El cúmulo de retos al que se enfrentan se origina en la práctica aniquilación del sistema nacional de salud como política de gobierno, a tal grado que, según el informe Cuentas nacionales y economía de la salud (1995-2014), la cobertura por población ha disminuido. Mientras en 1995 había 8.75 puestos de salud, 2.97 centros de salud y 0.61 hospitales por cada 100 000 habitantes, en 2014 las cifras eran 7.43, 2.33 y 0.44, respectivamente. Ello, a pesar de que en teoría el gasto en el área se incrementó, pero no por una lógica de inversión para desarrollo, sino por el encarecimiento de los costos.
De esa suerte, entre la cobertura del MSPAS, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y de los sistemas de sanidad miliar y del sector privado, apenas se logra llegar al 58.21 % de la población. Sin embargo, el sistema del MSPAS alcanza a cubrir solamente a tres de cada diez personas, en tanto que el rubro de medicamentos en la cartera se destina para insumos básicos, por cuanto no hay capacidad presupuestaria para más.
A esas condiciones se suma la lógica de despliegue y de cobertura territorial con recurso humano. Este se concentra en el área metropolitana, que absorbe el 51 % de los 1 629 profesionales médicos en servicio. Similar criterio sigue la distribución de técnicos medios y de enfermeras auxiliares, entre otros.
En un estudio elaborado en la maestría en Gerencia de Salud Pública de la Universidad Rafael Landívar, Hugo Leonel Cotón señalaba: «La situación descrita es un indicador directo del grado de calidad e inequidad en la distribución de servicios del MSPAS. Aunque los datos son de 1988, la estructura se mantiene hasta estos días. El hecho, por ejemplo, de dar preferencia en la asignación presupuestaria a los centros de atención curativa, a los centros urbanos y a las áreas de mayor producción e ingreso económico acentúa la brecha entre las condiciones y la respuesta a la solución de los problemas de la mayoría de la población».
A las dinámicas de la política que ha sembrado la debacle en Salud, la nueva titular, Hernández Mack, y su equipo deben hacer frente también a la relación con las entidades sindicales en la cartera. Unas cifras hablan de 53 sindicatos, aunque otras sitúan en 64 su número. De estos, el MSPAS suscribió en 2013 un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Pública (SNTSP) por un período de dos años, renovable por igual período si no hay nueva negociación. De ese modo, dicho acuerdo tiene vigencia hasta finales de 2017.
El SNTSP suscribió dicho pacto por cuanto es el ente sindical con mayor número de afiliados y porque cuenta con 117 gremiales en todo el país. A este se suman las acciones de los otros grupos gremiales, entre los que destacan por lo menos 17 de distintos hospitales —es decir, la lógica es agremiado por oficina—, así como el sindicato médico.
Por tanto, curarse en salud para revivir el sistema y garantizar su cobertura requiere no solo redefinir las políticas en el ramo. También pasa por enfrentar las mafias que drenan el presupuesto en detrimento del cumplimiento de la misión del MSPAS. Por un lado, aquellas enquistadas en el empresariado que lucra y corrompe con la venta de insumos o servicios. Por el otro, con las mafias y las élites que usurpan y denigran el noble ejercicio del sindicalismo y convierten los sindicatos en empresas de chantaje en detrimento de la sociedad.
El reto para la administración que ahora asume es enorme. La voluntad expresada por la ministra también. Por lo tanto, nos corresponde como sociedad acompañar el proceso y defender aquellas medidas que se encaminen a rescatar el sistema en función del bien común.
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