Las huellas imborrables de Mitch, Stan y otros desastres naturales

Lo dicen los expertos: Guatemala es vulnerable a casi todo: sismos, terremotos, inundaciones, tormentas, huracanes, erupciones volcánicas. De todo esto ha ocurrido en las últimas dos décadas y de todo van quedando huellas. Lo que se restauró luego del huracán Mitch,  hace 20 años, lo volvió a destruir la tormenta Stan en 2005.

Lo que se reconstruyó después del terremoto de 2012 en San Marcos, se volvió a dañar por los fuertes sismos de 2014 y 2017. En ese departamento hay niños en aulas a medio terminar, otros que siguen sin escuela. Viviendas nuevas que se edificaron en áreas de riesgo y ahora son una amenaza para sus habitantes. Así va esta historia de no acabar.

Si se marca una línea de tiempo con los eventos naturales que han azotado al país, se puede ver claramente que los desastres no dejan mucho tiempo para reponerse. Y tampoco se repone el país porque no se logra reconstruir o transformar adecuadamente lo que quedó dañado o está en riesgo.

El recuento empieza con el huracán de la pobreza

A finales de octubre de 1998 el huracán Mitch golpeó Centroamérica. El Centro de Huracanes de Miami (Estados Unidos), lo catalogó como uno de los peores del último cuarto de ese siglo. Arrasó por el Atlántico y azotó también al Pacífico afectando directamente a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Un informe de evaluación de daños publicado en 2004 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, un organismo de las Naciones Unidas), reporta que hubo 268 fallecidos y pérdidas económicas por US$748 millones solo en Guatemala. El costo de reconstrucción se cuantificó en US$415.5 millones. Por supuesto, el país no podía asumir esos gastos y la comunidad internacional se organizó para ayudar a toda la región.

Por instancias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se creó un Grupo Consultivo que incluía a donantes, gobiernos receptores de la ayuda y sociedad civil para planificar una “reconstrucción con transformación” que aspiraba a cambiar las condiciones de vida de los habitantes más pobres de Centroamérica, que al final fueron los más golpeados por el ciclón.

Quienes se quedaron sin viviendas, los que perdieron las cosechas, los que sufrían desde antes del Mitch eran los marginados. “Los que vivían en las periferias de la ciudad, los desplazados del campo, jornaleros que esperan un pedazo de tierra para habitar, y por quienes fueron beneficiados por la Reforma Agraria pero en sitios inapropiados que se convirtieron en trampas mortales”, describía Elizabeth Mansilla, en la publicación Centroamérica a 10 años del Mitch, reflexiones sobre la reducción de riesgos, publicado en 2008.

Tanto el informe de Cepal como el análisis de Mansilla referían que la ayuda internacional permitió que el país reparara buena parte de su red vial principal, que se otorgara subsidios para vivienda y se fortaleciera la prevención de desastres. Sin embargo, la anhelada transformación no se concretó como se esperaba.

Llegó la época electoral, surgieron los intereses políticos, a las familias que vivían en tugurios no se les rescató, se incrementó la migración a Estados Unidos, no se pudo combatir la pobreza y en suma no se transformó lo que había previo al Mitch. En medio de esas complejidades llegó la tormenta Stan en 2005, que ni siquiera alcanzó la categoría de huracán, pero produjo en Guatemala 4.7 veces más muertos que el “huracán del siglo” como también se denominó al Mitch.

Esa tormenta dejó 1,513 muertos, carreteras y puentes destruidos, viviendas inundadas, poblados soterrados y un nuevo recuento de daños y vulnerabilidades que no terminan por resolverse. Además, ese proceso de reconstrucción fue opaco y mal conducido.

Panabaj, un caso ilustrativo del Stan

Mansilla señala en su publicación que los deslizamientos y las inundaciones no son súbitas. Ocurren ante la mirada pasiva de quienes permiten la deforestación y la ubicación de familias en áreas de riesgo. En el cantón Panabaj, Santiago Atitlán, Sololá, fue precisamente un deslizamiento de tierra y rocas del volcán Tolimán lo que sepultó al poblado tz´utujil.

