«Los países pobres deben pensarse dos veces las estrategias de distanciamiento», dicen economistas de Yale

Su cálculo subraya algo que en Guatemala ha sido obvio en las primeras semanas de crisis: la población vive en condiciones tan precarias que la pérdida de puestos de trabajo y el sustento diario representan un peligro mayor frente a una infección viral, aun siendo el COVID19 tan agresivo.

El distanciamiento se ha convertido en una característica de la sociedad actual. A falta de una vacuna que proteja a la población del COVID19, la alternativa es evitar el contacto físico. Se ha suspendido una gran cantidad de actividades laborales, las clases en todos los niveles y cualquier tipo de reunión.

Estas medidas son efectivas, sin duda, para evitar que se propague el virus. Pero tienen implicaciones económicas y afectarán de manera distinta a los países según sus ingresos.

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La pregunta es si vale la pena implementar el distanciamiento social en todos los países sin tomar en cuenta su situación económica. Según el estudio de los economistas Zachary Barnett-Howell y Mushfiq Mobarak, de la Universidad de Yale, los países con menos ingresos no deberían imitar a los ricos.

«No solo los beneficios epidemiológicos y económicos del distanciamiento social son mucho menores en los países más pobres, sino que estas políticas también pueden cobrar un alto precio en los más pobres y vulnerables», asegura el documento. «Los trabajadores del sector informal carecen de los recursos y las protecciones sociales para aislarse de los demás y sacrificar las oportunidades económicas hasta que el virus pase».

El Banco Mundial también abordó el tema. Berk Özler, economista del Grupo de investigaciones sobre el desarrollo de esta entidad financiera, señala que los países con mayores ingresos están enfocados en evitar el colapso de sus sistemas de salud por el COVID19. Y que dirigir toda la atención a esta enfermedad podría causarles perjudicar a quienes requieran cuidados intensivos por otras enfermedades.

De hecho, en 2009, después de la pandemia de H1N1, se disparó el dengue.

Los países pobres se enfrentan al mismo dilema de los países ricos, pero agravado: deben decidir entre practicar el distanciamiento social extremo o estar preparados para un sistema de salud de por sí abrumado, lo que generaría un alto nivel de mortalidad.

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«Lo que queremos no es un estímulo para que los mercados funcionen como de costumbre, sino apoyar a las personas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas mientras dure el distanciamiento social y garantizar que la recuperación económica cuando esto termine», aseguró.

Según los economistas de la Universidad de Yale, que publicaron un resumen de sus resultados en Foreign Policy, las medidas de distanciamiento social son poco efectivas si no se acompañan con medidas económicas que garanticen el bienestar económico de la población. De lo contrario, solo se están creando las condiciones para aumentar la pobreza, provocar migraciones de la ciudad al campo (lo que implica llevar el virus a regiones remotas) y aumentar la vulnerabilidad de la población.

«Al limitar su capacidad de ganarse la vida, el distanciamiento social puede conducir a un aumento del hambre, las privaciones y la mortalidad y la morbilidad relacionadas en los países pobres. Acoplar la curva epidemiológica de COVID-19 para ganar tiempo hasta que se pueda desarrollar una vacuna puede no ser muy útil para los países pobres si el cronograma para el desarrollo de la vacuna es demasiado largo para mantener el distanciamiento social», señala el informe de investigación.

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Los investigadores de la Universidad de Yale también toman en cuenta también que las medidas de distanciamiento social pretenden evitar que los sistemas de salud se saturen, pero que esto tiene menos sentido en los países más pobres, en los que los sistemas de salud no presentan niveles óptimos de eficiencia. «Retrasar las infecciones no es tan útil en países donde las limitadas de camas de hospital y los ventiladores ya no dan abasto y la mayoría no puede acceder a ellos», afirma el documento.

La ONU se manifestó sobre esta situación. A finales de marzo, en una reunión con el G20, el grupo de países con las economías más fuertes, el secretario general de la ONU, António Guterres, abordó el tema. «Debemos crear las condiciones y movilizar los recursos necesarios para garantizar que los países en desarrollo tengan las mismas oportunidades para responder a esta crisis en sus comunidades y economías. Cualquier cosa que no sea este compromiso conduciría a una pandemia de proporciones apocalípticas que nos afectaría a todos», aseguró Guterres.

¿Cuánto vale una vida en los países pobres?

