Los acuerdos de paz 20 años después

Y se nos pide hacerlo especialmente a la luz de los procesos y acontecimientos que han ocurrido en nuestro país en estas dos décadas. Se trata, pues, de un ejercicio por demás interesante y de mucha actualidad, sobre todo porque la idea es resignificar el espíritu de dichos acuerdos de manera que se rescaten los objetivos y las estrategias que se plantearon para modificar la matriz institucional vigente en Guatemala.

Por mi parte, me corresponde analizar la forma como los acuerdos de paz intentaron definir una nueva relación entre gobernantes y gobernados de modo que se produjeran cambios sustantivos en la forma como tradicionalmente se han conducido los asuntos en nuestra querida pero conflictiva sociedad. En ese sentido, mis reflexiones se concentrarán en los próximos meses en analizar el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, el cual es el más estructural de todos: debería haber aterrizado muchas de las demandas y procesos acordados en el resto de los acuerdos para que se modificara radicalmente el régimen jurídico electoral de Guatemala. La primera consideración que se puede hacer al acuerdo referido es que, pese a que el proceso de paz desencadenó procesos y estableció metas muy importantes para entender la Guatemala del 2016, un detallado análisis del conjunto de los acuerdos demostrará que este está relativamente desconectado del resto, lo cual indudablemente influyó en el hecho de que fuera el menos mencionado e importante.

La primera resignificación, por lo tanto, es invertir la prioridad estratégica de los acuerdos: modificar la estructura constitucional y el sistema electoral tendría que haber sido la prioridad número uno, además de que este acuerdo tendría que haber recuperado los aspectos más relevantes del resto. La segunda resignificación, igualmente, debería enfatizar que, aunque existieron cinco temas sustantivos —respeto a los derechos humanos, la cuestión socioeconómica y agraria, la identidad de los pueblos indígenas, fortalecimiento del poder civil y función del Ejército, y reformas constitucionales y régimen electoral—, en la práctica todos respondían a un mismo objetivo que nunca se explicitó. Por el contrario, caemos en la trampa de trabajar solo por uno mientras abandonamos el resto.

La idea que guía el esfuerzo es revalorizar el espíritu que inspiró la firma de la paz, que para muchos de los que iniciamos el proceso se resume en intentar superar las graves contradicciones que heredamos desde que se fundaron las instituciones del Estado-nación, de manera que volvamos viable el proyecto de quienes construyeron este pequeño país llamado Guatemala.

Lo más difícil de trabajar este tema es el contexto en el que se da el aniversario de los 20 años de la firma de la paz: uno cargado de incertidumbre y de malos presagios debido a las investigaciones y a los juicios por corrupción que llevan adelante la Cicig y el MP, pero también gracias a la conciencia de los terribles desafíos que han dejado las secuelas de la crisis del año pasado, en especial si consideramos que, lejos de fortalecer nuestras débiles instituciones, parece que seguimos en la vía de terminar de debilitarlas.

Superar los desafíos del momento es, sin duda, la necesidad número uno que debe plantear quien quiera replantear la vigencia de los acuerdos de paz 20 años después.