El caso de Panabaj es representativo porque aglutina tres elementos: el desastre que se pudo prevenir, la organización comunitaria después de la tragedia y la participación internacional como clave en la reconstrucción que el gobierno no pudo conducir adecuadamente desde el inicio.

El desastre ocurrió el 5 de octubre. Ese día las lluvias que trajo la tormenta Stan provocaron aludes del volcán Tolimán que arrasaron con el cantón Panabaj, en donde murieron 187 personas. Durante los primeros días solo se pudieron rescatar 81 fallecidos y los otros 106  estuvieron a punto de quedar dispersos bajo cientos de metros cúbicos de tierra porque el gobierno declaró el área como camposanto. La insistencia de las familias obligó al gobierno a aceptar que la Fundación de Antropología Forense (FAFG) se hiciera cargo de las labores de exhumación y recuperara los demás restos.

“Hasta ahí comprendí a las personas del conflicto armado interno que siguen reclamando a sus familiares, porque todos los que perdimos familia no aceptábamos que se quedaran ahí perdidos”, recuerda Francisco Coché, un líder comunitario que condujo la reconstrucción por una ruta distinta a la que el gobierno quería.

Coché explica que los deudos soñaban con sus familias, algunos hasta se hacían a la idea de que estaban vivos y que al ver la destrucción habían huido o migrado a Estados Unidos. Todas esas confusiones se solucionaron cuando la FAFG les entregó los cuerpos y los pudieron velar y enterrar. Esa fue la primera acción negativa que condujo el gobierno.

La segunda fue la decisión de reubicar a las familias a pocos metros de Panabaj. En una planicie que tenía como vista principal el área colapsada del volcán que se había convertido en su verdugo.

Coché, que ahora aspira por segunda ocasión a la alcaldía de Santiago Atitlán, recuerda que con ayuda de la comunidad internacional formaron la Asociación de Desarrollo Comunitario del Cantón Panabaj (Adecap). Esa organización, de la que ya no forma parte, fue la que representó a las cinco mil familias afectadas.

Por la presión que ejerció Coché y otros pobladores, las autoridades tuvieron que parar la construcción de viviendas cuando se evidenció que no contaban con el estudio de impacto ambiental y se vieron obligados a dialogar y firmar un acuerdo con los vecinos para asegurar su participación en el proyecto de reconstrucción y que el compromiso quedara como responsabilidad de cualquier gobierno que estuviera en funciones.

Tuvieron que pasar cinco años para que todas las familias afectadas pudieran tener un nuevo hogar. Ahora están ubicados en Chuk Muk, un área que fue urbanizada para 6,500 personas en donde hay escuela e instituto y un Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) que aspiraba a ser hospital pues tiene instalaciones para cirugías y postoperatorio.

En el proyecto se invirtieron Q109.5 millones aportados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, el Gobierno de Suecia y el gobierno de Guatemala. De todas las instalaciones, el centro hospitalario es el que no han podido poner a funcionar por completo. Tiene filtraciones en el techo que nadie ha solucionado y eso impide que las salas y aparatos se utilicen. Pasan los inviernos y los daños se remarcan y los insumos médicos y material educativo siguen guardados y empolvados. De todo el complejo, eso es lo que menos éxito tuvo en la implementación.

Coché explica que la mayoría de las familias viven en el sector y que solo unas pocas decidieron volver cerca de Panabaj, porque está más cerca de la actividad económica. Chuk Muk queda a las afueras de Santiago Atitlán.

El lugar tiene calles limpias, la mayoría están cubiertas de una mezcla de concreto con piedras. El lugar es silencioso, tiene un centro de negocios para mujeres de la región que se dedican a la elaboración de artesanías y confección de tejidos mayas. Hay salones para reuniones de las autoridades y para eventos. Este lugar es muy diferente al resto de Santiago Atitlán, que se caracteriza por ser un área muy poblada y con callejoncitos abarrotados de pequeñas casas de dos o tres niveles.

Lo que antes era Panabaj ahora está cubierto por maleza y sembradíos de maíz. Los pobladores regresaron para cultivar porque donde ahora viven solo hubo espacio para colocar sus casas.

A la distancia, al volcán todavía se le observa un trazo verde diferente, que va desde el cráter hacia la parte baja. Parece una línea hecha con un marcador de otra tonalidad verdosa. En realidad es la vegetación nueva que creció sobre la ladera que se desprendió en 2005 y que fue la que soterró al pueblo.