Para determinar las pérdidas económicas que implica la muerte de un ser humano o la inversión que debe realizarse para mantenerlo con vida, la economía utiliza el concepto del valor estadístico de la vida (VEV). Es un cálculo descarnado que implica la valoración monetaria que la sociedad atribuye para evitar la muerte de uno de sus miembros ante una situación de riesgo.

Los economistas de Yale utilizaron este concepto para construir sus escenarios y determinar las diferencias del impacto económico de las medidas de distanciamiento entre los países con mayores ingresos y los más pobres.

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«Una ventaja importante de usar VEV para valorar los beneficios relativos de la mitigación de COVID19 es que la reducción de la mortalidad mediante distanciamiento o supresión requiere algunos sacrificios económicos», aseguran. «Los países ricos y pobres naturalmente evaluarían esas compensaciones de manera diferente, dependiendo de cuán urgentes sean las necesidades económicas de su población».

Los países más ricos suelen invertir más en su población, por ello el VEV es alto en comparación con los países de bajos ingresos. Por ello los investigadores de Yale consideran que las medidas de distanciamiento social resultan en una mejor compensación económica para los países ricos.

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Además, en la valoración del VEV también incide la disposición de la población a realizar sacrificios económicos para evitar la propagación del virus. En países como Guatemala, en donde la mayoría de la población se encuentra en pobreza o pobreza extrema, y en donde impera el comercio informal, las personas pueden estar más preocupadas en conseguir el alimento diario que en una infección viral.

En Guatemala la mayoría de la población se encuentra en pobreza o pobreza extrema. Según la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), publicada en 2014, el 59% de la población vive en pobreza, con un consumo por debajo de Q10,218 al año, y el 15.7% en pobreza extrema. Los índices de pobreza se concentran entre los pueblos indígenas (79.2%) y en las áreas rurales (76.1%).

Sin embargo, en estos tiempos particulares, en donde el impacto económico de la crisis puede alcanzar proporciones mayúsculas, cabe pensar que muchas personas pueden caer fácilmente en la pobreza. Organizaciones como Oxfam han calculado hasta 500 millones en el mundo.

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El Fondo Monetario Internacional manifestó su preocupación ya que la crisis del COVID19 implicará una contracción de la economía mundial, con los mayores efectos en los países más pobres. «Numerosos países de mercados emergentes y en desarrollo se enfrentan a drásticas caídas de la demanda de exportaciones y los precios de las materias primas, fuertes salidas de capitales, escasez de divisas y crecientes cargas de deuda», aseguró el ente financiero internacional en el comunicado de su Reunión de Primavera que finalizó la semana pasada.

Una ventaja importante de los países pobres: la población joven

El estudio de la Universidad de Yale señala que la población de los países con menores ingresos suele ser más joven, lo que implica una ventaja ante el COVID19. Según informes sobre el comportamiento del virus y los datos sobre la edad de las personas fallecidas por la enfermedad, los adultos mayores de 65 son los más vulnerables, aunque eso no elimine el riesgo entre los jóvenes.

En Guatemala la población entre 0 y 64 años, es decir, la menos vulnerable por edad frente a COVID19, es la mayoría. Según el Censo de población y Vivienda de 2018 casi 5 millones de personas (el 33.4% de la población) tiene entre 0 y 14 años. Un poco más de 9 millones de personas tienen entre 15 y 64 años, y representan el 61% del total.

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«La baja fertilidad en los países ricos significa que una fracción más grande de su población es anciana. Al contrario, en los países pobres, en donde la mayoría de la población es joven, la mortalidad por COVID19 puede ser más baja», señala el documento.

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Y así lo demuestra uno de los escenarios que construyeron. Los científicos de Yale emplearo el modelo matemático que desarrolló el Imperial College de Londres sobre el impacto del COVID19 en las tasas de mortalidad para obtener resultados en países o regiones más pobres.

Sin ningún tipo de mitigación frente al COVID19, el modelo muestra que países como Bangladesh y los del África Subsahariana presentarían una menor tasa de mortalidad que Estados Unidos. Esto se debe, principalmente a que en los países más pobres la población anciana es menor (3%) comparada con la de países con mayores ingresos (17.4%).

Sin embargo, el estudio reconoce que no se toman en cuenta la incidencia de enfermedades crónicas e infecciosas en la población más joven de los países de bajos ingresos, lo que probablemente subestime la tasa de fatalidad. Durante la fulgurante pandemia, se ha comprobado que las muertes son mucho más probables entre pacientes con enfermedades adicionales.

A partir del estudio sobre la propagación del COVID19 del Imperial College de Londres, los investigadores de la Universidad de Yale adaptaron el modelo para asignar un valor económico a la mortalidad por el virus en Estados Unidos.

