El 29 de julio de 1982 fueron asesinadas 25 personas achi’ en el caserío Rancho Bejuco de la aldea Pacoc, municipio de Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz. El pasado 24 de agosto fue dictada la sentencia por esta masacre; de las nueve personas imputadas solamente una fue condenada, las otras ocho fueron absueltas y Juan Ovalle Salazar, el teniente coronel condenado a 20 años de prisión por este caso, ya se encontraba en la cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en el caso Creompaz.
La justicia ha tardado en llegar 41 años y lo ha hecho de forma incompleta; la justicia tardía no es justicia verdadera. La falta de voluntad del Estado de Guatemala en reparar y aplicar justicia por las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno es una muestra del racismo que persiste en su estructura y en la sociedad en general.
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Nada justifica el hecho de que el Ejército haya aplicado prácticas de genocidio en nombre de la «seguridad nacional», con las cuales asesinó a centenares de personas de formas atroces. Actos que, hasta hoy, en su mayoría, continúan impunes. La masacre de Rancho Bejuco tiene características que demuestran que el objetivo de estas masacres no era únicamente combatir la insurgencia, sino que principalmente se trataba de exterminar a la población indígena que, no es un secreto, se han considerado en distintos momentos de la historia como «enemigos internos», porque, por su «condición» de «indios», son «propensos» a la subversión, rebeldía o sublevación (?).
Estas acciones del sistema de justicia pueden ser consideradas como una actitud de desprecio, que emerge del racismo estructural del cual se forma el Estado colonial, el cual revictimiza una y otra vez a las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas del genocidio, que con sus propios medios han insistido en la búsqueda de justicia, a pesar del contexto hostil que estigmatiza la lucha por la memoria y que trabaja permanentemente para «deshistorizar» nuestra realidad.
¿Cómo puede haber duda aún sobre si se ha cometido o no genocidio, cuando descaradamente se implementaron modelos que funcionaron como campos de concentración, así como lo fueron los Polos de Desarrollo, las Aldeas Modelo y las Patrullas de Autodefensa Civil?
17 niñas y niños fueron asesinadas y asesinados en esta masacre. Durante el juicio se demostró que los Comisionados Militares y los Patrulleros de Autodefensa Civil tuvieron injerencia directa en la realización de esta masacre, por lo cual la sentencia es una justicia parcial y mínima, porque quita la responsabilidad a quienes ejercieron el poder que les fue concedido para atacar a su propio pueblo.
El poder no actúa de forma misteriosas, pues existen respuestas que nos explican cómo los privilegios, por más mínimos que parezcan, cumplen un papel determinante para la vigilancia entre «iguales», con la intención de obtener aunque sea el más mínimo de los beneficios, aunque esto implique acechar, hostigar e incluso matar y, de las peores maneras, a tu «gente».
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