Mapa de poder: La Usac es un pulpo rodeado de tiburones

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) es como un pulpo gigante con un poder que muchos grupos ven con apetito. Al igual que los octópodos, la universidad estatal tiene tres corazones: los estudiantes, su razón de ser; sus profesores y sus egresados. Su fuerza y poder lo controla desde su cabeza —desde la rectoría—, pero sus tentáculos —sus facultades, escuelas, centros regionales— también ostentan importantes cuotas de poder, aunque siempre supeditadas a los intereses de su cabeza. El pulpo es autónomo, pero necesita de la vida marina para existir, y viceversa; así como la Usac requiere del Estado para garantizar su autonomía. Una relación simbiótica en la que el Estado (la sociedad) le concede recursos y poder a la academia para que esta, a través de la ciencia y la técnica, le ayude a resolver sus problemas.  

Hasta acá todo bien, excepto porque los recursos (Q2.200 millones, según el presupuesto aprobado por el Consejo Superior Universitario para 2018), no son fiscalizados por la sociedad que los aporta, y porque el poder político que concedido por ley a su cabeza y sus tentáculos (53 representaciones con voz y voto en las instituciones estratégicas más importantes del Estado), es administrado sin rendir cuentas ni a sus corazones ni a su sociedad.

De ahí que ese pulpo sea apetitoso para grupos y mafias que cooptan su cabeza y sus tentáculos para hacerse de ese poder para fines espurios.  

De ahí la lucha por controlar la rectoría, el Consejo Superior Universitario (CSU) y las decanaturas y direcciones de las escuelas y centros regionales; de todas, pero principalmente de las más atractivas por el poder que administran: las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la de Ciencias Económicas.

La Usac tiene, entre otras cosas, iniciativa de ley, y representantes en las Comisiones de Postulaciones para elegir a las autoridades del sistema de justica del país, o en juntas directivas de instituciones públicas como Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS), la Corte de Constitucionalidad, los Consejos de Desarrollo, la Junta Monetaria y hasta en los clubes deportivos federados.

Con tal poder no es de sorprenderse que la universidad nacional tenga un historial de rectores señalados de actos de corrupción y que los candidatos actuales despilfarren en sus campañas electorales con tal de llegar a convertirse en la cabeza de ese pulpo gigante.

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El 2 de mayo, estudiantes y docentes de las diez facultades, así como los profesionales adscritos a los catorce colegios de profesionales, votarán para elegir el próximo rector o rectora, que dirigirá al pulpo por los próximos cuatro años. En la disputa están el zootecnista Carlos Sierra Romero, la química-farmacéutica Hada Alvarado —que de ganar se convertiría en la primera rectora en la historia de la Usac—, y el ingeniero Murphy Paiz Recinos.

Uno de los principales retos políticos de quien gane las elecciones, según todas las fuentes consultadas (estudiantes, catedráticos, profesionales, candidatos y analistas) será recuperar los espacios de poder que le corresponde administrar a la Usac, y garantizar que sus representantes respondan a los intereses institucionales.

Un poder extenso y diverso

En 2014, la Dirección General de Investigación (DIGI) publicó el Mapa de Poder y Representaciones de la Usac ante el statu quo. Un documento de 98 páginas en la que se identifican los espacios de poder que representantes de la universidad ocupan en diversas instituciones del Estado. “Una investigación de uso público, que refleja el esfuerzo de construir la ventana política de la transparencia institucional”.

Según el Mapa de Poder, en el rector y en los decanos de Ciencias Jurídicas y Sociales y Ciencias Económicas, es en quienes recae la mayor cantidad de representaciones de la Usac, en las instancias de elección de funcionarios estratégicos. Participan en las comisiones de postulación para el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, y para Contraloría General de Cuentas; para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Defensa Pública Penal y Ministerio Público.

El Consejo Superior Universitario, presidido por el rector, son los responsables de elegir a los representantes de la Usac ante la Corte de Constitucionalidad, la Comisión Nacional de Electricidad, la Junta Directiva del IGSS, los Consejos (Nacional, Regionales y Departamentales) de Desarrollo Urbano y Rural, la Junta Monetaria y el Instituto Nacional de Estadística. 

La Usac también nombra delegados en la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental, el Consejo Nacional de Cambio Climático, el Fondo de Conservación para la Naturaleza, el Instituto Nacional de Bosques y el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola. La Usac es el único ente que forma parte del Sistema de Estudios de Postgrado e incluso nombra un representante para formar parte en el Convenio de Especialización de la Unidad Nacional de Oftalmología, por haber reconocido en 1975 el primer postgrado de esa materia en el país.

