La precariedad es palpable a todo nivel. Los 44 hospitales están a medio funcionar por la situación de calamidad en que se encuentran: falta de insumos básicos, insuficiente material médico-quirúrgico, infraestructura deteriorada por el abandono de años, hacinamiento de pacientes, insuficiente personal operativo, etc. Esto se traduce en una precaria atención a los usuarios, algunos de ellos moribundos. Muchos de ellos tienen que esperar largos meses para poder ingresar por la falta de camas, costear de su bolsillo muchos de los insumos básicos que los hospitales deberían proporcionar, hacer largas colas y recibir atención en condiciones inadecuadas. Se viola a diario el derecho a la salud, garantizado en la Constitución, debido a estas precarias condiciones. Ni hablar de los niveles primero y segundo, en los cuales el mismo Ministerio de Salud conoce el déficit de más de mil puestos de salud, las coberturas inadecuadas de vacunación y los altos índices de desnutrición infantil y de mortalidad materna elevada. Brotes constantes de epidemias sin una respuesta adecuada del sistema.
En 2015 se trabajó con un presupuesto de 5 500 millones de quetzales para una población de 16 millones, lo que da un monto de 343 quetzales por persona al año. Este presupuesto de pobreza profundizó los crónicos problemas del sistema de salud y provocó irreparables consecuencias en muchos guatemaltecos.
Este año se estará discutiendo en el Congreso un presupuesto de 6 800 millones, solicitado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), para una población estimada de 17 millones. Es apenas un monto per cápita de 400 quetzales al año para cada guatemalteco. El San Juan de Dios será uno de los privilegiados que recibirán, junto con el hospital Roosevelt, un monto mayor que el del resto de las unidades ejecutoras del MSPAS, aproximadamente unos 600 millones de quetzales. Sin embargo, hoy, en este hospital, ni uno solo de los 16 ascensores sirve, y los techos, incluso los de la sala de operaciones, están deteriorados. Y en igual estado se encuentra el resto de la infraestructura, pues desde hace años que no se invierte en ella. Las camillas de todos los quirófanos están en mal estado. Tampoco hay aire acondicionado. Y la iluminación, a medias. Los equipos para realizar cirugías muy delicadas, que requieren precisión, como las que se realizan para arterias y cerebro, tienen más de 20 años de no ser renovados. Las pinzas no sostienen tejido. Las tijeras no cortan, sino mascan. También se cuenta con algunos viejos equipos de rayos X. Los de mamografía, inexistentes desde hace dos años. Los de resonancia magnética, inexistentes desde hace cinco. El personal operativo, insuficiente. Y podríamos seguir con la larga lista. ¿Alcanzará este presupuesto para solventar tantas necesidades?
El presupuesto del 2016 solo sirvió para pagar sueldos y solventar a medias las necesidades más apremiantes. No se invirtió en infraestructura ni en equipos. Por lo tanto, este problema es latente y se necesita una adecuada inversión económica. La lección que dejó el 2016 es que administrar un presupuesto de pobreza cobra vidas.
Es imperativo optimizar recursos, garantizar procesos de licitación y de cotización evitando compras directas y mejorar los procesos administrativos, pero el soporte insustituible para salir de la crisis es un adecuado presupuesto. Es innegable que el presupuesto propuesto por el MSPAS para el 2017 simple y sencillamente no va a alcanzar.
Aún es momento de que el gabinete de gobierno y las autoridades superiores del Ministerio de Salud recapaciten y se planteen un incremento presupuestario basado en las prioridades y las necesidades de la población y amparado en las obligaciones del Estado. De lo contrario, otra época oscura para la población se vislumbra. Ya ha habido víctimas de este precario sistema, así que aprendamos de la historia. La salud no debe ser un privilegio de clase social. Debe ser el más preciado bien universal. El Estado debe garantizarla y el pueblo exigirla.
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