Panabaj no es la única comunidad que resultó afectada por la tormenta Stan. La organización Acción Ciudadana, que publicó cuatro informes de auditoría social del proceso de reconstrucción, refiere que “en la época de crisis se observó la carencia de estructura gubernamental y equipo humano especializado para la generación de estadísticas que permitieran diagnosticar el impacto de daños y pérdidas”.

La Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan) había indicado que eran 107 municipios afectados, pero en un segundo diagnóstico subió la cifra a 130 y por último la decisión la tomó el Congreso, que asignó Q1.5 millones para cada uno de los 150 municipios identificados con daños. Esta selección, dice Acción Ciudadana, se hizo “sin ningún criterio técnico”.

“En la asignación del fondo de Q1.5 millones para 150 municipios afectados, se aprecia que prevalecen criterios políticos sobre los criterios técnicos, cuando los niveles de pobreza, la población afectada, la infraestructura dañada y los recursos propios del municipio, no son iguales en todos los casos”, continúa el análisis de Acción Ciudadana. El reporte indica que hubo municipios afectados que no fueron beneficiados y otros que, sin ser afectados, recibieron los recursos. Este es un ejemplo de la politización en medio de la emergencia. Algo similar ocurrió en San Marcos, después del terremoto de 2012. Hubo listas de beneficiados con viviendas, materiales y alimentos que no sufrieron daños y otros que quedaron fuera. De esto no hubo denuncias, solo señalamientos. El problema va más allá de una mala repartición. En San Marcos, la reconstrucción no termina de avanzar.

La reconstrucción fallida en San Marcos

En San Marcos no hay que buscar mucho para encontrar las huellas del terremoto de 2012. Al nada más ingresar, justo a pocos pasos del Palacio Maya (patrimonio nacional que todavía sigue en reparación) se encuentra la Escuela para Niñas Tipo Federación Doctor Ulises Rojas.

Las 432 alumnas de párvulos y primaria estudian entre grietas desde 2012 porque nadie ha podido repararles la escuela. El salón principal, en donde realizaban sus actividades culturales, está clausurado. Sirve ahora de bodega, pero entrar al área es dar un paso en falso. En la pared que servía para colocar la escenografía se observan los blocks porque todo el repello se cae a pedazos. Se observa la filtración de agua por el techo dañado y las paredes agrietadas.

La escuela es patrimonio nacional, porque tiene más de 50 años de haber sido edificada. Es herencia de la revolución de 1944 y ahora es un monumento a la burocracia y la inacción gubernamental.

El único aporte que han recibido los maestros provino de la gestión que hizo una diputada para circular con lámina el patio, para evitar que a las niñas que jugaban en la fuente les cayera un pedazo de repello de las paredes del segundo piso.

“En 2015 no pusieron centros de votación por el riesgo a las personas, pero sí dejan que las niñas estén en este lugar recibiendo clases”, se queja un docente. También dejaron de ir los alumnos de la extensión de la Universidad Mariano Gálvez, que usaban las instalaciones los fines de semana, pero las niñas y sus maestros siguen ahí.

Yohana Villagran, la subdirectora del plantel, asegura que ha recibido varios empleados gubernamentales que llegan a verificar las condiciones del edificio. Al inicio pensó que la visita de Plaza Pública era una más de esas en las que debe hacer un recorrido para contar “otra vez” las penalidades de su escuela.

“Vienen y vienen y piden informes y no hacen nada”, se lamenta. El ciclo escolar está en la fase final y espera terminarlo sin incidentes a pesar de los sismos. Han pasado seis años desde que el terremoto los golpeó. El Ministerio de Educación refiere que la encargada de la reconstrucción es la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) del Ministerio de Comunicaciones. Pero ellos no pueden tocar la instalación hasta tener la autorización del Departamento de Conservación de Bienes Inmuebles Culturales (Decorbic) de la Dirección del Patrimonio Nacional del Ministerio de Cultura y Deportes.