El poder político-académico del pulpo es extenso y diverso, un reflejo de la variedad académica y educativa que posee la universidad.

“Si logramos recuperar la dirección y logramos que el poder de la universidad responda a los intereses, demandas y necesidades de la sociedad guatemalteca, esta participación tiene la potencialidad de ser algo positivo para todos”, afirma Ricardo Sáenz de Tejada, coordinador del programa de doctorado en Ciencias Sociales y maestro de historia. “Si logramos potenciar la influencia de la universidad podríamos afectar positivamente varios ámbitos”, por ejemplo, utilizando la iniciativa de ley que le confiere la Constitución, agrega Sáenz, para proponer cambios de fondo en leyes tan importantes como la Electoral y de Partidos Políticos.

Entre 1999 y 2011, la Usac ha utilizado su iniciativa de ley para impulsar 24 leyes, que van desde proponer servicio social obligado en lugar de servicio militar, la protección de recursos naturales, reconocer el 17 de junio como Día del Padre, reformar la Ley Orgánica del IGSS, una ley de bienestar animal y una de protección de aguas.

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Lenina García, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), considera que las representaciones de la Usac a nivel nacional son de suma importancia, “y van más allá de que en la actual coyuntura estén siendo secuestradas”. En un escenario ideal, agrega, estos acuerdos son positivos; el problema es la perdida del rumbo y la cooptación por parte de grupos ajenos a la institución. Mynor Alonzo, líder estudiantil de Ciencias Políticas, añade que los espacios de representación de la Usac son “un logro social para la comunidad sancarlista”, que el Estado otorgó “a intelectuales de alta honorabilidad la oportunidad de incidir en el poder del país”.

Tras el triunfo de la Revolución de Octubre de 1944, la Universidad de San Carlos fue declarada constitucionalmente autónoma y rectora de la educación superior del país. Desde entonces tiene como mandato responder a las demandas y necesidades del pueblo, y ser un balance entre gobierno, iniciativa privada y población. La Constitución también le garantizó a la Usac una asignación anual no menor del 5% del Presupuesto General de la Nación.

Aunque desde siempre han existido luchas internas por controlar los órganos de dirección de la Usac, es a partir de 1993, cuando se le mandata por ley a participar en las comisiones de postulación, el pulpo empieza a ser atractivo para los tiburones. El primer rector de ese nuevo periodo fue Jafeth Cabrera, actual vicepresidente de la República.

Durante última década la Usac ha estado bajo la influencia de Estuardo Gálvez Barrios, primero como decano de Derecho, luego como rector en dos períodos consecutivos, y como sombra del rector Carlos Alvarado Cerezo, quien está a punto de concluir su período. A Gálvez Barrios se le atribuye en diferentes espacios, dentro y fuera da la Universidad, un papel protagónico en el proceso de cooptación de fuerzas externas que ha sufrido la Usac. 

Cheques en blanco

Las representaciones de la universidad en los diversos espacios del Estado son recibidas como cheques en blanco por los profesionales elegidos o designados por las autoridades universitarias. No hay nada que los obligue a proponer o defender los lineamientos o posiciones de la Usac. Cada cual actúa de acuerdo a sus intereses personales o de los grupos externos a la academia que representa.

De ahí que durante los últimos años, varios casos relacionados con representantes de la Usac han saltado al escrutinio del ojo público. Uno de ellos es el de Jesús Arnulfo Oliva Leal, vicepresidente del IGSS nombrado por la universidad, en prisión desde mayo de 2015, por haber avalado un proceso fraudulento de licitación que dejó millonarias pérdidas al Seguro Social y la muerte de al menos 17 pacientes.

En 2003, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, desigando por la Usac, Cipriano Soto votó a favor de la candidatura a la presidencia de Efraín Ríos Montt, a pesar de la prohibición constitucional de la misma por su pasado golpista. Soto también ha sido señalado de procesos fraudulentos y clientelares en la Usac.

En 2016, el abogado Francisco de Mata Vela, también magistrado de la Corte de Constitucionalidad nombrad por la Usac, fue acusado de plagio previo a su elección, y a pesar de conocer de antemano esta acusación, el rector Alvarado Cerezo votó a su favor. A la fecha Francisco Mata Vela continúa siendo parte de la CC.

