecución ilegal e ilegítima de los denominados siete presos políticos. El silencio total de los principales medios de comunicación en cuanto a esta sentencia no es nada sorprendente, dado el papel central de estos en la persecución continua de defensores y defensoras de los derechos humanos. Tal y como falló el tribunal:
Los medios de comunicación han criminalizado a las personas que han salido a luchar por los intereses del agua y de la comunidad: se les convierte en criminales […] Esto se ha hecho con el señor Rigoberto Juárez Mateo, a quien se le ha identificado como el rostro de la oposición. Se han producido artículos y reportajes en los cuales se ha dado la idea de que Huehuetenango es ingobernable, en los cuales se ve a los pueblos indígenas como un área perdida, donde no hay quien los gobierna.
Estas son las palabras de un tribunal independiente, imparcial y valiente. Y aunque lastimosamente el fallo contiene algunos elementos contradictorios (ya que dos de los siete presos no fueron absueltos, aunque sí liberados), aún así es un bombazo que debería mandar réplicas sísmicas a todo el sistema de justicia, ya que jueces, fiscales y la Policía Nacional Civil (entre otros), fueron señalados como actores principales en una conspiración a nivel de políticas de Estado para desarticular los esfuerzos de los pueblos indígenas por defender la vida mediante sus autoridades comunitarias y la resistencia pacífica.
Del actuar de las empresas de energía limpia, el tribunal observó:
Las hidroeléctricas dividen a las comunidades utilizando su poder político y económico, rompiendo la unidad y cooptando a la gente, además de [que usan] técnicas para impedir la movilización de la oposición, entre ellas la detención de los líderes comunitarios, oleadas de persecución y estrategias entre los operadores de justicia y las empresas.
Reproduzco también una parte de la sentencia que tiene que ver tanto con el pluralismo jurídico como con la legitimidad de las autoridades ancestrales indígenas. Explicando la función de las autoridades comunitarias respecto a la resolución de conflictos, el tribunal explicó lo siguiente:
Dentro de las funciones de las autoridades comunitarias está el mantener el equilibrio y participar en la resolución de conflictos [...] El derecho indígena se basa no tanto en pagar la culpa [como] en resolver la situación. En Huehuetenango, las autoridades trataron de resolver el problema y de mantener el diálogo con las autoridades estatales actuando como mediadores. La actitud del Estado y de la sociedad de no entender el papel de las comunidades es un acto racista al no darle el valor que [debe dársele a] la población indígena.
La jueza Iris Yassmin Barrios Aguilar, al concluir la audiencia, hizo unas declaraciones, algunas a título personal y otras en nombre del tribunal. Entre sus comentarios destaca el siguiente:
Les pedimos a las fiscales […] y a las autoridades […]: no criminalicemos a las comunidades indígenas. Todos tenemos el derecho de vivir en paz y de hacer un país mejor. Y si todos ponemos de nuestra parte, vamos a lograr esa armonía […] Y a los empresarios […]: no criminalicemos la conducta de nuestros hermanos guatemaltecos.
Siguió diciendo la jueza, ya pasadas las nueve de la noche: «Yo sé que ahora es de noche, pero creo que el sol de la justicia ha empezado a salir». Ojalá que algunos de esos rayos de sol alcancen a calentar la sangre fría de aquellos que han dedicado su vida a criminalizar a los defensores y a las defensoras de la vida.
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