Rony Chávez, subjefe de Decorbic, asegura que no han recibido una solicitud de la UCEE. Conclusión: la escuela seguirá por más tiempo con el salón principal dañado. Varias aulas con fisuras en las paredes que solo se ocultan bajo la pintura y las decoraciones de los maestros. La escuela ya no tiene el muro perimetral que los separaba del Instituto Adolfo V. Hall y lo que queda de un muro que circulaba parte de la escuela está dañado. El área de la escuela es tan grande que lo que mejor ha quedado es conseguir fondos para construir aulas a pocos metros de la zona afectada. La preprimaria se edificó así, lejos de las aulas fisuradas y lo mismo se ha hecho para los niños sordos y con síndrome de down que tienen edificios separados de la antigua instalación.

Este no es el único caso de escuelas dañadas sin atención. En el caserío Ojo de Agua, en la aldea Piedra Grande, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, hay una escuela que no termina de ser construida. La directora, Blanca López Ramírez, tiene a decenas de niños dispersos en casas en donde les han permitido impartir clases.

Se suponía que después del terremoto les iban a reconstruir la escuela. En 2016 llegó la constructora para hacer un trabajo que no demoraría más de siete meses.

Los niños de cuatro grados que llegan a diario a recibir clases al salón comunal ven la estructura gris todos los días. El patio en donde deberían jugar está lleno de materiales de construcción. Las aulas están vacías y empolvadas.

La pila es lo único que usan de ese lugar. Cruzan la malla y levantan una lámina para pasar al edificio. Se paran justo a un lado de la cisterna, que ahora parece una piscina de agua turbia y de desconocida profundidad, para lavar sus manos y los platos de la refacción. La directora está cansada de buscar respuestas en el Ministerio de Educación y en la UCEE.

“El ingeniero (de la constructora) me dijo que no puede venir a terminar porque no le han desembolsado el pago”, describe. Sin que se resuelva ese problema, sus niños seguirán encerrados en pequeñas habitaciones en las que deben costear el agua y la luz, y no tienen espacio para moverse.

Otro es el caso de San Rafael Soche, de San Marcos, donde hay una escuela de dos niveles que tiene salones con paredes y el piso fisurados y un muro perimetral que se tambalea si alguien ejerce un poco de presión. Cerca de esa escuela se observa una casa que evidencia el impacto del terremoto en esa comunidad.

Marina Gómez, la propietaria, dice que no la derribó porque tiene la esperanza de reforzarla y volverla útil nuevamente. La construyeron con el esfuerzo del trabajo de su esposo en Estados Unidos. Nada más terminen de pagar el préstamo con el que levantaron la casa que ahora habitan, volverán a invertir (por segunda ocasión) en la que quedó destruida.

El gobierno les ayudó cuando perdieron esa vivienda. En el patio de esa que está dañada, les edificaron una casita blanca de block y lámina. Una casa “tipo Baldetti”, porque así se les bautizó a las viviendas que se construyeron por ofrecimiento de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

Las casas tipo Baldetti: se derrumba el sueño de una casa de block

Además del terremoto del 7 de noviembre de 2012, en San Marcos hubo dos sismos más que provocaron nuevos daños, uno en junio de 2014 y otro en septiembre de 2017.

Esos temblores les destruyeron la esperanza a varias familias de la aldea El Carrizal, en Esquipulas Palo Gordo, un municipio que se ubica en las cercanías de San Marcos.

Pedro Jiménez, líder comunitario en esta aldea, está agradecido de que alguien quiera escuchar sus penas. Su casa, una de esas que fue construida por el gobierno, a las que llamamos casas “tipo Baldetti”, es la que da la bienvenida a la comunidad. Para llegar a esta aldea hay que pasar por planicies y empinadas laderas. En las planicies están las siembras de café y en las laderas viven los pobladores.

El Carrizal es un área aislada. Solo hay transporte, en un picop, los martes y los jueves que hace un solo viaje al día. Si alguien quiere salir o entrar, debe hacerlo en moto o a pie. En la casa de Pedro Jiménez viven su esposa, sus dos hijos y un sobrino. El lugar tiene el mismo esquema: tres ambientes y un baño.

Con el sismo de 2014, la casa quedó dañada. Tiene grietas y la puerta de metal ya no cierra si no se ejerce una buena presión. Si ocurre un sismo mientras la puerta está cerrada, esta familia no podrá salir con facilidad para ponerse a salvo.

