Los silencios de Washington y del Cacif que aprovecha Jimmy Morales

La Corte puede decidir que la acción de Morales estuvo sujeta a derecho o no. En el primero de los casos, el presidente se vería legitimado y la pugna se pospondría hasta nuevo aviso. Que lo habrá. En el segundo de los casos, los magistrados pueden señalar a Morales de desacato y ordenarle que revierta sus decisiones, así destituir a los ministros —Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa— que acompañaron al presidente en su ofensiva contra la Cicig, por avalar una decisión ilegal. Será entonces cuando el jefe de Gobierno tenga en sus manos cumplir la amenaza de “no obedecer órdenes ilegales” que realizó el viernes rodeado de militares.

Morales también está a la espera del pronunciamiento de los jueces, pero ensaya nuevas medidas de presión. La noche del miércoles, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, denunció que el gobierno no renovaría las visas de trabajo a al menos 50 extranjeros empleados de la Cicig.

El quiebre que explica la ambigüedad de EE.UU.

“¿Qué opina la embajada?” es una pregunta recurrente en cada crisis. Estados Unidos tiene un peso indudable y su legación marca línea, abiertamente o bajo la mesa. Como admite el excanciller Edgar Gutiérrez Girón, “Washington ha sido un factor de gobernabilidad”. Paradojas de la vida, en 1954 intervino en el golpe de Estado que depuso a Jacobo Árbenz y a principios del siglo XXI ha considerado que la mejor forma de proteger sus intereses era intervenir favoreciendo la lucha contra la corrupción. Una paradoja que se extiende al punto de que sectores progresistas que cuestionaron un alineamiento de la Cicig con la agenda de Washington sean los principales defensores de la agencia anticorrupción, mientras que los que apelan a la “soberanía” y la retórica nacionalista antiextranjera, intervencionista, son quienes recibieron el apoyo estadounidense en el contexto del conflicto armado interno.

En este caso, sin embargo, no hay directrices claras en el vecino del norte. Al menos, no en público. El viernes, tras la comparecencia de Morales, el comunicado oficial fue diplomático. “Creemos que Cicig es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza, y hacer que los corruptos rindan cuentas en Guatemala”, decía la nota. Menos de lo que los defensores de Velásquez esperaban. Hizo falta que jeeps donados por Estados Unidos patrullasen la zona en la que se ubica la sede de la Cicig y se paseasen delante de la propia embajada estadounidense para que la legación expresase sus sospechas y se mostrase vigilante sobre el uso que Morales estaba dando al donativo.

Los operadores diplomáticos trabajan con discreción. El silencio obedece a que no existe una opinión unificada en Washington, lo que se traduce en inacción en Guatemala. Algo preocupante si se toma en cuenta que Estados Unidos financia el 40 % de la actividad de la comisión.

La agencia de la ONU ha gozado de un apoyo absoluto y compartido por demócratas y republicanos desde sus inicios. La institución comenzó sus trabajos con George W. Bush en la Casa Blanca y se fortaleció durante las dos legislaturas de Barack Obama. El actual presidente, Donald Trump, rompe con esta línea. Lo cual lleva a un quiebre entre los propios responsables de la política exterior norteamericana.

“Los que siguen Guatemala y Centroamérica entienden bien el esfuerzo de la Cicig y el Ministerio Público. Todos están impresionados con los avances de los últimos años, superaron las expectativas”, explica Daniel Wilkinson, de Human Rights Watch. “Ese apoyo sigue en gran parte, incluso dentro del Departamento de Estado, dentro de los funcionarios que son de carrera. Lo que queda en duda, especialmente después del tuit de (Mike) Pompeo, es si en el nivel más alto entienden realmente qué está pasando”, dice.

El tuit al que se refiere fue publicado el viernes por el Secretario de Estado. “Nuestra relación con Guatemala es importante. Apreciamos enormemente los esfuerzos de Guatemala en contra del narcotráfico y seguridad”, decía. El mensaje fue interpretado como un aval a Morales, que ya había anunciado que daba por finalizado el mandato de la Cicig.