En un escenario de mitigación del virus por medidas de distanciamiento, Estados Unidos logra un bienestar de alrededor de su 59% del PIB. Se predice que estas restricciones salvarán 1.76 millones de vidas en ese país, con un valor de bienestar total de 7.9 billones de dólares.

Para países pobres como Bangladesh el bienestar económico que representarían las medidas de distanciamiento sería apenas del 14% de su PIB. 

«Más allá de los beneficios mucho más pequeños de la mitigación de COVID19 en los países más pobres, los trabajadores también son más vulnerables frente a la interrupción de la economía», subraya el documento. Es más probable que dependan de un salario en efectivo diario, su trabajo es práctico y no se puede hacer mientras exista el distanciamiento social».

De hecho, el informe describe una situación que viven actualmente muchos de los trabajadores y comerciantes informales que no están registrados en las municipalidades y que por eso no podrán recibir el bono de Q1,000 que aprobó el Congreso y entregará el Ejecutivo.

«Dichos trabajadores no siempre aparecen en los registros gubernamentales y burocráticos. Por lo tanto, incluso si se implementara una póliza de seguro social en estos países, no está claro qué tan rápido se podría ubicar a esas personas, si es que lo hacen, para brindarles beneficios de ayuda», señalan los investigadores de Yale.

El impacto de la crisis económica en los trabajadores informales y la ausencia de registros para recibir el beneficio también es motivo de preocupación para el Banco Mundial. «Los países de bajos ingresos no tienen más remedio que confiar en sus sistemas de protección social y sus redes de seguridad para proporcionar ayuda durante la pandemia», dijo Berk Özler economista del Banco Mundial.  

Las recomendaciones para los países pobres

La investigación de la Universidad de Yale concluye que el distanciamiento no debe aplicarse de igual manera en los países ricos y en los países pobres.

Para proteger del COVID19 a la población de los países con menos ingresos y causar el menor impacto económico posible, los investigadores de Yale recomiendan la implementación de algunas medidas, como el uso obligatorio de mascarillas en la calle y mejorar el acceso al agua potable para garantizar las medidas de higiene.

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En Guatemala, el acceso al agua todavía es una tarea pendiente. El último Censo de Población y Vivienda señala que el 58.9% de los hogares tienen acceso a agua entubada en la casa. 15 de cada 100 hogares solo tienen acceso a agua por medio de chorros públicos o pozos y el 10.9% debe recurrir a ríos, lagos, manantiales o camiones cisterna para abastecerse del líquido.

Los investigadores de Yale también proponen medidas de distanciamiento o aislamiento social para los países pobres, pero solo para ancianos y otros grupos en riesgo. «Mientras que las personas productivas con perfiles de bajo riesgo podrían seguir trabajando», puntualiza el documento.

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En cuanto a las medidas para enfrentar la crisis económica y que permitirían aplicar las medidas de distanciamiento social con menor impacto en el bolsillo de las personas, el Bando Mundial sugiere implementar las transferencias universales en los países en desarrollo, cuya población mayoritaria se encuentra en pobreza.

El Gobierno de Guatemala anunció que durante la última semana de abril o la primera de mayo iniciará la ejecución del Fondo Bono Familia. Dotado con Q6,000 mil millones, estará destinado al apoyo de las familias más vulnerables con Q1,000 mensuales. Esta política estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y para la selección de los beneficiados se utilizará el recibo de luz. Podrán recibir las transferencias los hogares con un consumo menor de 200Kwh.  

Berk Özler, economista del Banco Mundial, aseguró que las transferencias en efectivo son la opción más obvia para garantizar la alimentación y la posibilidad de pagar las cuentas de las personas en situación de pobreza. En el caso de los países en desarrollo, en donde podría crecer este grupo, la medida debe ser universal. Pero si se hace necesario enfocar el beneficio, se debe recurrir a mapas de pobreza.

Un punto importante es que no debe existir ningún tipo de condición asociada a la entrega de la transferencia en efectivo. “La urgencia con la que se necesita el apoyo, las razones detrás de la necesidad y lo que la gente haría con el dinero por su cuenta apuntan a proporcionar los fondos sin condiciones”, dice Özler.

«Los próximos 12 a 18 meses serán difíciles para casi todos en el mundo. Pero los gobiernos y las organizaciones internacionales de desarrollo pueden ayudar a aliviar la carga que causará la pandemia entre los más pobres de los pobres», enfatiza Özler.