El problema con esta y otras casas de esa aldea, es que fueron edificadas sobre un terreno que quedó seriamente dañado por el terremoto de 2012.

Como no tenían a donde ir, recibieron la ayuda del gobierno y levantaron su nueva casa en el mismo terreno en donde quedó destruida su vivienda anterior. Les entregaron los materiales y les obligaron a respetar el diseño de construcción de la casa tipo Baldetti.

No hubo estudio de impacto ambiental previo a la edificación, no les advirtieron que estaban en peligro. Se enteraron en 2015 cuando la Conred evaluó los daños.

Una copia del informe que ellos guardan dice que el área de la aldea El Carrizal y los caseríos San Isidro y Villa Nueva, en donde habitan 48 familias, “no es apta para vivienda”.

Al consultar a la Conred, refieren en otro informe que la topografía y la geografía hacen del suelo un terreno inestable. Entre las recomendaciones piden que se traslade a las familias a otra zona para “evitar la pérdida de vidas humanas y bienes materiales”. También le recuerdan a la municipalidad que “son el ente rector para la autorización de licencias de construcción”.

Como para esta reconstrucción no solicitaron licencias de construcción, la comuna no evaluó previamente la zona. Hasta 2015 se enteraron de que no es un lugar seguro.

Los pobladores de El Carrizal tienen miedo. Sus condiciones de pobreza les impiden pensar en un traslado. Estos terrenos los han heredado o comprado con mucho esfuerzo y se convertirá en la única heredad para sus hijos. Por años soñaron con tener una casa de block, porque lo único a lo que podían aspirar era a una vivienda de tabla y lámina. Y ahora que por fin la tienen, los sismos y la falta de atención a sus problemas de tierra, les arrebata el sueño.

Tres vecinos de Pedro Jiménez están en las mismas condiciones. Las casas tienen grietas en las paredes. Con el temblor de septiembre de 2017, dos parejas de esposos quedaron encerrados porque no podían abrir la puerta. Eso fue suficiente para ellos, por eso abandonaron la casa.

Amalia García, vecina de Pedro Jiménez, teme por sus hijos pequeños. Tiene a siete de sus 10 hijos viviendo con ella y su esposo. Las camas de algunos están pegadas a la pared que los sismos pasados les dañaron. Lo único que han resuelto es levantar otra casa de madera.

“Eso es lo único seguro, porque si se cae no golpea igual que un block”, dice el esposo de Amalia.

No se sabe cuántas áreas más están en condiciones similares a El Carrizal. El gobierno da por concluidos esos casos. La emergencia por el terremoto ya pasó. Ahora es responsabilidad municipal.

El último reporte emitido por la Conred con relación a la reconstrucción es de 2015, en este indica que de las 7,310 viviendas que se debían construir, 2,381 no se edificaron por el cierre del Fondo Nacional para la Paz, que entró en liquidación. Del sismo de septiembre de 2017 hay reporte de 400 viviendas dañadas en Tacaná que no han sido atendidas. El constante cambio de gobernador en el departamento complica las gestiones que hace la comunidad.

Las familias de Tacaná esperan. Las de El Carrizal esperan. Los niños de las escuelas afectadas también esperan. No pueden hacer más.

El caso de la Colonia El Cambray II, que quedó sepultada por un alud de tierra, demostró que no se deben ignorar las declaratorias de zonas de riesgo. La Conred asegura que advirtió en 2001 que las áreas cercanas a cauces de ríos, en este caso el río Pinula, zanjones y barrancos son susceptibles a eventos naturales. Y en 2014, a pedido de la municipalidad de Santa Catarina Pinula volvió a informar del riesgo. Las alertas fueron ignoradas y el  1 de octubre de 2015 decenas de viviendas quedaron bajo la tierra que se desprendió de una ladera. 

Murieron 207 personas. Los supervivientes (181) fueron trasladados a una finca en San José Pinula después de dos años de la tragedia para que pudieran rehacer su vida. El Cambray ya no existe, es un caso judicial contra los exalcaldes Víctor Albarizaes y Antonio Coro, por no atender las recomendaciones. Como El Cambray hay muchos casos en la periferia de la ciudad.