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“Por primera vez hay una fractura entre el Ejecutivo y el Capitolio y el Departamento de Estado”, considera el excanciller Gutiérrez. Comparte la división efectuada por Wilkinson entre funcionarios de carrera y mandos políticos. “Los que han hecho la política global de Estados Unidos por décadas tienen claro qué está en juego, quién está equivocado y cuál es el riesgo de desbarrancar a la Cicig”, dice.

En este contexto resulta relevante el contundente pronunciamiento de António Guterres, secretario general de la ONU. El lunes por la noche reiteró su confianza en Iván Velásquez y le pidió que siga al frente de la Cicig, aún desde fuera del país, mientras se aclara la situación. En Nueva York las cosas están claras, pero no así en Washington.

Diversas fuentes confirmaron a Plaza Pública que en los dos últimos días se han celebrado dos reuniones al más alto nivel en Estados Unidos en las que se ha abordado la cuestión guatemalteca. No hubo acuerdos.

Ejemplo de ello es que Washington no aparece en el comunicado de varios países miembros del G-13 en el que se expresa “pesar” por la no renovación del mandato de la Cicig y “preocupación” por el veto a Velásquez. “Esto es un paso atrás en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas”, dice la nota, que firman Alemania, Canadá, España, Francia, Suecia, Suiza, el Reino Unido y la Unión Europea, así como Noruega y Países Bajos (que no forman parte del grupo de donantes).

“La dirección política (de Estados Unidos) es congruente con su administración, que ve más hacia adentro que hacia fuera”, considera Gutiérrez, que equipara algunos de los problemas que afrontan Trump y Morales: “Eventos no lícitos, fiscales rondando, prensa al acecho”. “Eso influye en el estado de ánimo del Ejecutivo”, dice. Tampoco se puede olvidar el trabajo de acercamiento hacia Washington realizado por Morales. Su decisión de instalar la embajada de Guatemala en Jerusalén, violando la normativa de la ONU, fue bien acogida tanto por los sectores evangélicos que acompañan a Trump (representados por Mike Pence, el vicepresidente) como por el lobby proisraelí (cuyo rostro visible sería Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, con quien la canciller Sandra Jovel se entrevistó un día antes de desatarse la crisis).

Que Morales haya jugado sus cartas no implica que no existan sectores que operan en el país del norte para que Washington regrese a la senda anterior. Desde que el viernes se anunció el portazo a la Cicig, los pronunciamientos han sido continuos. Primero el exvicepresidente, Joe Biden, y luego los congresistas Eliot L. Engel y Albio Sires, representante de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. También la senadora Norma Torres, que el miércoles se reunió en Washington con Iván Velásquez. La línea de actuación propuesta por los legisladores estadounidenses es condicionar la ayuda norteamericana a que Morales readmita a Velásquez y la Cicig. El último en tomar partido fue Ben Cardin, líder de la minoría demócrata en el Subcomité de Asuntos para Latinoamérica del Senado norteamericano, quien pidió más presión diplomática sobre Guatemala.

Falta por ver si estos lobbies tienen éxito y si sus esfuerzos llegan a tiempo.

En opinión de Gutiérrez, “Washington no tiene mucho tiempo para dedicar a Guatemala”. El problema, según el excanciller, es que “las cosas van a tal velocidad que pueden salirse de control”.

* Sin embargo, en la mañana del jueves, el secretario de Estado estadounidense, Michael R. Pompeo, y Morales sostuvieron una llamada telefónica. Según un comunicado enviado por la embajada, Pompeo “reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la soberanía guatemalteca”, y “expresó el apoyo continuo” de su país para “una Cicig reformada”, sin precisar mayores detalles.

