Algunos autores como Boin, Hart y Stern[1] sostienen que una situación ya desafiante para los Gobiernos, como una pandemia, lo es aun en un sistema democrático. En las democracias, atender una crisis de grandes proporciones requiere la participación de muchas instituciones y muchos niveles de gobierno representativo (algunas veces superpuestos) cuya coordinación puede ser difícil. Los políticos tienen que justificar sus prioridades y acciones implementadas ante los líderes locales y el público. Además, están sujetos a procesos burocráticos, estructuras descentralizadas, controles cruzados mediante sistemas de pesos y contrapesos y medios de comunicación que cuestionan, divulgan y fiscalizan información.
Los mismos autores sostienen que es menos probable que los gobernantes en regímenes autoritarios necesiten negociar con las burocracias para ejercer jurisdicción en estructuras descentralizadas o mediar entre instituciones con facultades superpuestas. Además, los medios y, por extensión, el mensaje al público se controlan más fácilmente.
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Tal como explica Schwartz (2012) al comparar la capacidad de contención de China y Taiwán durante la crisis del SARS en 2003[2], esta «ventaja autoritaria» existe en tres aspectos: la capacidad de centralizar efectivamente los poderes de toma de decisiones, reunir el apoyo público y controlar el mensaje presentado por los medios de comunicación con el resultado final de una respuesta efectiva a la pandemia.
La conclusión aparentemente obvia es que la capacidad de los Gobiernos de responder efectivamente ante una pandemia depende de la medida en que puedan implementar acciones coercitivas muy impopulares y que dichas decisiones serían más difíciles de implementar en sociedades democráticas.
¿Se puede compensar la «ventaja autoritaria»?
Los problemas asociados con las medidas duras, centralizadas y coercitivas no necesariamente condenan a los regímenes democráticos al fracaso. Sin embargo, suponen que los Estados adopten compromisos de largo plazo para delinear efectivamente el poder, involucrar al público y trabajar con los medios de comunicación en un diálogo permanente.
También es importante que los Estados puedan generar confianza sobre las facultades adquiridas mediante leyes o mecanismos que centralizan el poder en situaciones de crisis.
Compensar la ventaja autoritaria implica que los Estados deben invertir en hacer más eficientes sus sistemas de atención al ciudadano reduciendo la burocracia externa y acentuando la importancia del acceso universal a la salud pública. La democracia es solo más eficaz que los autoritarismos en la medida en que pueda prestar servicios públicos de calidad.
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La «ventaja autoritaria», un riesgo latente para Guatemala y América Latina
Durante la crisis del covid-19, Ortega en Nicaragua, Bolsonaro en Brasil y López Obrador en México parecen deliberadamente invidentes ante la necesidad de tomar medidas al menos prudentes. En manos de irresponsables, las rutas autoritarias pueden empeorar los efectos de la crisis y centralizar el poder en personas inexpertas y con capacidades limitadas para atender los problemas.
Además, en países con democracias endebles y en Estados con capacidades limitadas para activar vías de respuesta descentralizadas, las medidas autoritarias, como utilizar mecanismos de excepción, desplegar a la fuerza pública, centralizar las decisiones, desautorizar entidades autónomas o controlar el mensaje público, pueden, probada su eficiencia para mitigar la crisis y en aras de la urgencia, convertirse en una amenaza para el futuro del ejercicio democrático.
Los gobernantes pueden ver en estas prácticas rutas para perpetuarse en el poder o vías para implementar controles, censuras y otras limitaciones a los espacios democráticos y legitimarse a través de una efectiva gestión de crisis para llevar a cabo otros objetivos políticos.
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La democracia es entonces el mejor antídoto para contener estos impulsos, y debemos ejercerla mediante la fiscalización de las decisiones públicas, la divulgación de información verificada y el seguimiento de las directrices de gobierno en conciencia de su proporción.
Los Gobiernos del Triángulo Norte han sido enfáticos en la necesidad de centralizar las decisiones de cara a la crisis del coronavirus. Tanto Bukele como Giammattei han utilizado mecanismos de excepción y ejercen la autoridad mediante órdenes directas.
No está de más recordar una oleada previa de limitación de las libertades democráticas en la región, consideradas por muchos analistas como autoritarias, que se remiten a Bukele enviando militares con armas automáticas a la Asamblea Legislativa para cohesionar la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares que otorgaría el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Giammattei y su política de seguridad por mano dura y la represión en Honduras y Nicaragua.
Los presidentes deben contenerse de ejercer la autoridad desmedida y proteger a los ciudadanos con información basada en evidencia, pero sobre todo haciendo públicos las decisiones y su fundamento y permitiendo la verificación y los controles cruzados propios de los modelos democráticos.
[1] Boin, A., Stern, E., y Sundelius, B. (2016). The politics of crisis management: Public leadership under pressure. Cambridge University Press.
[2] Schwartz, J. (2012). «Compensating for the ‘authoritarian advantage in crisis response: A comparative case study of SARS pandemic responses in China and Taiwan». Journal of Chinese Political Science, 17 (3). Págs. 313-331.
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