Prevenir o lamentar: de jóvenes y cárceles

Para cada uno de nosotros, llevar a la práctica lo que predicamos o cumplir nuestras metas es casi una odisea. Sin embargo, para los servidores públicos, cumplir con los marcos legales y de políticas públicas que orientan el quehacer de la función pública es una obligación, y está orientada por el artículo 1 de la Constitución: «[e]l Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona […] su fin supremo es la realización del bien común».

Suele decirse que para «erradicar la violencia que atraviesa nuestro país es necesario combatirla con medidas represivas y punitivas», pero la experiencia nos ha demostrado que esa idea es falsa. Donde se ha puesto en práctica, los índices de violencia no han disminuido.

En 1990 cobró vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño, que dejó atrás la Doctrina de Situación Irregular. Esta última es una doctrina añorada y propuesta como estandarte de campaña electoral por políticos que promueven la represión, criminalizan a adolescentes y jóvenes, imponen su visión adultocéntrica, y se oponen férreamente al reconocimiento de derechos de grupos de población excluidos. También inauguró la Doctrina de Protección Integral. A Guatemala, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia tardó trece años en llegar. Cuando el Congreso la aprobó, fijó como «deber del Estado promover y adoptar las medidas necesarias para proteger a la familia, jurídica y socialmente, así como garantizarle a los padres y tutores, el cumplimiento de sus obligaciones en lo relativo a la vida, libertad, seguridad, paz, integridad personal, salud, alimentación, educación, cultura, deporte, recreación y convivencia familiar y comunitaria de todos los niños, niñas y adolescentes».

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014, hay 2,025,656 adolescentes (personas entre 13 y 17 años): 1,019,718 eran mujeres, 1,107,784 habitaban en el área rural; 525,749 vivían en pobreza extrema, y 783,134 en pobreza no extrema.

Los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal representan el 0.10 % del total de adolescentes del país.

Los principales delitos de los que se acusa a los adolescentes privados de libertad son asesinato, portación ilegal de armas de fuego, homicidio, extorsión, violación, entre otros. A mayo de 2019, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia tenía bajo su responsabilidad a 656 adolescentes con medidas privativas de libertad y 1,256 adolescentes con medidas socioeducativas.  

El papel de la Secretaría de Bienestar Social se centra en el ámbito de la prevención terciaria, con el reto de contribuir a la reinserción y resocialización de los adolescentes y jóvenes para que luego de cumplir sus sanciones puedan desarrollarse plenamente en sus comunidades. Sin embargo, en los últimos años han sido frecuentes los amotinamientos y constantes las demandas en relación a la alimentación, maltrato a las visitas, hacinamiento, falta de atención médica... Esos hechos han sido constatados y denunciados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que en su momento emitió una serie de recomendaciones, e incluso solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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En el último año el modelo de atención de la Secretaría de Bienestar Social se ha corregido para cumplir una resolución emitida en 2016 por la jueza Verónica Galicia. Han mejorado sustancialmente el hacinamiento, la calidad de la alimentación, la separación por edades —como lo establece la ley— y grupos antagónicos, el incremento del personal que integra los equipos multidisciplinarios y de monitores que les atienden, la atención médica, el acceso a educación formal y a capacitación técnica.

En el modelo actual, sigue siendo un reto tener infraestructura e instalaciones que permitan un mejor desarrollo del modelo actual, pero ya se desarrollan actividades deportivas y artísticas. En algunos casos, están orientadas a llamar la atención de la sociedad sobre las necesidades de los adolescentes, y como éstas los han llevado a involucrarse en actividades reñidas con la ley. En esa misma línea, tal como lo ordenó la jueza Galicia, la Secretaría de Bienestar Social difunde la campaña #DameChance para que la sociedad deje de estigmatizar a los adolescentes que han entrado en conflicto con la ley.

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Las acciones de prevención para contrarrestar que más menores de edad entren en conflicto con la ley son importantísimas.

Prueba del efecto positivo de la prevención y la coordinación entre instituciones es el Programa de Prevención del Delito. Empezó hace un año por orden judicial y gracias a él se presenta ante el juez alrededor del 40 % menos de adolescentes de las zonas 6 y 18. Ese aspecto lo ha subrayado la jueza Galicia.

La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito sostiene que «el concepto de prevención se basa en la idea de que el delito y la victimización se ven favorecidos por numerosos factores causales o de fondo, resultado de una amplia gama de elementos y circunstancias que influyen en la vida de las personas y las familias a medida que pasa el tiempo, y de los entornos locales, así como situaciones y oportunidades que facilitan la victimización y la delincuencia».

Dar respuesta a este planteamiento requiere una coordinación interinstitucional muy estrecha, que corresponde al Ministerio de Gobernación. El ministerio es el responsable poner en práctica la la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034, que tiene cinco ejes: 1) Violencia contra la niñez, 2) Violencia contra la mujer, 3) Violencia contra la adolescencia y juventud, 4) Violencia armada Y 5) Violencia vial o inseguridad de tránsito (y accidentes de tránsito).

Cinco objetivos

El eje tres pretende «reducir el comportamiento violento y delictivo desde y hacia la adolescencia y juventud, por medio de medidas integrales que incluyan tanto al individuo como a su entorno social y el pleno ejercicio de sus derechos».

De la política se desprenden cinco objetivos que buscan reducir el número de adolescentes que se involucran en actos delictivos por primera vez; mitigar el impacto del delito en el entorno social de adolescentes; incrementar las oportunidades de progreso; facilitar la rehabilitación; y contribuir a garantizar que el sistema de justicia sea basado en los derechos de la adolescencia y juventud.