Congreso: el pacto de corruptos abre otro frente

De vuelta a Guatemala. La atención pasó el martes de Casa Presidencial al Congreso de la República. Son los legisladores, agrupados en torno al denominado “pacto de corruptos”, los que toman el relevo. Guatemala es país de habladurías, así que solo se tomarán en cuenta los hechos: existe la voluntad de presionar a la Corte de Constitucionalidad y a las instituciones díscolas con el tándem Morales-Congreso. Este plan puede vehicularse a través de la reforma a la Ley en Materia de Antejuicio. Esta elimina deja en manos del Legislativo la decisión de retirar o no la inmunidad a los funcionarios de forma exprés y política, al dejar fuera del trámite a la Corte Suprema de Justicia que sirve de filtro jurídico para evitar procesos espurios.

Aunque se extiendan los rumores de que se buscan otras fórmulas para sacar de la jugada a los jueces de la más alta corte, la legislación no incluye mecanismos que lo permitan. Por eso, este escenario podría aparecer en el caso de que los magistrados aceptasen las ejecutorias y amparos presentados el martes y Morales desobedeciera sus fallos. Ahí se entraría abiertamente en un contexto de ruptura del orden constitucional.

La prioridad del Congreso es aprobar las reformas al antejuicio. El miércoles las sacaron adelante en segunda lectura, y se prevé su consumación la próxima semana.

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En esta ocasión hubo debate y, por primera vez, se escucharon voces contrarias a la iniciativa. Por ejemplo, la del exconstituyente y actual diputado independiente Oliverio García Rodas, que alertó de que la propuesta es “inconstitucional” y alertó sobre lo inapropiado del tiempo político. Si todo sigue su curso, puede darse una circunstancia paradójica: que sean los magistrados de la Corte los que terminen observando la legalidad o no de una normativa que, en principio, parece pensada para condicionar su actividad.

Lo que no pasó fue la propuesta para poner en marcha una comisión de investigación con la que analizar la compra de un edificio por parte del Ministerio Público en los tiempos en los que Thelma Aldana era la fiscal general. Aviso a navegantes: esta no será la única iniciativa que ponga a la antigua jefa de los investigadores en el punto de mira, por dos razones concretas: el odio que le tienen funcionarios, políticos, diputados y empresarios que fueron encarcelados y procesados por la exfiscal; y la amenaza que represente como virtual candidata presidencial en las elecciones del próximo año.

Hace un año, por estas fechas, se ultimaba la aprobación de lo que vendría a denominarse “pacto de corruptos” con la modificación del Código Penal. Fue una semana intensa, justo antes de las celebraciones del Día de la Independencia. Doce meses después, es la Ley de Antejuicio la que está sobre la mesa. Dos iniciativas distintas en contexto similar: la voluntad de las élites políticas de protegerse ante los señalamientos por corrupción. En 2017 fueron los ciudadanos, tomando las calles, quienes obligaron a los diputados a recular. Para el recuerdo: las eternas horas que los miembros del Congreso permanecieron encerrados en la asamblea mientras cientos de guatemaltecos rodeaban el edificio cantando consignas contra la impunidad.

Empresarios: primero apoyo, luego silencio

Las cámaras empresariales son uno de los principales apoyos de Morales. Por tradición política y por conveniencia inmediata, ya que se trata de uno de los sectores implicados en las investigaciones de la Cicig. No hay corrupción sin corruptor y grandes compañías del país han sido señaladas en los últimos tres años por financiamientos ilícitos de partidos y pago de comisiones a cambio de ser beneficiados con contratos del Estado, entre otros delitos. Esto llevaría a pensar en una posición hostil hacia Velásquez y la comisión.

Hasta el momento, únicamente sectores del Congreso, agrupados en torno al pacto de corruptos, y el presidente, han dado el paso de ubicarse abiertamente en el lado de la impunidad. Por eso, incluso los empresarios organizados que quieren ver fuera a la Cicig, se han refugiado en la tibieza, protegidos por la dialéctica y esperando a los acontecimientos, algo que el martes fue criticado expresamente por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas

