Los procesos de reconciliación histórica: una comparación entre Perú y Guatemala

Es casi medianoche en la recóndita comunidad de Quinua, en el altiplano de la región de Ayacucho, en Perú. El frío, a casi tres mil metros sobre el nivel del mar, es intenso y quema por la noche, al igual que el sol durante el día. En un cuarto improvisado en una de las casas de la comunidad, decenas de familiares velan los restos de seis víctimas de la violencia política que puso de rodillas a este país sudamericano durante las últimas dos décadas del siglo pasado. Mujeres y hombres de etnia quechua, piel morena, tallada por los inclementes agentes atmosféricos de la cordillera andina, se amontonan bajo espesas colchas, mascando incesantemente hojas de coca y tomando guaro casero para alejar el sueño, alumbrados por las mismas velas que acompañan los ataúdes blancos ordenados encima de unas humildes mesas de madera al fondo del cuarto.

Unos chivos, curiosos, entran a la habitación y se acomodan entre los presentes, acostumbrados a convivir con su rebaño y agradecidos por recibir el calor de su abundante lana.

La presencia de los periodistas recién llegados para compartir la velada, enciende el entusiasmo de los comunitarios, honrados por la inesperada visita. De pronto, empieza una ronda de presentaciones seguidas por los testimonios de los familiares de las víctimas, en una sesión catártica de memoria histórica donde el chapurreado castellano de los comunitarios deja rápidamente espacio a la lengua materna.

José Landeo Velarde tiene 64 años y es uno de los ancianos de la comunidad. Fue el único en regresar a la aldea, aquel 13 de junio de 1983, después de que los soldados hicieran su ingreso antes de la madrugada y se llevaran a todos los hombres de la comunidad «amarrados como cerdos», saqueando la aldea y violando a las mujeres. Tuvo suerte cuando, aprovechando un momento de distracción de su verdugo, se tiró por el barranco y no fue alcanzado fatalmente por ninguna de las balas que le dispararon, a pesar del recuerdo indeleble que le dejaron en una de sus manos.

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Landeo sabía que lo iban a matar desde cuando aquel soldado lo fue a sacar de su casa sin permitirle arreglarse, mientras su esposa, llorando, le pedía piedad. Y lo sabía porque, en aquella época, los hombres que el Ejército se llevaba para la base militar de Ocros nunca regresaban a sus casas. No entendía por qué la furia de los militares tuviese que abatirse encima de una comunidad ya destrozada por el paso de los guerrilleros de Sendero Luminoso, que habían matado a pedradas, cuchilladas y hachazos a varios de los compaisanos, unas cuantas semanas antes. Lo que sí sabía es que de ambos grupos había que desconfiar y escaparse en esa época de tierra arrasada, donde la única diferencia entre unos y otros era que la guerrilla mataba y el Ejército desaparecía. En efecto, en la helada noche del martes 14 de agosto, al lado de José Landeo, yacían los restos de seis familiares: dos asesinados por los soldados; cuatro por Sendero Luminoso.

La violencia política en Ayacucho. El caso de las madres y viudas de ANFASEP

Los seis mártires de Quinua pertenecen a las 69 mil víctimas que la violencia política dejó en las dos décadas finales del siglo XX, en Perú, según cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que estableció que de cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos cuya lengua materna era el quechua. Ayacucho fue el departamento donde más se concentró la fuerza represiva de Estado y guerrilla, con más del 40 % de los casos. Ambos actores actuaron parejos, según la misma dinámica racista de desprecio a la población más desposeída del país: Sendero Luminoso, justificando la eliminación de cualquiera que no apoyara la causa política como parte de la estrategia de lucha armada; los gobiernos que se alternaron en esa época, a través de las Fuerzas Armadas y, en algunos casos, con el apoyo de los Comités de Auto Defensa, legitimando la política de tierra arrasada para ganar la contienda en contra de los terroristas.

Los hombres entre 20 y 50 años estaban condenados a ser las víctimas fatales, a testificar la naturaleza de una represión enfocada en quitar de la escena cualquier posible apoyo armado a unos de los dos bandos en guerra. En la región de Ayacucho ese escenario tocó ápices extremos, ya que la violencia se fue extendiendo de una forma indiscriminada y arbitraria, creando un clima mortífero de sospechas, inestabilidad y desplazamientos internos que paralizó por completo una generación entera de personas.