Dicha política está muy bien focalizada. Pero en el corto y mediano plazo precisa reorientar el tipo de actividades y aumentar su impacto.

Corresponde por otro lado revisar la respuesta del Gobierno, que va más allá de la intervención del propio Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil.

Destaca por ejemplo el Programa Escuelas Seguras y las Juntas de Participación Juvenil, que cuentan como presupuesto mínimo y adolecen de falta de personal. Además, focalizados como se encuentran, su alcance es limitado y no tienen cobertura a nivel nacional. Escuelas Seguras se concentra en el municipio de Guatemala, y dispone de alrededor de 100 agentes. Una quinta parte de los que tiene la subdirección de prevención para todo el país.

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Es también meritorio el esfuerzo por aprobar políticas municipales de prevención e integrar comisiones municipales de prevención. Sin embargo, este proceso es insostenible en la medida que éstas son aprobadas por «voluntad política» de las autoridades de turno, y se corre el riesgo permanente de que al cambiarlas, se abandonen los compromisos. Dependen además del presupuesto municipal, en la mayoría de casos está orientado hacia «otras prioridades», o de cooperación internacional cuyas prioridades también están focalizadas territorialmente.

El Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la violencia y el delito de Guatemala es una iniciativa innovadora. Pretende obtener diagnósticos actualizados sobre la violencia y estimular el intercambio entre los distintos actores en las políticas públicas.

En 2015 finalizó el Plan de Acción Nacional para la Niñez y Adolescencia de Guatemala y ahora hay un vacío. Las instituciones del sistema de protección operan con sus propias directrices y lineamientos sin un proceso de evaluación para reorientar los programas o protocolos, ni un ejercicio consciente sobre los requerimientos presupuestarios. Todo esto evidencia el desinterés del Estado. Sin este tipo de herramientas es iluso esperar un cambio en la situación de quienes están en tránsito hacia ese «mundo adulto». Ese tránsito puede ser aprovechado por las pandillas y el crimen organizado. 

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Según el Observatorio de Derechos de la Juventud, en 2017 el 96.33 % de la población en edad de trabajar se encontraba ocupada (30.29 % mujeres, y 53.27 % en área rural). Sin embargo, el 68.41 % (1,935,594) lo hacía en el sector informal y el 12.6 % (368,918) en subempleo visible. En 2018, el acceso a educación básica fue del 43.1 % y educación diversificada 24.7 %, y ese mismo año hubo al menos 116,773 niñas y adolescentes de 10 a 19 años en estado de gestación. El 48 % de los 5000 homicidios acabaron con la vida de personas entre 13 y 29 años. Casi una cuarta parte (112) de las denuncias por trata correspondieron a víctimas adolescentes, y 41,003 jóvenes de entre 18 y 35 años fueron deportados desde Estados Unidos. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, en 2018 fueron deportados de México vía terrestre 10,400 niños, niñas y adolescentes guatemaltecos.

Estos datos no sólo son alarmantes, sino además nos hacen un llamado de atención con relación a la falta de Políticas Públicas de atención integral. Hay que repensar el modelo de intervención, e incluir una mayor participación familiar y comunitaria.

Propuestas para un cambio de paradigma

Disminuir la edad de imputabilidad a adolescentes, y aumentar las sanciones por la comisión de faltas o delitos contradice la Doctrina de Protección y contraviene el principio de progresividad y los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. Sin evidencia que respalde al enfoque adultocéntrico y muchas veces militarizado, se debe transitar hacia el enfoque de protección y desarrollo integral.

«Invertir en programas de prevención ahorra dinero», recuerda la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. «Por ejemplo, se ha demostrado que los costos de programas de prevención son a la larga menores que los generados por las intervenciones de justicia penal».

Si bien es cierto ha habido mejoras significativas en los centros juveniles de privación de libertad, se corre el riesgo de que un nuevo gobierno cambie el enfoque en detrimento de los adolescentes. Por eso es necesario institucionalizar las mejoras, garantizar la estabilidad del personal capacitado, asignar suficiente presupuesto para los próximos años y establecer un sistema de monitoreo y evaluación que permita medir el grado de efectividad de cada acción.

Medidas de prevención

Esta serie de acciones podría mejorar la prevención de la violencia y el delito, y minimizar la participación de adolescentes en actividades reñidas con la Ley.

• Que adolescentes y jóvenes tengan más protagonismo en el diseño e implementación de los programas
• Que las municipalidades se impliquen más en la implementación de los programas
• Que se fortalezcan las capacidades de la comunidad educativa para potenciar los factores de protección
• Que se mejore la coordinación interinstitucional
• Que se reoriente y fortaleza la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia
• Que se replique el Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la violencia y el delito en todos los departamentos
• Que se fortalezca y amplíe cobertura del programa Casa Joven
• Que se priorice la prevención de la violencia en el presupuesto
• Que se fortalezca la subdirección general de prevención del delito de la Policía Nacional Civil con más personal y un nuevo enfoque de intervención comunitaria
• Que aumente el estado de fuerza de la Policía Nacional Civil
• Que se incrementen las medidas de seguridad pública y ciudadana

Factores de protección

• Aumentar cobertura educativa básica y diversificada
• Incrementar el número de becas disponibles para adolescentes
• Promover programas deportivos y recreativos
• Promover programas culturales y artísticos
• Promover programas de salud integral y diferenciada para adolescentes

Programas de reinserción

• Fortalecer, ampliar y descentralizar los programas de reinserción y resocialización
• Modificar y ampliar la infraestructura de los centros de privación de libertad
• Establecer alianzas con municipalidades y empresas para garantizar la reinserción al finalizar sus sanciones

Este artículo es una colaboración de  Plaza Pública y .