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El magistrado de la Corte de Apelaciones, Eddy Giovanni Orellana Donis, quien perteneció al Colegio de Abogados y a la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, es procesado por supuestamente haber recibido un apartamento de parte de Sergio Roberto López Villatoro, alias ‘El Rey del Tenis’, a cambio de su voto en la Comisión de Postulación del Organismo Judicial.

Bonerge Mejía Orellana, exdecano de la Facultad de Derecho de la Usac y expresidente del Colegio de Abogados, fue empleado por Alejandro Sinibaldi para dirigir el equipo jurídico de la Dirección General de Aeronáutica. De 2012 al 2015, Mejía Orellana recibió 16 contratos de hasta Q134 mil y Q179 mil del Ministerio de Comunicaciones. En ese entonces Mejía era parte de las agrupaciones electorales del Colegio de Abogados.

Murphy Paiz Recinos, actual candidato a rector y exmiembro de la Junta Monetaria, además de ser criticado por haber ocupado ese cargo sin tener los estudios ni conocimientos técnicos necesarios, ha sido contratista del Estado a pesar de que la ley se lo prohíbe por ser empleado de la Usac. También ha sido señalado de incumplimiento de contrato por la municipalidad de Patulul, y en la actualidad es investigado por la Fiscalía contra la Corrupción.

Academia y poder

El excanciller y exdirector del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Edgar Gutiérrez Girón, dice que es importante que la universidad estatal participe en los espacios de toma de decisiones del país, pero, advierte que "tantos mecanismos de poder distraen a la universidad de su capacidad intrínseca, que es la academia”. Lamenta que se haya “dejado a un lado el desarrollo de asuntos programáticos de la universidad como la calidad educativa”, así como que los espacios de representación “sean vulnerables a influencias y manipulación” de grupos ajenos a la academia —los tiburones—.  

“Los intelectuales, académicos y científicos que tiene la universidad deben ser aprovechados” para ocupar esas posiciones, añade Gutiérrez, porque es fundamental que la Usac participe en este tipo de instancias dado su carácter académico, aunque sean “herramientas de incidencia política atractivas a agentes corruptos”.

El exdirector del Ipnusac, reflexiona sobre que “quizás si ese poder hubiese sido cedido en los años 60 o 70, otro gallo cantaría”. Es decir, antes de que la universidad estatal fuera diezmada y sus intelectuales, estudiantes y profesores más destacados, fueron asesinados u obligados al exilio.

Víctor Hugo Gudiel, secretario general de la AEU en el período 1992-1994, dice que desde que se ampliaron los espacios de participación política de la Usac, en 1993, los estudiantes temieron la politización de estos. “Se veía como algo positivo, por parte de la comunidad estudiantil no había rechazo. Pero sí teníamos dudas sobre si estos nuevos espacios iban a contribuir a la academia, como esperábamos, o si iban a terminar por ser politizados. Pasó justamente lo segundo”, lamenta. A partir de entonces, señala, los gobiernos universitarios comenzaron a obedecer a los intereses de los partidos políticos y la academia pasó a un segundo plano.

El abogado Javier Monterroso, critico del sistema de cooptación que impera en la Usac, señala que las Comisiones de Postulación han sido el factor que más ha propiciado la politización de la academia. “Aunque la intención pudo haber sido buena, rápidamente se descuidó el aporte más importante de la universidad: lo académico”.

Repelente de tiburones

Por eso, propone Saénz de Tejada, “debemos actualizarnos”. La universidad, explica el académico, “debe pasar por procesos de modernización urgentes, que impliquen cambios en el sistema de gobierno universitario”. Es decir, democratizar la manera en que se eligen a las autoridades y garantizar espacios de participación de los tres corazones del pulpo en la toma de decisiones.

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Para contraatacar la influencia negativa es indispensable recuperar la rectoría “con gente honrada y capaz”, agrega el economista Eduardo Velásquez, exrepresentante de la Usac en la Junta Monetaria quien actualmente se desempeña en el Centro de Estudios Urbanos. Las nuevas autoridades, agrega, “deben ir en contra de los grupos de cooptación”.

Respecto a cómo administrar y delegar correctamente el poder político, dos de los tres candidatos a rector tienen propuestas concretas: basar sus decisiones alrededor de la academia y la transparencia, ofrece Hada Alvarado; someter a los representantes a evaluaciones profundas y periódicas para mantener la transparencia, propone Carlos Sierra. El tercer candidato, Murphy Paiz, se negó a conceder entrevistas.