El resultado de las matanzas y las desapariciones fue una población de viudas y huérfanos en aumento que, en 1983 dio vida a la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). Conformada al principio por la pura necesidad de darle de comer a los huérfanos, la asociación fue tomando consciencia política hasta organizar en 1986 la primera marcha hacia Lima, la capital de Perú, para denunciar las atrocidades que se estaban cometiendo en su tierra. Por primera vez, un grupo de mujeres andinas, homologadas en sus típicos sombreros negros, daban a conocer los horrores de la violencia política que en aquel entonces se mantenía relegada al área rural del altiplano quechua-hablante.

Entre los relatos contenidos en el volumen ¿Hasta cuándo tu silencio?, publicado por la propia asociación, emerge una atmósfera surreal y lúgubre de aquellos años, producto del dolor por la pérdida de un esposo o de un hijo, el trauma por haber sufrido violaciones sexuales, la agonía por no saber cómo darle de comer a los huérfanos, las humillaciones por ser terruñas analfabetas reclamando derechos, la discriminación por ser tachadas como «madres de terroristas» y el horror por andar buscando a los desaparecidos entre cadáveres amontonados, medio comidos por los animales selváticos. Se repite, una tras otra testigo, el sentimiento de «caminar como en sueños», en búsqueda de los seres queridos desaparecidos, y «vivir como en pesadillas» por ni entender el porqué de tanto terror.

Gracias al trabajo de ANFASEP, se logró destapar la vergüenza de las fosas comunes de La Hoyada, el campo de entrenamiento militar del Cuartel Cabitos, en Ayacucho, donde entre 1983 y 1985, fueron torturados, ejecutados extrajudicialmente, enterrados y cremados cientos de comunitarios. Lugar emblemático de la violencia política en la región, en agosto de 2014, el gobierno autorizó la construcción de un Santuario en Memoria de las Víctimas de la Violencia.

Perú y Guatemala de cara a su pasado obscuro

La inhumación en Ayacucho, aquellos días de agosto del año pasado, se realizó  según dinámicas muy parecidas a un entierro de víctimas del conflicto armado interno entre las comunidades indígenas de Guatemala: el velorio concurrido de familiares y vecinos, el dolor de los más ancianos al recordar el sufrimiento pasado, la curiosidad de los más jóvenes en acercarse al cráneo de un familiar que nunca conocieron, el almuerzo comunitario, la serpentina del cortejo fúnebre trepándose por senderos angostos hacia el cementerio, ataúdes al hombro, los nichos de humildes ladrillos… la misma organización colectiva frente a las condiciones de pobreza, exclusión, analfabetismo y marginalización en un contexto de aldeas y caseríos engastados en la majestuosidad de la cadena montañosa de los Andes, tierra árida azotada por el viento, que obliga al cultivo de papas y a la crianza de cabras.

La verde y húmeda exuberancia de las montañas del altiplano maya pareciera ser el único contraste relevante entre los dos lugares; el aislamiento de ambos grupos de víctimas de los centros del poder político de sus respectivos países, el denominador común.

Sin embargo, dos diferencias sustanciales marcaban el paso del primer entierro celebrado en el marco de la implementación de la ley 30470 de «Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980–2000». Primero, en la mañana del primer día, durante la ceremonia solemne de entrega de los restos de las víctimas a los familiares, los 14 ataúdes blancos ordenados encima de la alfombra roja cerca del altar, en la catedral de Ayacucho, hablaban de un pasado de terror incomparable con la historia guatemalteca, acostumbrada, entre 1970 y 1996, a un promedio de masacres que, en más de la mitad de los casos, superaban las 50 víctimas. Recientemente, el caso de las inhumaciones en Comalapa, celebrada en junio de 2018, y de Santa Avelina, en diciembre de 2017, dignificaron la memoria de 172 víctimas por cada entierro, puntualizando la magnitud de una represión más arbitraria y devastadora, con características etnicidas y, en el caso del área ixil, genocida. Segundo, la presencia de autoridades clericales y estatales de alto perfil en la catedral de Ayacucho testificaba un marco institucional muy diferente de cara al proceso de dignificación de las víctimas.