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El primer golpe de Morales, el del viernes, fue fácilmente solventado. Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, habló de “respeto a la institucionalidad”, en claro apoyo a la decisión del presidente, y fijó la prioridad en el proceso de trasferencia de capacidad de la comisión hacia el Ministerio Público. En la misma línea se pronunció el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Respeto institucional es un buen argumento. Ubica en el lado del orden y libera de compromisos. Es Morales el que ha decidido. Podía hacerlo y lo hizo. Independientemente de lo que uno pueda pensar. En palabras de Zepeda, “no es cuestión de si estamos de acuerdo o no. La potestad era suya. Si seguimos perdiendo el tiempo y no hacemos transferencia de conocimientos, algo que ha empezado a darse tiempo atrás, ahí si corremos riesgo de retroceder y polarizarnos”, dice el director de los industriales.

El segundo movimiento ha sido diferente.

Los mismos que se pronunciaron el fin de semana ahora guardan un prudente silencio.

“Lo de ayer tiene otro matiz. El viernes, está dentro de la ley. Sobre lo de ayer (en referencia al veto a Velásquez), no hemos emitido declaración oficial porque nos encontramos haciendo un análisis sobre el sustento legal de la decisión”, dice Zepeda. Tanto la Cámara de Industria como Cacif evitaron hacer público pronunciamiento alguno hasta tener en sus manos informes jurídicos. La ley, recordemos, no es una ciencia exacta. Así que estos pueden tener mucho de interpretativos. En los últimos dos días existe el debate entre juristas que consideran que Morales ya se ha ubicado fuera del orden constitucional, otros que esperan a que sea la Corte de Constitucionalidad la que confirme la ilegalidad y un tercer grupo que legitima la ofensiva presidencial.

Plaza Pública trató de comunicarse con el presidente de Cacif, Marco Augusto García Noriega, pero no obtuvo respuesta.

A pesar de esta aparente homogeneidad en el sector empresarial, hay voces disidentes. Por ejemplo, Estuardo Porras Zadik, empresario e integrante del colectivo La Cantina. “Es un rompimiento del orden constitucional”, afirma. En su opinión, “es abrumador el silencio del sector empresarial organizado”. Cree que defienden intereses “a corto plazo”, lo cual tiene consecuencias. “No vemos los efectos al largo, cada vez nos acercamos más a Venezuela y Nicaragua”, dice. Una paradoja: hasta ahora, ambos países eran enarbolados por los aliados de Jimmy Morales como el ejemplo a no imitar. Después de que el presidente diese portazo a la Cicig el mismo día en el que Daniel Ortega expulsó a una misión de Derechos Humanos de la ONU de Nicaragua, una parte del bloque anticorrupción se ha apropiado del argumento.

“Al margen de Cacif hay voces, pero a nivel de gremios están herméticos. Sus comunicados son escuetos, tímidos”, se queja Porras Zadik. El empresario considera que en los últimos meses se construyeron narrativas diferentes y diálogos entre sectores tradicionalmente aislados uno de otro. Sin embargo, las crisis no son momentos para que se consoliden estas relaciones heterodoxas. Pesan más las lealtades a la tradición. Esto es importante de cara a saber qué puede hacer el Cacif en caso de que la Corte deslegitime a Morales. En los últimos tres años la tendencia le lleva a desligarse de las protestas sociales contra la corrupción y la impunidad.

En 2015 el Cacif tomó parte en el paro nacional contra la corrupción y para exigir la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina; pero en 2017 no se sumó a la protesta contra el pacto de corruptos.

Habrá que ver qué posición adopta en caso de escalada e incremento de las movilizaciones ciudadanas.

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Uno de los argumentos sobre la mesa son las pérdidas económicas que puede generar la inestabilidad. Aunque el razonamiento es de doble vuelta. El viernes, ante la sede de la Cicig, detractores de Velásquez identificados como vendedores informales le acusaban de generar zozobra y espantar a los inversionistas. Zepeda reconoce que el contexto es perjudicial para la economía, pero incluye en la ecuación otro hecho ocurrido esta semana, que no tiene que ver con la crisis abierta por Morales: la sentencia del tribunal constitucional sobre la mina San Rafael, que suspende las actividades extractivas hasta que se celebre una consulta al pueblo xinca. Sobre vaticinios más apocalípticos, como el del estado de sitio, considera que Guatemala “es el país de la teoría de la conspiración” y llama a “mantener la serenidad”. Por otro lado, en opinión de Porras Zadik, el sector empresarial está pendiente de lo que llega desde Estados Unidos. “Dependiendo de Washington, alguno alzará la voz”, dice. 

