El intento fallido de interpelar a la ministra de Salud Pública y Asistencia Social es relevante por varias razones. La obvia es el enorme y diverso respaldo ciudadano que generó porque, si bien inexperta en asuntos de administración pública, para la percepción pública pesa muchísimo más el convencimiento de que es una profesional bien preparada, comprometida con su trabajo. Por encima de todo, y en agudo contraste con muchos de sus predecesores en el cargo, se la percibe proba y honesta, por lo cual no se ha sometido a los intereses de las empresas farmacéuticas, de los proveedores de insumos hospitalarios y de los financistas de la campaña electoral.
La afiliación ideológica de la ministra Lucrecia Hernández no fue impedimento para que la apoyaran incluso personas con posiciones ideológicas distintas. Además del apoyo de sus pares y correligionarios, también la apoyaron instituciones como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala o el mismo empresario Felipe Bosch.
La parte derrotada del episodio la encabeza el diputado Luis Hernández Azmitia, quien cada vez ve más frustrado su intento de promocionarse como paladín de la salud pública. Le sigue un triste séquito, como Karla Martínez o Estuardo Galdámez, que destacan por ser regurgitaciones sucias y vergonzosas de los partidos Líder y Patriota.
En política, rara vez acciones como las de estos diputados son producto de la casualidad. ¿Será que el ataque a la ministra de Salud estuvo motivado solo por los intereses aviesos de ese grupo de diputados? ¿O, como es común, actuaron atendiendo los intereses de otros, molestos por las acciones de la ministra?
Buscar quiénes podrían estar siendo afectados por una gestión proba en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es una tarea más bien fácil. ¡Los hay de sobra! Baste revisar la pequeña muestra que constituyen los casos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala denominados Cooptación del Estado, IGSS-Pisa y Negociantes de la Salud para demostrar los vínculos entre proveedores de insumos para el sector salud, financiamiento electoral y corrupción. Así pues, sobran poderosos que perfectamente pudieron haber encargado el trabajo de montar el ataque en el Congreso en contra de la ministra a cambio de favores y de financiamiento para la reelección de algunos de los dipugánsteres de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso.
Pero, además de los intereses de los negociantes de la salud, algunos intereses políticos electorales también podrían estar en juego. Son un secreto a voces las aspiraciones políticas de Andrés Botrán, comisionado presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica, que les ha puesto el ojo a los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y a la centena de millones de dólares de un préstamo para financiarlos. Sin embargo, la misma Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia recomendó que era conveniente que ese préstamo lo ejecutara el MSPAS, y no el Mides.
O sea, la ministra de Salud podría estar amenazando el financiamiento para las aspiraciones electorales de Botrán, un proyecto político al cual el diputado Hernández Azmitia podría estar apoyando desde el Congreso. Cierto o no (será cuestión de meses para saberlo), este entramado ilustra que haber frenado la interpelación espuria a la ministra de Salud puede tener un trasfondo complejo, algo parecido a la diferencia entre la vieja política y la nueva.
Pero, sobre todo, este caso vuelve a demostrar el poder de una ciudadanía activa, que no debe dormirse en los laureles de 2015, sino estar en alerta vigilante y constante.
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