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La presencia de monseñor Salvador Piñeiro, por parte de la iglesia católica, y del viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velázquez, destacaba por el compromiso institucional frente al acontecimiento. En Guatemala, en ocasiones parecidas, es mucho si aparecen algún cura de campo, hijo de la teología de la liberación, y unos cuantos representantes del moribundo Plan de Resarcimiento Nacional.

El acompañamiento de organizaciones no gubernamentales locales y organismos internacionales, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, sigue siendo una constante común en ambos países, fuente de financiamiento imprescindible para la realización de las actividades en el campo. Sin embargo, es la postura de los actores estatales que cambia el panorama por completo. Desde el púlpito de la catedral, el viceministro Velázquez no tergiversó, frente a los familiares de las víctimas, en asumir las responsabilidades por no haber protegido a la población civil de la violencia política de aquellos años, lamentando la demora en la devolución de los restos, pidiendo perdón, a nombre del Estado.

Este último factor ejemplifica la dinámica diferente que el Estado andino está impulsando en su esfuerzo hacia un proceso de reconciliación firme y duradera frente a la sociedad peruana. Los 78 casos investigados por el Ministerio Público en contra de exmilitares y miembros de grupos armados casi doblan el número de los 43 juzgados en Guatemala. En septiembre del año pasado, el gobierno andino aprobó la Ley de Banco de Datos Genéticos, herramienta fundamental para seguir buscando a las víctimas a pesar de que los familiares directos fallezcan, cuya gestión ya se volvió operativa a través de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, nacida en seno al viceministerio de Derechos Humanos.

El Programa Nacional de Resarcimiento guatemalteco, en cambio, lamenta el recorte presupuestario que, en época del gobierno patriota, fue reducido hasta en un 90 %; además, invoca la necesidad de renovar el mandato a la institución, que finalizaría en diciembre de 2023, denunciando que unas 35 mil víctimas todavía están pendientes de recibir resarcimiento. Como corolario, la propuesta de algunos diputados de reformar la Ley de Reconciliación Nacional, para conceder amnistía total a los militares y guerrilleros que han sido procesados y condenados por los crímenes de lesa humanidad, entorpece ulteriormente el debate nacional sobre la necesidad de aclarar responsabilidades jurídicas sobre los abusos cometidos frente a la población civil durante el conflicto armado interno.

La reconciliación y el perdón: el caso de Rogger Santos

Para los desestimadores de la importancia de los procesos de justicia hacia la reconciliación social en los contextos posbélicos de América Latina, valga el caso de Rogger Santos Cayllahua Huamani. El hombre, que ahora tiene 34 años, perdió el padre cuando era un niño de siete, a manos del Ejército. Los militares lo secuestraron en 1991 por ser un funcionario público del pequeño municipio de Chuschi, departamento de Ayacucho, culpable de haber denunciado públicamente el comportamiento abusivo de los soldados a la hora de robar ganado y productos en las tiendas del pueblo. Junto con su padre, los soldados se llevaron al alcalde y al juez de paz.

Alcanzada la mayor edad, Cayllahua se mudó a Lima para seguir con sus estudios de computación y para quedar cerca de la fiscalía, en su esfuerzo de reclamar justicia. Finalmente, a principio de 2006, empezó el juicio del llamado caso Chuschi en contra de Collins Collantes, en aquel entonces jefe de la patrulla militar, y dos policías del mismo municipio. El proceso judicial terminó dos años después con sentencia condenatoria de 14 años de reclusión en contra del militar y de uno de los agentes.

Al abandonar el aula de tribunal, Collantes se acercó a Cayllahua y le pidió perdón. La reacción del joven fue espontánea e inmediata: al ver al verdugo de su padre esposado y condenado, no supo qué hacer con el rencor que lo había acompañado a lo largo de los últimos años de su vida, mientras estaba buscando justicia, presionando a los órganos judiciales para que procedieran con el caso. Simplemente, vio frente a él a otro ser humano que iba a pagar por sus responsabilidades. Se sintió libre, despejado, aligerado por aquel peso que andaba cargando desde cuando su padre no regresó a la casa, hace 16 años. Perdonó al exmilitar y regresó a su casa, en paz.