En 1993, el intento de autogolpe de Jorge Serrano Elías encontró un rechazo amplio en diversos sectores de la sociedad. El Cacif fue uno de ellos. Está por ver qué ocurre en 2018 si el país toma el peor de los caminos posibles.

Movimientos sociales: preparando movilizaciones

Existe una épica en torno a la capacidad de la plaza para cambiar el estado de las cosas. Los sucesos de 2015, la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxanna Baldetti y su posterior arresto y encarcelamiento han alimentado este relato. A día de hoy, sin embargo, el debate gira en torno a qué tiene que ocurrir para que las movilizaciones vuelvan a ser masivas. El sábado, un día después de que Morales anunciase que la Cicig tenía fecha de caducidad en el país, apenas unas tres mil personas se concentraron ante el Palacio de la Cultura. Eran los habituales, los convencidos, los sectores urbanos que saldrán a la calle ocurra lo que ocurra.

El lunes, tras el veto a Velásquez, apenas una decena de manifestantes llegó a la plaza con carteles contra la corrupción.

Las movilizaciones, sin embargo, se preparan. Solo falta el momento adecuado. Toca esperar, como al resto de sectores, al dictamen de la Corte. Uno nunca sabe cuál es la chispa que prende el descontento ciudadano hasta que este se incendia.

"La intención de reunirse es no actuar de forma aislada", asegura Marcelo Sabuc Xalcut, dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). “Tenemos que esperar a ver qué pasa con los amparos”, dice Neftalí López, dirigente del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Ambos participaron el miércoles en un encuentro en el que diferentes grupos campesinos analizaron el contexto y planificaron una acción conjunta. Al mismo tiempo, integrantes de la sociedad civil capitalina, como Lenina García, de la Asociación de Estudiantes Universitarios, comparecían ante la CC acompañados por el procurador, Jordán Rodas. Hay que esperar hasta que los jueces determinen si Morales ha incurrido en ilegalidad y se ha ubicado fuera de la Constitución.

Para clarificar este extremo, los amparos se siguen sucediendo. El último, el presentado por Walter Cuc, secretario ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, junto a otros líderes como Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina y abogados como Ramón Cadena y Juan Castro.

Ahora estamos en momento de pronunciamiento. Todos hablan de “unidad” y “defender la democracia”. Cuando llegue el momento, movimientos sociales y sociedad civil tendrán los retos de siempre: ser capaces de plantear protestas que unifiquen campo y ciudad, tradicionalmente divididos, y superar las fricciones internas, latentes entre líneas. Por ahora, es tiempo de comunicados y reuniones, con la amenaza latente de la presión policial. Que en la mañana del miércoles la oficina del Procurador de los Derechos Humanos apareciese rodeada de policía es solo una de las múltiples casualidades que vienen repitiéndose desde que el presidente anunció la ruptura con la Cicig. La suspensión de vacaciones, descansos y permisos para los agentes a partir del miércoles por la tarde, para tener toda la fuerza policial disponible, otra casualidad a tomar en cuenta.

El contexto inmediato es favorable para Morales. Con el apoyo empresarial, el pacto de corruptos operando y sin el manto protector de Estados Unidos, el único contrapeso es la Corte de Constitucionalidad y las previsibles movilizaciones ciudadanas, que no terminan de arrancar.

Alicia Álvarez, Angel Mazariegos y Carmen Quintela, colaboraron en el reporteo para este análisis.

NOTA DEL EDITOR: El párrafo antecedido con un asterisco (*) fue incluido en este análisis el 06-09-2018; a las 14:00 horas.